La UE acuerda endurecer la política de retorno y aprueba los centros de deportación de migrantes en terceros países

Los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo han logrado un acuerdo sobre la política de retorno y dan luz verde a los centros de deportación de migrantes. Este acuerdo endurecerá las condiciones de quienes ven rechazada una petición de asilo en la Unión Europea (UE) y consolida la posibilidad de que los Estados miembros externalicen los centros de deportación a territorios extracomunitarios.

El acuerdo llega tras salvar el último escollo de la fecha de aplicación de la nueva norma, que la Eurocámara quería acelarar al próximo enero frente al año de margen que pedían los Veintisiete. Al final, la mayoría de las disposiciones del nuevo marco se aplicará en un plazo de 12 meses a partir de su entrada en vigor.

La principal novedad del acuerdo es la posibilidad de que los Estados miembros puedan deportar a migrantes a lo que se ha denominado centros de retorno en terceros países distintos a los de su origen. El único requisito es que se haya suscrito previamente un acuerdo y se respete el principio de no devolución.

«La nueva normativa acelerará el proceso de retorno y aumentará las devoluciones de personas que no tienen el derecho legal a permanecer en la UE», indicó tras el acuerdo el viceministro de Migración de Chipre, Nicholas A. Ioannides, cuyo país preside el Consejo de la UE hasta finales de junio. En los centros de retorno, los terceros países estarán obligados a respetar los derechos humanos y no estará permitido el internamiento de menores no acompañados.

El objetivo es externalizar a países terceros el proceso de retorno de los migrantes a los que se deniegue el permiso de asilo para garantizar que están fuera de territorio de la UE mientras se tramita su deportación definitiva.

Asimismo, otra novedad de la legislación es que en adelante se exigirá a los migrantes «cooperar activamente» en su proceso de retorno. Si no lo hicieran, se podrán imponer sanciones que van desde la retirada de prestaciones sociales y permisos de trabajo, hasta sanciones penales que incluyen el encarcelamiento. También se permite la detención de migrantes basándose en su riesgo de fuga y otros motivos de seguridad.

De este modo, el bloque respalda modelos similares al que el Gobierno italiano de Giorgia Meloni negoció con Albania para trasladar allí a migrantes sin derecho a asilo mientras se gestiona su expulsión y reconocen que tales acuerdos pueden ser negociados por uno o varios países o incluso por la Unión.

España es el único país que se mostró en contra de la normativa desde que los ministros de Interior alcanzaron el enfoque general.

Tras este acuerdo político, y tras una revisión jurídico-lingüística del texto, éste deberá ser sometido a votación en el Parlamento Europeo y, posteriormente, recibir el aval del Consejo de ministros de Interior de la UE.