Bolivia facilitará a España todos los datos sobre las transferencias bancarias a la podemita Neurona

El Gobierno de Bolivia va a facilitar a España los datos de las transferencias bancarias que acreditan que Evo Morales pagó entre los años 2017 y 2018 1,6 millones de dólares  a la consultora chavista Neurona, vinculada a Podemos. Esos documentos están siendo tramitados por cuatro ministerios bolivianos: Economía y Finanzas Públicas, Justicia, Presidencia y Relaciones Exteriores. OKDIARIO publica hoy varios documentos que confirman estos hechos.

El pasado 27 de agosto, cuatro cargos públicos de Vox mandaron una carta a la Embajada de Bolivia en España solicitando las pruebas de las inyecciones millonarias a la consultora chavista que ha realizado campañas para el partido de Pablo Iglesias. La carta, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, decía así: “Solicitamos información referente a los pagos realizados por el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia a la empresa de origen mexicano Neurona Consulting”.

“Quisiéramos acceder a la información detallada sobre estos pagos, a los fines de llevar a cabo las investigaciones oportunas con el objeto de esclarecer hechos que afectan a España”, concluía. El documento está firmado por los eurodiputados Jorge Buxadé y Hermann Tertsch y los diputados nacionales Iván Espinosa de los Monteros y Víctor González.

Vox mandó esta carta a raíz del comunicado que emitió el Banco Central de Bolivia (BCB), en enero de 2020, donde confirmaba que el Ministerio de Comunicaciones boliviano realizó siete transferencias bancarias entre 2017 y 2018 a la empresa investigada por sus nexos económicos con Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero y otros miembros de la cúpula de Podemos.

Seis días después, esta carta llegó a la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia en La Paz. Y seguidamente, tras clasificar su contenido como Urgente, el vicecanciller Manuel Suárez Ávila dio traslado de los hechos al ministro de Justicia, Álvaro Coimbra.

“Me dirijo a usted a objeto de enviarle copia de la nota remitida por nuestra Embajada en España con relación a la investigación que parlamentarios españoles y europeos están haciendo sobre el caso de la empresa Neurona Consulting. Al respecto, requieren que el Estado boliviano les proporcione información sobre supuestos pagos efectuados por el gobierno boliviano a la mencionada empresa”.

Esta segunda carga llegó al despacho del ministro de Justicia de Bolivia tan sólo cinco días después. Tras estudiar el caso, que se encuentra en manos de la Fiscalía desde el pasado mes de noviembre de 2019, el ministro Coimbra llamó a su mano derecha, el viceministro de Transparencia y Anticorrupción, Guido Melgar, y le encomendó hacerse cargo del asunto.

Seguidamente, desde el Viceministerio de Transparencia y Anticorrupción se tomaron dos decisiones: solicitar los pagos a la consultora chavista vinculada a Podemos al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y al de Presidencia, del que depende el organismo desde el que entre los años 2017 y 2018 se efectuaron las transferencias a Neurona.

El pasado 21 de septiembre, el viceministro Melgar envió este escrito a Óscar Ortiz, ministro de Economía y Finanzas: “Cursa en esta Cartera de Estado requerimiento de información respecto a solicitudes de pago efectuadas por el Ministerio de Comunicaciones efectuadas en el periodo que va de octubre de 2017 a diciembre de 2018 a favor de la empresa Neurona Consulting”.

Óscar Ortiz, que dimitió como ministro hace una semana, fue quien destapó el caso Neurona a comienzos del año 2019. Es decir, cuando Evo Morales era todavía presidente del país. Tal y como Ortiz contó a OKDIARIO desde su despacho en el Senado, se produjo “una malversación, porque con los 1,6 millones de dólares que cobró la consultora chavista Neurona se financiaron proyectos políticos de izquierda en el exterior de Bolivia como fue el caso de Podemos y Pablo Iglesias”.

Dos días después de la carta enviada al Ministerio de Economía, el 24 de septiembre, el Viceministerio de Transparencia y Anticorrupción envió otra al Viceministerio de Comunicaciones, dependiente del Ministerio de la Presidencia. El Viceministerio de Comunicaciones, que hasta seis meses era un ministerio propio, es clave, ya que fue desde este organismo desde el que se efectuaron los pagos a la consultora chavista vinculada a Podemos.

“En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 15 y 25 de la Ley nº 974 de 4 de septiembre de 2017, solicito pueda instruir por la unidad que corresponda remitir copias de la información respecto a las solicitudes de pago así como de los procesos de contratación u otros convenios que derivaron en pagos efectuados a la empresa Neurona Consulting”.

Tal y como ha podido saber este periódico, el Ministerio de Justicia prevé enviar a España a en los próximos meses toda la documentación que logre recopilar sobre los pagos a la consultora Neurona. El objetivo de este «intercambio de información», como ellos mismos denominan, es que se investigue  el asunto en España y, de esta manera, se descubra dónde fueron a parar los 1,6 millones de dólares de las arcas públicas de Bolivia.

Las fiscalías de Bolivia y España

Paralelamente a estos hechos, hace tan sólo un mes, la Fiscalía dio luz verde al Juzgado de Instrucción número 42 para que siga adelante en la investigación a Podemos por los contratos suscritos entre el partido y la filial española de la consultora chavista, Neurona Comunidad SL, para las elecciones generales del 28 de abril por un importe de 308.257,20 euros. El Ministerio Público aprecia la existencia de «indicios racionales suficientes de la perpetración de un hecho delictivo» en los contratos con la consultora chavista, sobre los que alertó el Tribunal de Cuentas.

El Ministerio Público rechaza el carácter «prospectivo» del hecho investigado porque «existen elementos que determinan que no se ha acreditado la justificación de este gasto resultando además que es una empresa constituida ad hoc para la prestación del servicio».

Sin embargo, como publicó ayer OKDIARIO, en Bolivia, la causa judicial ha estado completamente paralizada durante 11 meses. Este hecho se debe a la proximidad del fiscal general del Estado del país andino, Juan Lanchipa, con Evo Morales. Lanchipa fue nombrado en este cargo en 2018 gracias al apoyo que el partido del expresidente boliviano tenía en la Asamblea Legislativa Plurinacional.