El TSJ de Murcia envía al banquillo a Pedro Antonio Sánchez por ‘Púnica’

El Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha decidido enviar a juicio al ex presidente de la Región Pedro Antonio Sánchez por el caso ‘Púnica’ tras tomarle declaración este martes como imputado por posibles delitos de fraude a ente público, cohecho y revelación de información reservada.

Sánchez ha negado que contratara servicios con empresas de la trama Púnica, y ha dicho que solo se reunió en una ocasión con los representantes de esas compañías a petición de las mismas, que insistieron durante diez meses en lograr algún contrato.

Sánchez ha hecho esas declaraciones a los medios de comunicación tras declarar durante aproximadamente una hora.

En concreto, según la exposición razonada de la Audiencia Nacional, donde se investiga el grueso de esta trama, Sánchez habría acordado con empresas de la trama la contratación de trabajos para mejorar su reputación en internet en 2014, cuando era consejero de Educación, y con la intención de cargar esos contratos al presupuesto de la Consejería.

Sánchez, que sigue siendo diputado y presidente del PP murciano, ha insistido en una breve comparecencia en un hotel cercano a la sede del tribunal (en la que ha estado acompañado por el portavoz regional del PP, Víctor Martínez), en que nunca contactó con estas empresas por iniciativa propia ni se reunió en cuatro ocasiones con sus representantes, como apunta la investigación.

«Campaña comercial agresiva»

Por el contrario, ha dicho, los representantes de las empresas mantuvieron durante diez meses una campaña «comercial agresiva» ofreciendo sus servicios y solo se encontró con ellos una vez en la que presentaron su proyecto, como se hace «con tantos otros representantes» de todo tipo de entidades.

«Las cuatro reuniones no se produjeron y se ha podido acreditar que no es así», ha reiterado, y ha insistido en que si concertó una cita con estas empresas fue en el ámbito habitual de actuación de cualquier cargo público, que pasa «más de la mitad del día dedicado a recibir gente».

«Lo que se hizo fue escucharles, pero no se contrató nada», ha repetido, y ha considerado que solo se le puede acusar de «marear» a esas empresas o de «atenderles», pero nunca trabajaron con la consejería de Educación cuando él era titular.

Además, ha considerado «imposible» la idea transmitida por la acusación de que el contrato no se materializó porque estalló antes la trama, pero estaba previsto empezar en «unas semanas», ya que para iniciar un expediente de contratación en una consejería, como era el caso, se necesita un plazo de al menos cinco meses.

«Nunca se inició un expediente»

Según ha indicado, ha presentado «más de diez certificados oficiales» que acreditan que «nunca se inició un expediente, nunca se dio el visto bueno, nunca se aprobó, nunca se concertó».

Además, ha mostrado a los medios de comunicación una hoja de pedido de servicio de una de las empresas de la trama que forma parte de la investigación y en la que aparece un presupuesto de 32.200 euros anuales para trabajos de reputación online, pero en la que ni se han completado los campos referentes al contratante, ni se ha firmado, sino que todo el documento está en blanco.

Este documento, ha dicho, evidencia que «nunca se acordó nada» con la trama, y ha subrayado que esta investigación responde a una «intención política», puesto que el PSOE es parte de la acusación particular.

En cualquier caso, ha subrayado que confía plenamente en la justicia, y ha lamentado que «es gratis machacar a alguien con pruebas tan evidentes de que no ha habido nada».

Fuentes judiciales han indicado a EFE que la fiscal de la Fiscalía Especial Anticorrupción venida de Madrid, Teresa Gálvez, ha tenido un destacado protagonismo a la hora de preguntar a Sánchez, con preguntas muy detalladas de las que algunas de las partes presentes en el caso han creído ver que podría estar por la vía de acusar.