Vox emprenderá acciones penales contra Montoro si no demuestra que no hubo malversación el 1-O

El partido político Vox, acusación popular en la causa del Supremo por el ‘procès’ independentista catalán, ha anunciado que no descarta emprender acciones penales si Cristóbal Montoro no desmuestra que realmente no hubo malversación de fondos el 1-O. El partido de Santiago Abascal ha comunicado también que no descarta pedir al magistrado que instruye la mencionada causa, Pablo Llarena, la citación en calidad de testigo del ministro de Hacienda.

En declaraciones a los medios a las puertas del Tribunal Supremo, el abogado de la formación Javier Ortega ha explicado que están a la espera de que el responsable de Hacienda demuestre ante el juez sus afirmaciones acerca de que no existió malversación de caudales públicos, pero ha advertido de que si ese informe no desacredita «las pruebas evidentes» recabadas por la Guardia Civil, actuarán en consecuencia. «Es intolerable el flaco favor que se le hace a la Justicia y el capotazo que se les ha dado a los golpistas», ha agregado.

Ortega ha reprochado al titular de esta cartera que llevan muchos meses detrás de estos informes ya que el juez de Instrucción número 13 de Barcelona que investiga los hechos relacionados con la organización de la consulta ilegal, Juan Antonio Ramírez Sunyer, ha enviado hasta cuatro requerimientos a la Consejería de Hacienda catalana en relación con el presunto desvío de fondos públicos para financiar las actividades investigadas, que «sistemáticamente» han sido desatendidos o contestados con evasivas.

«Lo que hemos recibido por parte del Ministerio de Hacienda han sido esas declaraciones, no digo ya desafortunadas, sino rayando la complicidad con quienes han intentado dar un golpe de estado en España», ha expuesto el letrado de la acusación que ha recordado que, ante la vigencia de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, Montoro es «el máximo responsable de la consejería de Hacienda» en dicha comunidad.

Malversación aunque no haya gasto

Respecto al delito de malversación, Ortega ha espetado que el ministro «debe saber perfectamente» que para que exista comisión de este tipo penal no solo se precisa que se haya hecho efectivo el gasto sino que se haya generado un crédito con la Hacienda pública, aunque luego no se materialice el pago.

Se refiere así a la información contenida en el último informe de la policía judicial incorporado a esta parte de la investigación –de la que se ha levantado el secreto de sumario– y que pone de manifiesto que, además de que se ha cometido una supuesta malversación de 1.932.765,42 euros, existen otras partidas que se siguen investigando relacionadas con informes para la preparación del referéndum realizados por el exmagistrado del Tribunal Constitucional Carles Viver Pi i Sunyer o para el acondicionamiento de un ‘call center’ desde donde centralizar los datos de la votación.

Al respecto, ha insistido en que «parece absolutamente incuestionable» que los responsables del ‘procés’ que están siendo investigados en el alto tribunal por rebelión, desobediencia y malversación, emplearon cerca de dos millones de euros de las arcas públicas para financiar el referéndum ilegal de octubre y por ello ha denunciado la «gravedad» de las manifestaciones del ministro de Hacienda que, por un lado, dejan en evidencia a la acusación y la Abogacía del Estado, y por otro, dan «baza» a los 25 procesados, nueve de los cuáles han prestado declaración indagatoria esta semana ante el juez.

Igualmente, el letrado ha apuntado que ha supuesto un «golpe muy duro» para España en el exterior puesto que la Justicia alemana continúa estudiando si entregar al expresidente catalán Carles Puigdemont a España por el delito de malversación de caudales públicos, después de que apuntara que no daría luz verde a la euroorden del juez Llarena en lo que respecta al delito de rebelión, por el que también se le acusa.