Las trampas de Sánchez y Armengol para bloquear al PP en el Congreso: 20 leyes paralizadas y 6 vetos

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, con la complicidad del jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, mantienen bloqueadas hasta una veintena de leyes impulsadas por el PP y han tramitado seis vetos del Ejecutivo a iniciativas del partido de Alberto Núñez Feijóo.

En lo que va de legislatura, hasta 17 proposiciones de ley del Grupo Popular procedentes del Senado han sido paralizadas en la Cámara Baja, y otras tres de los populares con origen en el Congreso permanecen en el congelador de Armengol tras superar aquí el trámite de toma en consideración. Todas estas iniciativas son metidas en un cajón mediante la artimaña de ir prorrogando el plazo para la presentación de enmiendas.

El pasado martes en la Mesa del Congreso, el vicepresidente segundo de la Cámara y diputado del PP, José Antonio Bermúdez de Castro, denunció el bloqueo que se está llevando a cabo contra su grupo, calificándolo de «un ejercicio de deslealtad institucional y constitucional sin precedentes», según fuentes parlamentarias consultadas por OKDIARIO.

Bermúdez de Castro criticó que la mayoría gubernamental esté vetando iniciativas de su formación «por razones exclusivamente políticas y no para racionalizar el trabajo parlamentario». «Lo hacen de manera consciente para impedir las facultades legislativas que la Constitución encomienda a la Cámara Baja y para que el Grupo Popular no pueda culminar los trámites parlamentarios de las iniciativas que impulsa», expuso el diputado del PP.

El ‘congelador’ de Armengol

Las fuentes parlamentarias añaden que Bermúdez de Castro también cuestionó que Armengol mantenga «congeladas, con la argucia de la ampliación de enmiendas», un total de seis proposiciones de ley con origen en el Congreso.

De todas estas iniciativas bloqueadas que han sido tomadas en consideración en la Cámara Baja, destacan las propuestas relativas a la modificación de la acción y del servicio exterior del Estado; la limitación de la protección del lobo en España y la reforma del Código Penal para que se trate la multirreincidencia en delitos de estafas y hurtos.

Sólo la primera iniciativa, relativa a la estrategia de acción en el exterior, ha visto su plazo de presentación de enmiendas prorrogado hasta en 24 ocasiones. La de protección del lobo ha sufrido 28 semanas de prórroga.

Dentro de estas seis proposiciones se encuentran tres textos que obtuvieron el visto bueno del Senado, pero que se mantienen paralizados en el Congreso. Es el caso de la iniciativa para reconocer a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad; la modificación de la ley de Defensa para controlar las misiones militares en el extranjero, y la reforma de las bonificaciones a la Seguridad Social en Ceuta y Melilla.

«No son sus Presupuestos»

En la misma reunión de la Mesa del pasado martes, los representantes del PP expresaron igualmente su rechazo al veto del Gobierno de Sánchez -tramitado por la presidenta Armengol- a su proposición de ley sobre las ayudas para paliar los efectos de la DANA. «Lo consideramos un veto no justificado porque no son los Presupuestos de este Gobierno los afectados, sino los de otro Ejecutivo, de otra legislatura», aseguraron los miembros del Grupo Popular que capitanea el portavoz Miguel Tellado, según relatan las fuentes parlamentarias.

Y es que el último Presupuesto validado por las Cortes Generales es el de 2022, aprobado por otro Gobierno, otra legislatura y otro Parlamento distinto al actual. Y además no contenía ninguna partida para hacer frente a una DANA como la que ha ocurrido en octubre de 2024.

OKDIARIO publicó el pasado martes en exclusiva el último veto del Gobierno, en este caso a una proposición de ley del PP con ayudas para los afectados por la DANA. El Ejecutivo impidió siquiera su tramitación en el Congreso por suponer un coste total de 727 millones de euros.

De esta manera, rechazó, por ejemplo, la construcción de 250 viviendas públicas para las víctimas de la riada por elevar el gasto público 25 millones de euros a las arcas públicas, o establecer un tipo cero del IVA para la compra de vehículos por alcanzar un «coste estimado de 441 millones».

Se trata del sexto veto que el Gobierno de PSOE-Sumar aplica a una iniciativa legislativa impulsada por el PP en la presente legislatura desde la Cámara Baja, ya que antes actuó de la misma manera respecto a las proposiciones de los populares sobre sector alimentario, conciliación, talidomida, exenciones fiscales de acontecimientos y tasa de basuras.

En este contexto, Bermúdez de Castro explicó, según las mismas fuentes, que «si el Gobierno puede dar ayudas mediante reales decretos-leyes modificando gastos e ingresos de un Presupuesto que no es el suyo, porque está prorrogado desde la pasada legislatura, y tirando de remanentes o del Fondo de Contingencia, lo lógico sería que los grupos parlamentarios pudieran hacerlo también mediante una proposición de ley».

En caso contrario, como sucede por el veto gubernamental, expuso, «ocurriría que los Grupos tampoco podrían presentar enmiendas a los reales decretos-leyes del Gobierno, porque las vetaría el Ejecutivo alegando disminución de ingresos o aumento de gastos». Además, el vicepresidente segundo del Congreso incidió en que «muchas partidas de los Presupuestos aprobados en 2022 para el año 2023 estarían ya ejecutadas, y habrían liberado fondos para las partidas que pide el PP», enfatizó.