El despacho profesional de González simulaba «asesoramientos y consultorías» para camuflar mordidas

Ignacio González camuflaba mordidas firmando «contratos ficticios» de asesoramiento y consultoría a empresas que están siendo investigadas por presunto blanqueo de capitales en la ‘Operación Lezo’.

El expresidente madrileño convirtió su despacho profesional, situado en la calle Alcalá nº 89 de Madrid, en el centro de operaciones para sus «negocios» tras abandonar el Gobierno regional en el año 2015. González, que permanece encarcelado desde abril en la prisión madrileña de Soto del Real, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y aprobó las oposiciones de técnico superior del Ayuntamiento de la capital.

OKDIARIO ha tenido acceso a uno de estos «contratos ficticios» de asesoría investigados en la trama corrupta, que fue suscrito por el expresidente de la Comunidad de Madrid. En el escrito, González se compromete con una empresa a la «prestación de los servicios profesionales de consultoría, asesoría, asistencia jurídica, análisis, organización, expansión, desarrollo de negocio e intermediación, así como otros servicios intuitu personae (en función de la persona)».

En el mismo modelo de contrato, se ofrece también prestar los servicios «complementarios que sean precisos para la adecuada y correcta consecución de los fines perseguidos» por dicha sociedad «con la diligencia y responsabilidad debida, y con todos sus medios humanos y materiales».

«En el caso de que se establecieran retribuciones variables adicionales, las partes fijarán anualmente su cantidad de acuerdo con los objetivos marcados y los resultados obtenidos. El presente contrato se rige por sus propias cláusulas, y en su defecto por la legislación mercantil que en su caso le fuera de aplicación», añade.

Dicho acuerdo se firmó ante el notario Eusebio Javier González Lasso, al que se refiere familiarmente en las grabaciones intervenidas en el caso Lezo como “Chevi”, y que es amigo personal del propio González desde hace muchos años. De hecho, la mayoría de las operaciones notariales suscritas por el expresidente madrileño fueron firmadas en la misma notaría.

Las fuentes del caso consultadas aseguran a este diario que los «contratos ficticios» de asesoramiento, que podrían superar los 1.000 euros mensuales cada uno, servirían al exdirigente popular para poder «aflorar y justificar dinero negro procedente de comisiones ilegales». Es decir, para presuntamente blanquear capitales.

Precisamente, en la pieza nº 5 de la ‘Operación Lezo’ se investiga el blanqueo de capitales de González y su esposa, también imputada, Lourdes Cavero. Junto al matrimonio, también son investigados amigos personales y empresarios con los que compartieron diversos negocios.

Los investigadores destacan «las grandes operaciones de inversión en empresas» que Ignacio González, su hermano Pablo y Lourdes Cavero «planean y/o están ejecutando y que indiciariamente apuntan a que en realidad serían procesos de afloramiento de capital de origen ilícito, ya que la información patrimonial analizada arroja fuertes discrepancias entre su patrimonio declarado y los importes de las inversiones que planean acometer».

En el punto de mira de estas presuntas actividades delictivas se encuentra la casa de arte Subastas Segre, propiedad de Cavero, y que era en realidad «el lavadero de capitales» perfecto de la pareja, según la investigación. De hecho, las sedes de la empresa en Madrid y Valencia fueron registradas durante la operación desplegada por agentes de la UCO el pasado 19 de abril.

El ‘despacho’ de González

Los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, UCO, registraron el despacho de Ignacio González durante 5 horas tras iniciarse la ‘Operación Lezo’ y se incautaron de abundante documentación.

En ese mismo despacho, se intervinieron muchas llamadas telefónicas realizadas meses antes de su arresto, incluidas en el sumario del caso. El Juzgado de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional autorizó excepcionalmente la colocación de micrófonos que permitieron captar datos muy relevantes para la instrucción.

Concretamente, la Audiencia autorizó un uso parcial y excluyente del micrófono oculto. De esta forma, el dispositivo se activaba por control remoto cada vez que los agentes conseguían acreditar que en el despacho de González se mantenía una conversación relevante para la investigación. El resto del tiempo, el dispositivo debía permanecer apagado obligatoriamente.

Por último, estas oficinas de la calle Alcalá de Madrid adquirieron mucho protagonismo después de conocerse que en ellas González se reunió con su hermano Pablo y su hermana Isabel, diputada del PP en la Asamblea de Madrid, tras recibir el chivatazo donde le alertaban de la investigación del caso Lezo.