Maduro se crece y le dice a la oposición que no dejará el mandato «ni por las buenas ni por las malas»
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, rechazó este jueves que la oposición le ponga un plazo hasta el 11 de noviembre para recibir gestos en el diálogo con el que buscan una salida a la grave crisis política y económica.
«No puede haber ultimátum, nadie puede poner un ultimátum, todo tiene su tiempo», afirmó el mandatario socialista en cadena de radio y televisión desde el palacio presidencial de Miraflores.
Maduro negó que el 11 de noviembre, cuando se reunirán los negociadores, sea una fecha límite para cumplir exigencias de la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que reclama en el diálogo, entre otras cosas, un adelanto de elecciones y liberación de «presos políticos».
El presidente acusó además a la MUD de «buscar razones y excusas» para levantarse de la mesa, instalada el pasado domingo con el auspicio del Vaticano y Unasur, cuando la tensión estaba al tope por la suspensión del referendo revocatorio con que la oposición intentaba sacarlo del poder.
«Yo alerto, sobre todo a los seguidores de la oposición: les están mintiendo una vez más (…). Ni ultimátum, ni levantarse», agregó Maduro, reunido con altos funcionarios del gobierno.
Poco antes, el dirigente Carlos Ocariz, uno de los negociadores de la MUD, reveló que la oposición propone reactivar el referendo o que las elecciones presidenciales, que deben realizarse en diciembre de 2018, se adelanten al primer trimestre de 2017. El mandato de Maduro concluye en enero de 2019
«Tiene que ser lo antes posible», dijo Ocariz en rueda de prensa, sin detallar si se refería a elecciones generales o solo presidenciales.
Al responder implícitamente, Maduro reiteró que gobernará hasta el final de su mandato. «Ellos más nunca volverán a Miraflores, ni por las buenas ni por las malas», sentenció.
Presente en la reunión en Miraflores, Jorge Rodríguez, uno de los negociadores del gobierno, aclaró que el «cronograma electoral» está definido por la Constitución y el poder electoral.
La oposición considera que un cambio de gobierno es la única salida a la crisis que golpea al país petrolero, con un grave desabastecimiento de alimentos y medicinas y una inflación que el FMI proyecta en 475% para este año.
Tregua con mal pie
Seguidores del gobierno se movilizaron este jueves hacia el palacio, justo el día en que la oposición iba a realizar una marcha a Miraflores en desafío al gobierno, pero que decidió postergar a la espera de que se den gestos recíprocos antes del 11 de noviembre.
Rodríguez consideró que suspender esa marcha no constituye una «concesión», sino un «clamor de paz de los venezolanos».
«Nos dieron un plazo de diez días para que salgamos corriendo, más bien que le sirva a la burguesía para reflexionar que el chavismo llegó para quedarse», dijo el número dos del oficialismo, Diosdado Cabello, al encabezar la concentración afuera de la casa presidencial.
La tregua empezó con mal pie. La misma noche del martes Maduro tildó de «terrorista» a Voluntad Popular (VP), el partido fundado por el encarcelado Leopoldo López que rechazó el diálogo por no creer en la voluntad del gobierno.
«Hoy el presidente está con el monseñor prometiendo cosas y luego de 24 horas está insultando y acusando de terrorista a VP. Lo importante es que el mundo vea que la dirigencia opositora cumple y merece dirigir el país», afirmó el secretario general de la MUD, Jesús Torrealba.
Ambas partes se habían comprometido a «disminuir el tono de agresividad del lenguaje utilizado en el debate político», según el acuerdo que formalizó la mesa de conversaciones.
Torrealba consideró la acusación de Maduro como una táctica para fracturar a la MUD, que ya se dividió frente al diálogo pues 16 partidos de la treintena que la conforman se marginaron del proceso.
Dirigentes de Voluntad Popular asistieron a una concentración de unos 300 estudiantes que protestaron contra el gobierno en una avenida de Caracas, pese a la suspensión de la marcha a Miraflores.
Desde que la MUD asumió la mayoría parlamentaria en enero pasado, está enfrascada en una fuerte lucha con el resto de los poderes públicos, a los que acusa de servir al chavismo.
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