Economía acusó en 2015 a la DGT de preparar los pliegos para darle una «clara ventaja» a Báez

El Ministerio de Economía denunció que los pliegos del concurso para los cursos de recuperación de puntos favorecían claramente al conglomerado de la Confederación Nacional de Autoescuelas de España (CNAE) y pidió a Interior que pusiera fin al monopolio. Los pliegos fueron anulados. Pero eso también redundaba en un beneficio para la Confederación presidida por José Miguel Báez: se prorrogaba la vigencia de sus anteriores contratos.

La memoria de CNAE recoge encuentros continuos de directivos de la Dirección General de Tráfico, incluida su directora general, María Seguí, en los meses en que se estaban redactando los pliegos del concurso de 2014 con el principal licitador: José Miguel Báez, presidente de CNAE.

El detalle de los encuentros entre Báez y los mandos de la DGT en esos meses clave para su negocio vienen claramente expuestos en los documentos de CNAE. Marta Carrera, entonces subdirectora adjunta de Formación Vial de Tráfico, firmó los pliegos de contratación de los cursos de recuperación de puntos el 12 de junio de 2014. Sólo una semana antes, el máximo beneficiario de los mismos, sostuvo una reunión con la cúpula de la DGT.

Meses más tarde, el 7 de noviembre de 2014, María Luisa Alonso Martín, subdirectora adjunta de Administración Económica de la DGT, daba el visto bueno a los mismos pliegos económicos. Poco antes, Báez había tenido una reunión en la DGT con otra directiva de Tráfico, en concreto, con Mónica Colas, responsable de políticas viales. La cita se produjo el 23 de octubre en la propia sede de Tráfico.

El 25 de noviembre, todos los concursantes pudieron leer el pliego del concurso en el BOE. Pero hubo un empresario que tuvo una reunión en fechas previas a su publicación: Báez se entrevistó con la propia directora general de Tráfico, María Seguí, el 11 de noviembre. Naturalmente, la memoria de actividades de CNAE no detalla el contenido de los encuentros, pero su secuencia cronológica coincide con la de la redacción de los pliegos.

Algunos de los licitadores recurrieron unos pliegos ‘a la carta’ que sólo podían hacer ganador a CNAE. El ministerio de Economía, a través de un demoledor informe de la Comisión Nacional de la Competencia, les dio la razón. El informe de Economía rezaba lo siguiente:

“El primer criterio de adjudicación o valoración de ofertas que figura y el que cuenta con mayor peso ponderativo (42 puntos sobre un total de 100) es el incremento de número de centros respecto al mínimo fijado en los pliegos. Mediante el establecimiento de este criterio se concede una clara ventaja a la actual adjudicataria (CNAE, Confederación Nacional de Autoescuelas) que ya cuenta con una vasta red de asociaciones locales con centros en todo el territorio nacional”.

“En este sentido”, añadía dicho escrito, “debe recordarse que en la página 16 de de la Guía CNC sobre contratación pública y competencia se decía que está prohibido favorecer indebidamente a las empresas ya establecidas o que llevan tiempo trabajando en el sector, atribuyendo por ejemplo una ponderación excesiva a parámetros que puedan favorecer la discriminación a favor de este tipo de operadores”.

No se podía decir más rotundamente: “En este caso está claro que se favorece al actual adjudicatario (CNAE) frente a otros centros o asociaciones de tamaño pequeño o mediano que tengan intención de licitar, para los que dicho criterio de adjudicación (el principal) resulta claramente desproporcionado”. No lo decía ningún licitador contrariado. Lo proclamaba un Ministerio del mismo Gobierno que, a través de su departamento de Interior, había consentido el trato de favor.

Aún no se conocían ni los viajes del marido de María Seguí financiados por CNAE, ni el diseño a la carta de los pliegos que evidenciarían las grabaciones de las charlas entre Marta Carrera y Báez, supuestamente realizadas meses antes de la redacción de los pliegos en 2014.

La Comisión Nacional de la Competencia, igualmente, resaltó que el tamaño de los lotes ideados favorecía claramente a CNAE. La exigencia de solvencia era otra trampa ideada para expulsar del concurso a los rivales de la Confederación controlada por Báez: “Si bien la fijación de una facturación mínima a los licitadores, proporcionada al volumen de la contratación, ha sido admitida por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales cabe cuestionar en este caso su idoneidad y, en particular, su adecuación a los principios de necesidad y proporcionalidad, al estar relacionado el elevado volumen de facturación mínimo exigido con el excesivo tamaño de los lotes antes apuntado, que dificulta la participación de pequeños y medianos centros de formación”.

La secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado del Ministerio de Economía también lanzó severos reproches al pliego de condiciones de Tráfico de 2014: “Esta Secretaría recuerda la necesidad de revisar el modelo de intervención a la luz de la LGUM (Ley de Garantía de Unidad de Mercado) por parte del Ministerio del Interior. En este sentido se recomienda a ese departamento ministerial la necesidad de especificar la realización de dicho análisis en un plazo determinado”. Amén de pedir el fin del monopolio, Economía consideraba, al margen de que se revisara o no el modelo de concesión, que era una aberración la prórroga vigente: «El agotamiento discrecional de la posibilidad de prórroga de dicha concesión (hasta el límite máximo de 6 años) debería considerarse desproporcionado».

«Por último se recuerda al Ministerio del Interior y en concreto al órgano adjudicador la necesidad de ser especialmente vigilantes respecto a las conductas del adjudicatario en materia de competencia y derechos de los consumidores. En el caso de que se detectaran indicios de comisión de dichas conductas éstas deberían ser puestas en conocimiento de las autoridades de competencia o de consumo competentes para su análisis».