Abandonen toda esperanza: Europa no salvará las elecciones españolas
Las actuaciones recientes de Bruselas han suscitado controversias sobre su neutralidad política y las garantías jurídicas
El español medio, que ha pasado décadas mirando a Europa con envidia aldeana, no ha conseguido en todo este tiempo sacudirse el mito, y ante los desmanes de cuestionable legalidad del sanchismo ha seguido buscando al otro lado de los Pirineos, si no la salvación, al menos un freno. «Esto no se lo van a permitir en Europa» ha sido el repetido suspiro de nuestras esperanzas frustradas. Y aun ahora, con una esperanza que ha sobrevivido a la experiencia, confían en que Bruselas impida que a Sánchez se le vaya la mano con sus previsibles juegos de prestidigitación electoral.
Ahora, ante unas elecciones que se anuncian especialmente tensas, vuelve a surgir la misma esperanza. Si hubiera un pucherazo, se dicen, si se produjeran irregularidades graves, siempre nos quedaría Europa. Abandonen toda esperanza; abran los ojos a lo que de verdad está haciendo esa Europa soñada con los procesos electorales que amenazan su visión globalista.
En diciembre de 2024, el Tribunal Constitucional de Rumanía anuló unas elecciones presidenciales cuya primera vuelta había ganado el candidato soberanista Călin Georgescu. La justificación fue una presunta operación de injerencia extranjera mediante redes sociales y financiación irregular. Los rumanos tuvieron que volver a las urnas. Bruselas, tan diligente en sus advertencias sobre el Estado de derecho, evitó cuestionar aquella decisión extraordinaria y se limitó a recordar que las elecciones nacionales son competencia de los Estados miembros.
Más reciente es el espectáculo polaco. El Gobierno europeísta de Donald Tusk mantiene una guerra abierta con el presidente conservador Karol Nawrocki por el control del Tribunal Constitucional. A finales de octubre, una magistrada suspendió a los dos principales responsables del tribunal, cuya sede quedó rodeada por la Policía. La oposición denunció un intento de golpe de Estado. Bruselas respaldó la competencia de la mayoría parlamentaria para nombrar nuevos jueces, aunque evitó pronunciarse expresamente sobre la suspensión de los anteriores. Todo ello a menos de un año de unas elecciones legislativas decisivas.
En Francia, Marine Le Pen ha sufrido una condena de inhabilitación que amenaza su candidatura presidencial. En Alemania se ha discutido la posibilidad de ilegalizar Alternativa para Alemania, uno de los principales partidos de la oposición. Los procedimientos y sus responsables son distintos, pero todos estos episodios alimentan una pregunta inquietante: ¿hasta dónde están dispuestas a llegar las instituciones europeas y nacionales para combatir movimientos políticos que consideran peligrosos?
Sanciones sin que haya una condena penal previa
Muy lejos. Dicen que Gorbachov advirtió en su día que la Unión Europea iba camino de convertirse en un remedo actualizado de la Unión Soviética. Y los signos están por todas partes, muy especialmente en la persecución del disidente, el desprecio por la división de poderes y la presunción de inocencia. El Consejo de la Unión Europea ha ampliado sus sanciones contra personas acusadas de participar en operaciones rusas de manipulación informativa. Entre los afectados figura el periodista irlandés Chay Bowes, colaborador de RT. Las sanciones incluyen congelación de activos, prohibición de recibir fondos y restricciones de viaje. Medidas de efectos potencialmente devastadores para la vida económica de una persona, adoptadas por una institución política sin necesidad de una condena penal previa. Después, si el afectado quiere recuperar sus derechos, puede acudir a los tribunales europeos. Condenado sin juicio, y por un estamento no judicial.
El caso del periodista alemán Hüseyin Doğru parece inventado por Kafka. Sancionado anteriormente, fue invitado por eurodiputados a Bruselas para explicar su situación. No pudo acudir porque las propias sanciones que pretendía cuestionar le impedían viajar. Tuvo que comparecer por videoconferencia.
Y volvemos a España. Nadie sabe si las próximas elecciones darán lugar a irregularidades graves o a una controversia sobre su limpieza. Pero los precedentes europeos aconsejan examinar con cuidado la confianza depositada en Bruselas como último árbitro de nuestra democracia. Sus instituciones tienen competencias limitadas sobre los procesos electorales nacionales y sus actuaciones recientes han suscitado controversias sobre la neutralidad política y las garantías jurídicas.
Si algún día necesitamos defender la limpieza de unas elecciones españolas, tendremos que saber exactamente de qué instituciones y procedimientos dependemos. Esperar una intervención salvadora de Bruselas sería depositar demasiada confianza en un poder cuya propia actuación merece un escrutinio riguroso.
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