España
"Pobreza energética"

El verdadero ‘ahorro energético’: Ribera admite que 5,2 millones de españoles no pueden calentar su casa

  • Luz Sela
  • Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.

El «ahorro energético» se ha convertido en la nueva palabra clave en los mensajes del Gobierno. La advertencia a los ciudadanos de que deben prepararse ante un invierno difícil por un posible corte de gas ruso centran las alertas desde el Ejecutivo. La conclusión es clara, o se reduce el consumo o Europa lo pasará realmente mal. Apagar las luces, reducir la temperatura del aire acondicionado o de la calefacción es, según el Gobierno, la mejor defensa ante el «chantaje energético» de Putin.

Esta semana, Teresa Ribera se ha mostrado ya entusiasmada con la reducción del 3,7% en la demanda eléctrica en los últimos días, que ha atribuido a la aplicación del decretazo energético, bajo amenaza de sanción de hasta 100 millones de euros. Las medidas, hoy por hoy, no son obligatorias para los ciudadanos, pero el Gobierno sí intenta que el mensaje de «ahorro» vaya calando y que los españoles cambien sus hábitos domésticos. Lo que el Ministerio para la Transición Ecológica no cuenta, sin embargo, es lo que sí recoge en sus informes: que 5,2 millones de personas ya no son capaces de mantener una temperatura adecuada en su vivienda durante el invierno y que ni siquiera se sabe cuántos no pueden hacerlo en verano.

Esos datos se recogen en el informe Actualización de indicadores de la estrategia nacional contra la pobreza energética, y la última actualización corresponde a diciembre de 2021, por lo que es de esperar que este año -dado el coste desbocado de los suministros- sean aún peores.

Por regiones, Baleares, Melilla, Canarias y Extremadura son las que cuentan con un mayor porcentaje de la población incapaz de mantener una temperatura adecuada en su vivienda. Y si se analizan con detalle los indicadores, se observa por ejemplo que en 2018 -cuando Sánchez llegó al poder- el número de hogares de tres miembros que no podían calentarse adecuadamente era el 7,8% y en 2020, el 11,9%. En el caso de las viviendas donde la persona principal está desempleada, ese porcentaje sube hasta el 21,5%.

Igualmente, el documento advierte de que el porcentaje de población que sufre retraso en el pago de las facturas de los suministros de la vivienda crece hasta el 9,6% de la población, lo que equivale a 4,5 millones de personas. En el caso de los parados, ese porcentaje aumenta hasta el 26,2% y es del 15,5% en los hogares formados por un adulto con niños.

Desde el Ministerio consideran que esa evolución es «coherente» con el contexto de crisis económica derivada de la pandemia. Y es de esperar que en los próximos informes, los datos empeoren todavía más, dado el incremento del precio de la energía y la ineficacia de las medidas del Gobierno. Sánchez, por ejemplo, sigue oponiéndose a la rebaja del IVA del gas que le reclama el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y que sí ha aplicado ya Alemania.

Nuevas medidas

Mientras, el Gobierno se prepara para aplicar nuevas medidas en septiembre en el marco del plan de contingencia que habrá de remitir a Bruselas antes de que termine ese mes. Ribera ha asegurado que no habrá restricciones para los ciudadanos ni para la industria, aunque no ha aclarado si se impondrán nuevas medidas a los comerciantes y hosteleros, ya muy golpeados por la crisis económica. España se ha comprometido con la Unión Europea a alcanzar una rebaja del 7% en el consumo de gas y a día de hoy sólo llega a la mitad.

El Gobierno, en cualquier caso, ya va sembrando la incertidumbre por las consecuencias de un corte del suministro ruso. Y desde el Ministerio de Ribera, al contrario de lo que ocurrió con el decretazo, se ha pedido a las comunidades autónomas que le hagan llegar sus aportaciones hasta el próximo 31 de agosto. El plan incluirá una serie de recomendaciones a los ciudadanos. Ya se han lanzado algunas, como la reducción de la velocidad a los 100 kilómetros por hora.