Usaron la central termosolar de Sumarroca para blanquear 160.000 € con facturas falsas

Las empresas implicadas en el pago de comisiones ilegales al presidente de la Diputación de Lérida, el convergente Joan Reñé i Huguet, y a su partido utilizaron las obras de construcción de la central termosolar de Les Borges Blanques, promovida por la familia Sumarroca, para emitir facturas falsas que suman 160.000 euros.

Estas facturas tenían una doble finalidad. Por un lado, servían para dar cobertura legal al trasvase de fondos destinados al pago de comisiones ilegales y, por otro, servían a las empresas implicadas para defraudar a Hacienda, al desgravarse el IVA y el Impuesto de Sociedades por la realización de trabajos ficticios.

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, fue el encargado de colocar en marzo de 2011 la primera piedra de la central termosolar de Les Borges Blanques (Lérida), en la que el grupo Comsa-Emte (participado por la familia Sumarroca) y Abantia han invertido 153 millones de euros.

El proyecto cuenta con una participación del 5% por parte del Institut Català d’Energia, que depende de la Generalitat. Dos años después, Artur Mas inauguró las instalaciones junto al presidente de la Diputación de Lérida, Joan Reñé.

La familia Sumarroca está considerada como uno de los principales financiadores de CDC, el partido de Artur Mas, a través del pago de comisiones ilegales y donaciones a cambio de contratos públicos. Según las fuentes consultadas por Ok diario, la Fiscalía y la Guardia Civil estarían investigando las licencias concedidas por la Diputación de Lérida, bajo la presidencia de Joan Reñé, para la construcción de la central termosolar.

Pagos instantáneos por las facturas falsas

La constructora catalana M y J Grúas, que ha reconocido ante notario haber pagado comisiones ilegales al político convergente Joan Reñé, emitió en septiembre de 2012 y febrero de 2013 dos facturas, por un importe que suma 95.000 euros, por supuestos trabajos identificados como «Termosolar Borges».

M y J Grúas emitió la primera de estas facturas, por importe de 49.973 euros, siguiendo las instrucciones dadas en una nota manuscrita en la que su administrador, Josep Maria Grúas Estadella, indicó «No imputar trabajo, no imputar proyecto».

Antes de que transcurrieran 24 horas, el mismo día el 26 de septiembre de 2012, la constructora Serboniu (cuyo administrador es Gonzalo Niubó Mir) abonó la factura con un pagaré nominal del Banco de Santander. Un plazo absolutamente poco habitual en el sector de la construcción, en el que con frecuencia los pagos se realizan a seis o incluso nueve meses.

Cinco meses después, el departamento de administración de M y J Grúas emitió una segunda factura por el mismo concepto («Termosolar Borges») y por importe de 45.322 euros, siguiendo las instrucciones enviadas por correo electrónico por Serboniu. Como en el caso anterior, la empresa de Gonzalo Niubó pagó la factura el mismo día con un pagaré del Banco Santander.

El ‘testaferro» de Joan Reñé

Tal como explica en su página web, Serboniu ha cobrado 363.135 euros por los trabajos de «ejecución de conducciones» en la planta termosolar promovida por la familia Sumarroca en Les Borges Blanques. En cambio, no consta que haya participado en el proyecto M y J Grúas, la constructora que emitió las facturas y que reconoce haber pagado las comisiones ilegales al presidente de la Diputación de Lérida, Joan Reñé.

En tan solo tres años, entre 2012 y 2014, M y J Grúas y Serboniu intercambiaron facturas falsas (la mayoría de ellas sin estar respaldadas por un contrato, presupuesto o alabarán, y sin la preceptiva firma de un responsable técnico) por un importe que suma 852.000 euros.

La trama de facturas falsas culminaba en Interiorismo y Reformas Profesionales SL, una empresa radicada en Huesca cuyo administrador es Diego Garzón Uribe, de 81 años. Con tan solo dos empleados, esta sociedad facturó en seis años más de 2,8 millones de euros a las distintas empresas implicadas en la red.

La empresa de Diego Garzón, considerado como el testaferro del político convergente Joan Reñé, emitió entre enero y julio de 2012 tres facturas que suman 64.483 euros por supuestos trabajos identificados como «obra termosolar Borjas (sic)». También en este caso, las facturas fueron abonadas por Serboniu, la constructora de Gonzalo Niubó Mir cuyo hermano, el ingeniero agrícola Esteban Niubó Mir es amigo íntimo del presidente de la Diputación de Lérida, Joan Reñé y Huget.

Se dedica a la compra y venta de fruta

Según consta en el Registro Mercantil, el objeto social de la empresa de Diego Garzón es «la compra y venta mayorista y minorista de frutas, verduras, aceites y productos alimenticios», así como la «promoción, rehabilitación y reforma de bienes inmuebles para su venta o arrendamiento, la realización de labores de decoración, la promoción y venta de terrenos y edificaciones, la compra venta y arrendamiento de vehículos y maquinaria agrícola» y, por último, «la prestación de servicios de limpieza».

Por tanto, resulta inverosímil que una empresa de solo dos empleados, dedicada a «la compra y venta de frutas», participara en las obras de construcción de la central eléctrica promovida por la familia Sumarroca en Lérida.

La planta termosolar generará la potencia eléctrica equivalente al consumo medio de 27.000 hogares según ha explicado el consorcio formado por Comsa-Emte y Abantia. Durante su inauguración, en julio de 2013, el presidente Artur Mas destacó que «este modelo de producción de energía se convertirá en un referente de futuro».

Registran la sede de CDC

Por su parte, Carles Sumarroca había explicado que se trata de «la primera planta del mundo» que combina la energía solar con la biomasa, ya que utiliza restos forestales, cultivos energéticos y residuos agrícolas como combustible.

Comsa-Emte, participada por la familia Sumarroca, tiene una facturación anual de 1.767 millones de euros y suma una plantilla de 10.000 personas, con paresencia en 24 países.

En una operación dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona) y la Fiscalía Anticorrupción, la Guardia Civil registró el pasado 28 de agosto la sede central del partido de Artur Mas, de la Fundació Catalanista i Demòcrata (CatDem) y el domicilio del ex tesorero del partido, Daniel Osàcar,  en busca de pruebas del pago de estas comisiones.

Todo ello, tras hallar en la sede de Teyco (una de las constructoras de la familia Sumarroca) documentos que vincularían el pago de donaciones a la Fundación CatDem, a cambio de la adjudicación de contratos públicos.