Vocales del CGPJ piden un pleno para nombrar a los magistrados del Constitucional antes de la reforma

Los vocales resistentes a Pedro Sánchez del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han acordado solicitar al presidente interino del Consejo, Rafael Mozo, que convoque un Pleno extraordinario para votar a los dos candidatos del Tribunal Constitucional antes de que se apruebe la reforma del PSOE y Unidas Podemos orientada a imponer a sus candidatos al Constitucional, que deben ser propuestos por el CGPJ.

El Partido Socialista y Unidas Podemos han introducido enmiendas para forzar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a proponer a los dos candidatos al Tribunal Constitucional que le corresponde. De sus 12 miembros, cuatro son nombrados a propuesta del Congreso de los Diputados, cuatro por el Senado, dos por el Gobierno y dos por el citado Consejo General del Poder Judicial.

Estas enmiendas, que plantean cambiar la mayoría de tres quintos a simple que debe sumar el Consejo General del Poder Judicial en la elección de los dos magistrados al Constitucional, según la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, se han hecho con el objetivo de facilitar la tarea de proponer al candidato deseado por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, el magistrado del Tribunal Supremo José Manuel Bandrés, y sortear a los vocales del CGPJ que resisten al presidente Sánchez.

Los vocales favorables amenazan con votar en blanco en ese pleno extraordinario para esperar a las nuevas normas, lo que significaría exceder también el pleno ordinario, dado que el Congreso podría aprobar la reforma la próxima semana, pero el Senado necesitaría hasta final de mes.

Los citados vocales, mayoritarios, consideran las mismas enmiendas una forma de presión. Es una «injerencia demoledora», un «chantaje» y hasta una amenaza que tiene por objetivo no tanto garantizar que el Consejo nombre a sus dos aspirantes al TC, sino que se admita el nominado del presidente Pedro Sánchez.

Sin embargo, los detractores señalan que se puedan exigir a los vocales responsabilidades penales por no cumplir los tiempos que desea el presidente.

Las negociaciones en el seno del CGPJ llegaron a punto muerto la semana pasada después de que los vocales a favor del presidente ratificaran la candidatura de Bandrés, y ofrecieran a los que residente a Sánchez aceptar también sin objeciones al candidato que seleccionaran. Pero los últimos citados rechazaron ese sistema insistiendo en que ambos aspirantes deben elegirse conjuntamente.

El problema de fondo es que los vocales que se oponen a seguir las directrices del presidente no aceptan a Bandrés, aunque formalmente no han hecho ningún comentario. Se inclinan más hacia Pablo Llarena, Julián Sánchez Melgar y Vicente Magro, de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo; y César Tolosa, Inés Huerta y Diego Córdoba, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

Sin embargo, los vocales a favor de Sánchez consideran que la propuesta de PSOE y UP es una vía legítima para que las Cortes Generales ofrezcan una solución al actual bloqueo. A su juicio, lo «vergonzoso» sería que «nadie hiciera nada» para intentar remover los obstáculos que impiden el normal funcionamiento de las instituciones. En este contexto, resta esperar a la convocatoria del Pleno extraordinario en un plazo de tres días a contar desde el lunes.

Los vocales favorables amenazan con votar en blanco en ese Pleno extraordinario para esperar a las nuevas normas, lo que significaría exceder también el Pleno ordinario, dado que el Congreso podría aprobar la reforma la próxima semana, pero el Senado necesitaría hasta final de mes.

Asimismo, las enmiendas presentadas proponen que, pasados los 9 años y 3 meses del mandato de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, propuestos por el Consejo del Poder Judicial (dos) y por el Gobierno (dos), se pueda renovar a los dos candidatos que haya propuestos aunque falten los otros dos.

Unos cambios orientados a facilitar al Gobierno la propuesta de sus  dos candidatos, el ex ministro Juan Carlos Campo y la ex asesora de Moncloa Laura Díez, sin esperar a que el Consejo cumpla su parte y sin arriesgarse a que la actual mayoría conservadora del Constitucional frene su desembarco en la corte de garantías.