Yolanda Díaz exige a Sánchez igualar la pena de cárcel por «ecocidio» contra la naturaleza al genocidio
Entre los ejemplos de "ecocidio", Yolanda Díaz señala directamente a un presidente autonómico: Juanma Moreno
Yolanda Díaz exige al Gobierno equiparar las penas de cárcel por delitos de destrucción del medio ambiente a crímenes de guerra. Concretamente, Sumar ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados en la que propone incorporar al Código Penal español el «ecocidio» -la destrucción grave y generalizada de los ecosistemas- como delito internacional equiparable al genocidio y los crímenes de guerra.
«Reconocer el ecocidio como crimen autónomo en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, y apoyar el reconocimiento en todos sus pasos, de acuerdo a la definición de Vanuatu, Fiyi y Samoa en su propuesta a la Corte Penal Internacional», reza la proposición del partido de Yolanda Díaz. Estos tres estados presentaron una propuesta ante este alto tribunal con sede en Nueva York en el que definían el ecocidio como las «acciones ilegales o arbitrarias realizadas con conocimiento de que podrían causar un daño significativo, extenso o duradero al medio ambiente». En caso de ser aceptada, la modificación al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), que constituye el marco jurídico y funcional de esta institución, permitiría procesar a personas, incluyendo altos ejecutivos de corporaciones contaminantes o líderes gubernamentales, por su implicación en la destrucción ambiental.
Así, Yolanda Díaz quiere trasladar esta jurisprudencia a la legislación española. «Presentar un proyecto de ley para incluir el delito de ecocidio en el código penal español según la definición aportada por los estados de Vanuatu, Fiyi y Samoa en su propuesta a la Corte Penal Internacional presentada el pasado 9 de septiembre de 2024. Reforzar los recursos en la Fiscalía de Medio Ambiente, así como otras unidades especializadas del Ministerio Fiscal, para adecuar la práctica de diligencias, intervención o instrucciones en aquellos procesos penales relacionados con los recursos naturales, el medio ambiente, la protección de la flora y fauna e incendios forestales», recoge la propuesta de Sumar.
Entre los ejemplos de ecocidio, Yolanda Díaz señala directamente a un presidente autonómico: Juanma Moreno. «La pasividad de un gobierno también la encontramos en nuestro país. A pesar de ser una práctica extendida y extensiva durante mucho tiempo, el gobierno andaluz no ha sido proactivo en la persecución de los regadíos ilegales que han afectado gravemente al Parque Natural de Doñana. En lugar de perseguir tan nociva práctica, la del robo de agua sistemático, el gobierno andaluz del señor Moreno Bonilla se planteó incluso regularizar los cultivos ilegales», sentencia Díaz en el escrito.
Para Sumar, «el sector financiero tampoco está exento de responsabilidad», y muchos de los productos financieros que se venden como sostenibles a los clientes no lo son, y mencionan entre otros a los bancos españoles Santander, CaixaBank y BBVA, que «habrían invertido unos 1.000 millones de euros en algunas de las empresas más contaminantes del mundo». Considera la coalición que el sistema regulatorio actual «no es suficiente para evitar crímenes climáticos, ya sea por falta de recursos humanos y económicos o por falta de voluntad política de no hacer cumplir la regulación existente de protección y control».
Ya en su programa electoral, el partido de Yolanda Díaz abogaba por crear una «fuerza civil de control ecológico en el seno de Naciones Unidas y de un tribunal internacional de justicia climática para facilitar la lucha global contra el ecocidio», y expresaba que este debía ser reconocido como delito en el ámbito de la Corte Penal Internacional.
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