El TSJC requiere las agendas y los correos de Gordó en una nueva pieza declarada secreta

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Carlos Ramos, ha ordenado este jueves a la Guardia Civil acudir a la Generalitat a requerir las agendas y correos electrónicos del ex consejero de Justicia Germà Gordó, en el marco de una pieza separada abierta del caso 3 % que está declarada secreta.

Según fuentes jurídicas, Ramos, que mantiene citado a Gordó para que declare como investigado el próximo lunes, ha abierto dicha pieza secreta para acordar varias diligencias de investigación, entre ellas los requerimientos de información relativa al ex consejero que se guarda en el Parlament y en la Generalitat.

El magistrado del TSJC ha ordenado esas nuevas diligencias después de que el juez de El Vendrell (Tarragona) que abrió la causa del 3 %, de presunta financiación ilegal de CDC, intentara sin éxito que la Secretaría de Govern de la Generalitat le facilitara la agenda oficial de la época en que esa área la dirigía Germà Gordó, entre diciembre de 2010 y diciembre de 2012.

La Secretaría de Govern contestó al juez instructor que dicha agenda oficial no constaba en su archivo, y que no había sido posible recabar la información de la misma en formato electrónico, «al desconocerse cuál era el buzón de correo en que era llevada y haberse eliminado el buzón del servidor departamental debido a una migración de datos», según el auto en que el TSJC acordó en junio abrir una causa a Gordó.

El TSJC decidió investigar a Gordó por los delitos de tráfico de influencias, prevaricación y malversación de fondos públicos, después de que el juez de El Vendrell le detallara los indicios que, en su opinión, apuntan a que el ex consejero medió en el presunto pago de comisiones al extinto partido.

El juez de El Vendrell había solicitado en una primera ocasión al TSJC que abriera una investigación a Gordó, pero el alto tribunal catalán lo desestimó, al considerar imprecisos los indicios de su supuesta participación en la trama del 3 % e «intrusivas» las entradas y registros en su domicilio y su despacho que solicitaba la Fiscalía Anticorrupción.

Por ese motivo, el TSJC devolvió su exposición razonada al juez para que la concretase apenas unos días antes de que se desplegara la operación «Pika», en la que el pasado 2 de febrero la Guardia Civil detuvo a 18 personas por su presunta relación con el pago de comisiones a CDC, entre ellos el presidente del puerto de Barcelona Sixte Cambra y el exconcejal de CiU Antoni Vives.

Varios de los detenidos en esa operación declararon posteriormente como investigados ante el juez de El Vendrell, donde algunos empresarios admitieron que utilizaban en sus comunicaciones nombres claves como «Gerardo» o «Gregorio» para referirse a Gordó.

El TSJC aprecia ahora delitos

El TSJC cree ahora que sí hay indicios de que el ex consejero de Justicia consiguió presuntamente que Constructora Pirenaica (Copisa) donara 100.000 euros en 2012 a las fundaciones Catdem y Fòrum a cambio de una adjudicación del Consorci d’Educació de Barcelona y del contrato de obras de mantenimiento de varios edificios escolares públicos, que ascendían a 4,7 millones de euros.

El ex consejero, cree el TSJC, también intervino supuestamente en la adjudicación de dos contratos por 39,6 millones de euros por parte de la Autoridad Portuaria de Barcelona a una UTE integrada por las empresas Copisa, COMSA, ACSA y Benito Arnó.

Estas adjudicaciones se habrían hecho «después de haber negociado personalmente los importes de las licitaciones y de las donaciones y las fechas de las adjudicaciones y de las entregas» con el consejero delegado de Copisa, Xavier Taulell, según sostiene el TSJC en su auto.

Del mismo modo, según el TSJC, Gordó habría conseguido donaciones de 147.000 euros entre 2014 y 2015 de la empresa Pasquina a cambio de adjudicaciones por un proyecto de 2,5 millones de euros y otros 7,6 millones por parte del Departamento de Territorio.

El ex consejero, igualmente, obtuvo supuestamente, según sospecha el instructor, diversos regalos personales de la empresa Oproler a cambio de adjudicaciones aprovechando su relación personal y política con Josep Manuel Bassols, esposo de la magistrada del TSJC Núria Bassols, que fue comisionada de Transparencia de la Generalitat con Artur Mas.

Hombre de confianza del expresidente catalán Artur Mas, Gordó fue gerente de CDC entre 2004 y 2011, secretario del Govern entre 2010 y 2012; conejero de Justicia entre 2016 y consejero de la empresa pública Infraestructures de la Generalitat de Catalunya (GISA).