«Los siete de Cornell»: sexo, drogas y una denuncia de violación que divide a Estados Unidos

Una estudiante de la prestigiosa Universidad de Cornell, en Nueva York, entra en una fiesta de la fraternidad Chi Phi el 20 de octubre de 2024. Hay alcohol, marihuana, ketamina y sexo. Mucho sexo. La joven, de veinte años, mantiene relaciones con varios estudiantes. Lo que sucede aquella noche terminará convertido, dos años después, en una de las mayores polémicas sobre violencia sexual, consentimiento y responsabilidad individual que se recuerdan en los campus estadounidenses. Hay siete jóvenes denunciados, una investigación penal reabierta, políticos de primera fila involucrados y manifestaciones en decenas de estados.

La protagonista, cuya identidad permanece protegida bajo el nombre de Jane Doe, sostiene que fue drogada y violada repetidamente por siete miembros de la fraternidad. En septiembre presentó una demanda civil contra los estudiantes, la universidad y varias organizaciones. Los denunciados niegan haber cometido agresiones sexuales.

Pero hay un detalle que ha convertido el asunto en una guerra cultural: las declaraciones de la propia denunciante. En mensajes intercambiados con uno de los estudiantes después de aquella noche, Jane Doe describió inicialmente las relaciones como consentidas. En comunicaciones posteriores aseguró que apenas un diez por ciento de lo ocurrido lo había sido. Sostiene que las drogas acabaron privándola de capacidad para decidir y que fue sometida a actos sexuales contra su voluntad.

La investigación disciplinaria de Cornell terminó con la expulsión de dos estudiantes y otras sanciones, aunque también hubo acusados exonerados. La investigación penal inicial concluyó sin cargos. El fiscal local, Matthew Van Houten, alegó problemas con las declaraciones recibidas, pero luego se supo que su oficina no había dispuesto de toda la transcripción de las entrevistas policiales, en las que la joven había descrito episodios de coacción e incapacidad. La investigación fue reabierta.

La gobernadora demócrata Kathy Hochul intervino personalmente y designó fiscal especial a la procuradora general de Nueva York, Letitia James, cuyas declaraciones indican que ya considera a los acusados culpables antes de iniciar el proceso.

Este jueves, cientos de manifestantes se concentraron en Manhattan en apoyo de Jane Doe. La movilización se extendió a decenas de estados. El comentarista conservador Matt Walsh ha dedicado buena parte de su programa al asunto. Su tesis es que estamos presenciando una consecuencia de la revolución sexual: una cultura que ha eliminado casi todas las restricciones morales tradicionales y que, al enfrentarse a las consecuencias de determinadas experiencias voluntarias, busca reinterpretarlas mediante el lenguaje de la victimización.

Desde el triunfo de la Revolución Sexual, el ‘consentimiento entre adultos’ se ha convertido en el único criterio de moralidad y legalidad en las relaciones sexuales. Parece fácil, ¿no? Pero la práctica está demostrando que es bastante más complicado, con las feministas cuestionando el valor de determinados casos de consentimiento femenino, que a menudo se modifica a posteriori.
La secuencia suele ser así: dos o más adultos se implican en una actividad sexual. Todos los participantes consienten, no hay coerción visible alguna. Pero una de las participantes (sí, una, en femenino) se arrepiente, se siente avergonzada de lo que ha hecho y reconstruye el acto concluyendo que su consentimiento no fue real, no fue verdaderamente libre.

Lo vemos cada vez más a menudo, también en España. En el caso de Íñigo Errejón, denunciado por la actriz Elisa Mouliaá, la Fiscalía de Madrid ha pedido la absolución del antiguo dirigente de Sumar al considerar que hubo consentimiento y que el encuentro terminó cuando ella manifestó su deseo de no continuar. La denunciante mantiene una versión distinta, y el juez instructor apreció indicios suficientes para abrir juicio.

Esta misma semana, la Audiencia Provincial de Valencia ha absuelto a cinco hombres acusados de agredir sexualmente a una mujer en un chalé de Cullera. La denunciante había consumido numerosas sustancias estupefacientes y mantuvo relaciones con tres de los procesados. El tribunal concluyó que las pruebas no permitían acreditar que careciera de capacidad para consentir o que las relaciones se produjeran sin su consentimiento. La sentencia advierte expresamente que esa insuficiencia probatoria tampoco supone dar por verdadera la versión de los acusados.

Son casos diferentes, con circunstancias diferentes, pero todos obligan a examinar una misma dificultad: cómo determinar la voluntad libre de las personas en situaciones íntimas, confusas y frecuentemente atravesadas por el alcohol, las drogas y versiones incompatibles.

Hay una paradoja que apenas se menciona en estas discusiones. El feminismo histórico reivindicó para las mujeres la plena autonomía moral y jurídica que durante siglos les habían negado sus tutores masculinos. La mujer adulta podía decidir por sí misma y asumir las consecuencias de sus decisiones. ¿Qué sucede cuando determinadas interpretaciones de la protección femenina parecen devolverla a una condición de vulnerabilidad permanente, incapaz de responder plenamente de su propia conducta? ¿Estamos ante una nueva forma de emancipación o ante una sorprendente rehabilitación del paternalismo más antiguo?

Y está, naturalmente, la posición del hombre. Una concepción del consentimiento que permitiera transformar retrospectivamente una relación voluntaria en una agresión por el mero arrepentimiento posterior introduciría una incertidumbre extraordinaria. Cualquier encuentro íntimo podría convertirse en materia de reconstrucción judicial años después, con testimonios contradictorios y pruebas difíciles de recuperar.

La intoxicación añade otra complicación. El Derecho admite que una persona suficientemente intoxicada puede carecer de capacidad para consentir. En cambio, quien ha consumido voluntariamente alcohol o drogas no queda automáticamente exento de responsabilidad por sus actos. Hay fundamentos jurídicos para distinguir ambas situaciones, aunque el problema se vuelve especialmente delicado cuando varios participantes están intoxicados y resulta difícil determinar qué podía comprender cada uno.

En Nueva York, la controversia ya ha llegado a la política legislativa. Hochul ha respaldado una revisión de las normas sobre consentimiento e intoxicación voluntaria, precisamente uno de los aspectos que complicaron la investigación inicial de Cornell. La discusión tiene consecuencias que van mucho más allá de los siete estudiantes denunciados.

Como en el caso de Lindsay Clancy, la mujer que estranguló fríamente a sus tres hijos, el feminismo radical parece querer aliviar a las mujeres de cualquier responsabilidad sobre sus actos. Quizá crean darles así una ventaja. Pero la conclusión obvia es la que haría las delicias del machista más inveterado: que la mujer es, como los niños, un ser incapaz de tomar decisiones libres.