Dos empresas piden al Gobierno que prohíba a Eliance contratar con la Administración durante 2 años

Dos empresas del sector aeronáutico han presentado esta semana sendas reclamaciones ante el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), en la que solicitan que aplique al grupo Eliance la prohibición de contratar con la Administración durante los dos próximos años, debido a los reiterados incumplimientos en los que ha incurrido en los concursos públicos que se ha adjudicado.

Ambas reclamaciones se han presentado ante Ingesa, porque este organismo dependiente del Ministerio de Sanidad se ha visto obligado a rescindir el contrato adjudicado en noviembre de 2017 a la UTE formada por Eliance y Urgemer Canarias para gestionar el transporte sanitario aéreo en la ciudad autónoma de Melilla.

Un duro dictamen aprobado el pasado 29 de octubre por la Comisión Permanente del Consejo de Estado determinó que la UTE que lidera Eliance incurrió en un «incumplimiento culpable» de las bases del concurso: ganó la licitación al ofrecer un moderno avión ambulancia matriculado en 2010, pero nada más iniciar el contrato lo sustituyó por otro con 40 años de antigüedad.

En realidad, la UTE no tenía en propiedad la moderna aeronave matriculada en 2010: tras ganar el concurso, la adquirió y comenzó a tramitar sus permisos ante la Agencia Española de Seguridad Aérea, un trámite que se prolongó varios meses, durante los cuales el avión no pudo volar.

El Consejo de Estado señala por todo ello que Eliance incumplió el contrato de forma «culposa» y actuó «de forma fraudulenta», al utilizar su mejor avión sólo para ganar el concurso y sustituirlo luego por otro con 40 años de antigüedad. A juicio del Consejo de Estado, «se ha producido un incumplimiento de una obligación contractual esencial»

Pero el dictamen del órgano consultivo que preside Teresa Fernández de la Vega también supuso un severo varapalo para el Ministerio de Sanidad, pues adjudicó el concurso a la UTE de Eliance pese a que la aeronave ofrecida carecía de todos los permisos necesarios para volar en España.

El dictamen determinó que Ingesa debía rescindir el contrato de la UTE e incautarse, a modo de indemnización, la garantía de 312.012 euros constituida mediante un seguro de caución con la aseguradora W. R. Berkley Europe AG.

Una de las reclamaciones administrativas presentadas ahora ante el Ingesa, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, recuerda que la UTE formada por Eliance y Urgemer «incluyó en su oferta una avión sobre el que no reunía ninguno de los títulos de disponibilidad fijados de manera expresa en la cláusula final del pliego de prescripciones técnica, sin que pueda considerarse incluido en ellos, en términos estrictos, una promesa de venta y un compromiso de adquisición, a la vida de la posible adjudicación del contrato».

La reclamación recuerda que, según el artículo 60.1 c) de la Ley de Contratos del Sector Público, incurren en la prohibición de contratar con la Administración durante dos años las empresas que hayan «incumplido las cláusulas que son esenciales en el contrato, cuando dicho incumplimiento hubiese sido definido en los pliegos o en el contrato como infracción grave, concurriendo dolo, culpa o negligencia en el empresario, y siempre que haya dado lugar a la imposición de penalidades o a la indemnización de daños y perjuicios».

Todas estas circunstancias se habrían producido en el concurso de Melilla, ya que el Consejo de Estado considera que la UTE incurrió en un «incumplimiento culpable» de las condiciones esenciales del concurso, por lo que ha instado a Ingesa a incautarse la garantía definitiva para rescindir los daños causados.

En consecuencia, la empresa de aeronáutica que ha presentado la reclamación pide al Ministerio de Sanidad que inicie el procedimiento para prohibir a Eliance contratar con la Administración e inscriba esta incidencia en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (Rolece).

Como ha informado OKDIARIO, también el Govern balear impuso a Eliance una multa de tres millones de euros por incurrir en numerosas irregularidades en su contrato de transporte sanitario urgente entre las Islas y con la Península.