El Parlamento Europeo denuncia que en Venezuela hay «2.000 presos políticos»

El Parlamento Europeo ha contabilizado en «unas 2.000 personas» las que están «encarceladas, en arresto domiciliario o en condena condicional por razones políticas» en Venezuela, «incluidos importantes líderes políticos como Leopoldo López, Antonio Ledezma y Daniel Ceballos». Así lo recoge la resolución votaba abrumadoramente por su último pleno en Estrasburgo el pasado miércoles 8 de junio.

El texto, prolijo, no se limita a una contabilización. Al contrario, en sus más de 30 puntos recogidos en cuatro folios, describe la crisis política, económica, social e institucional del país caribeño apoyándose en 16 textos y declaraciones oficiales de entidades tan diversas como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de la ONU, la OEA, Unasur… y hasta la propia Constitución de Venezuela, que la Eurocámara considera «vulnerada».

La resolución, que concitó 501 votos a favor, 94 en contra y 73 abstenciones, fue consensuada por los cuatro principales partidos representados en el Parlamento Europeo: Populares, Socialistas, Liberal-demócratas y Conservadores, pero no contó con el voto favorable de los representantes de Podemos, quienes se abstuvieron después de guardar el secreto del sentido de su voto hasta el último momento, ni el de los de Izquierda Unida, quienes votaron en contra, acusando incluso a la Eurocámara de querer «desestabilizar a un país hermano».

La estudiada posición equidistante de los podemitas, en un asunto que no permite las medias tintas entre democracia y dictadura, responde a una estrategia claramente electoral. Después haber sido asesores a sueldo de Hugo Chávez y haber defendido su dictadura bolivariana, tras un año en el que este periódico no ha dejado de demostrar con documentos los orígenes oscuros de su financiación presuntamente ilegal por proceder de otros países –la Venezuela chavista, el Irán de los ayatolás…–, sus europarlamentarios han cambiado el sentido de su voto que hace un año fue negativo a una resolución similar a la del pasado miércoles. Su piel de «socialdemócratas» ahora debe ser lo más visible posible ahora que se han coaligado con los «comunistas» declarados de Izquierda Unida.

Una situación «extremadamente preocupante»

Pero, volviendo a la resolución, el panorama que los europarlamentarios describen como «extremadamente preocupante» está lleno de datos para apoyar su denuncia de la crisis económica, social, institucional, humanitaria y de imagen internacional del país gobernado por el puño de hierro de Nicolás Maduro.

La crisis institucional no es sólo evidente desde fuera del país, donde se podría alegar que falta capacidad de entendimiento por condiciones culturales o sociales. No. El Parlamento Europeo cita los puntos de la Constitución venezolana que el Gobierno de Maduro está vulnerando (el artículo 123m en sus apartados 2 y 4).

Denuncia la Eurocámara que «en Venezuela no se respeta debidamente el estado de Derecho y el principio de separación de poderes» y lo ejemplifica en hechos concretos: en las «13 sentencias» que «en cinco meses» ha aprobado el Tribunal Supremo venezolano «que obedecen a motivos políticos y son favorables al Ejecutivo»; y en el «Decreto de Emergencia Económica» promulgado por Maduro que «contraviene las competencias legislativas de la Asamblea Nacional». Por último, reclama que se respeten los plazos del «proceso reconocido por la Constitución» para el «referéndum revocatorio» y «reitera su petición para que una delegación del Parlamento Europeo sea enviada a Venezuela» para fomentar el diálogo entre las partes.

En lo económico, la Eurocámara se apoya en las estadísticas de la misma Universidad Pública Simón Bolívar, a través de su Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI), que detalla una duplicación de la pobreza en Venezuela, del 30% al 60%. Además, según el Fondo Monetario Internacional la economía del país se contraerá un 8% este año y otro 5,7% en 2017. Especialmente desolador en un país infinitamente rico en reservas de petróleo.

Reclaman los diputados de la Unión que el Gobierno de Maduro «aplique urgentemente reformas económicas en colaboración con la asamblea Nacional», en manos de la oposición democrática y, entretanto, «proponga un plan de asistencia» para el país y «permita la entrada de ayuda humanitaria».

Crisis humanitaria en Venezuela

Pero esos números conviven con otros aún más dramáticos, los que describen la terrible situación social. Un país en el que no se encuentra el 75% de los medicamentos considerados básicos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), donde la inflación ha llegado al 180% este año y se prevé de un 700% para el cierre de 2016 y del 2.200% para 2017 ha caído, además, en la violencia impune. Caracas es la ciudad del mundo con una mayor tasa de delitos violentos al año, casi 120 por cada 100.000 habitantes.

Según el Europarlamento, esa dejación de responsabilidades en la seguridad de los ciudadanos por parte del poder político, el nulo interés de Maduro por solucionarlo, «incrementa y fomenta la violencia y la inseguridad».