El ex alcalde de Galapagar que en 1989 aprobó el plan de La Navata fue condenado por delitos urbanísticos

El Tribunal Supremo condenó en octubre de 2003 al ex alcalde de Galapagar Fernando Rubio y a su ex concejal de Urbanismo Eugenio de Pablo a una pena de ocho años de inhabilitación para ocupar cargos públicos, como autores de un delito continuado de prevaricación.

Ambos políticos condenados por corrupción fueron los impulsores del planeamiento urbanístico (aprobado en 1989) del sector de La Navata en el que se alza la mansión de Pablo Iglesias e Irene Montero.

La sentencia del Tribunal Supremo describe la situación «caótica» y «anárquica» en la que se encontraba el urbanismo de Galapagar a finales de los años 80, bajo la Alcaldía de Fernando Rubio. A instancias de la Comunidad de Madrid, el gobierno municipal acordó en julio de 1988 suspender el planeamiento urbanístico de Galapagar para aprobar unas nuevas normas subsidiarias, que pusieran orden en ese «caos» normativo.

Un mes después, mientras estaba en vigor la suspensión, el equipo de gobierno presidido por Fernando Rubio concedió una licencia de obras a la promotora Pronavata SA para construir 13 chalés en la calle del Río, de La Navata. El aparejador de esta promotora era, al mismo tiempo, el aparejador municipal del Ayuntamiento.

Concedían licencias de obras ilegales

Primero la Audiencia Provincial de Madrid y luego el Tribunal Supremo declararon ilegales estas licencias de obras: el alcalde permitió a la promotora construir chalés de cuatro alturas, cuando el máximo permitido era de dos plantas.

El entonces regidor de Galapagar y su concejal de Urbanismo cometieron una nueva ilegalidad en 1989, mientras se estaba tramitando el cambio de normas subsidiarias: prorrogaron ilegalmente una licencia de obras concedida a la promotora Navaparque SA para construir 35 chalés adosados.

Estas construcciones tampoco cumplían el planeamiento urbanístico, ya que se alzaban en parcelas de 250 metros cuadrados, cuando la parcela mínima exigida era de 1.000 metros cuadrados.

A raíz de una denuncia presentada por varios vecinos de La Navata, la Audiencia Provincial de Madrid condenó en junio de 2001 a Fernando Rubio y su edil de Urbanismo Eugenio de Pablo (que luego ocuparía la Alcaldía de Galapagar entre 1995 y 1999) a ocho años de inhabilitación, por un delito continuado de prevaricación.

Falsedad documental y negociación prohibida

El arquitecto municipal fue condenado a tres años de cárcel y 10 años de inhabilitación profesional por un delito de falsedad documental, mientras que el aparejador del Ayuntamiento fue condenado a dos años de suspensión de empleo y sueldo, como autor de un delito de negociación y actividad prohibida a funcionario público.

Dos años después, en octubre de 2003, el Tribunal Supremo confirmó íntegramente estas penas. El alcalde Fernando Rubio y su edil de Urbanismo  ya habían sido condenados en noviembre de 1995 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por conceder una licencia de obras para la construcción de cinco naves industriales a una empresa, Construcciones y Cerámicas, SA (Ceycessa), a cuyo consejo de administración estaban vinculados.

Ambos políticos condenados por corrupción urbanística, Fernando Rubio y Eugenio de Pablo, fueron los impulsores del planeamiento urbanístico aprobado en 1989, que regula las edificaciones en el sector de La Navata en el que se encuentra el chalé con piscina de los líderes de Podemos, Pablo Iglesias e Irene Montero.