Torres pide al Supremo declarar por escrito en el ‘caso Koldo’ alegando su condición de ministro

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha solicitado al Tribunal Supremo que su declaración como testigo en el juicio del caso Koldo se practique por escrito y no de forma presencial. El dirigente socialista, que recibió su cita el 10 de marzo de 2026 a través de la Unidad de Policía Judicial de la Audiencia Nacional, ha invocado las prerrogativas reconocidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que eximen de comparecer en sala a los presidentes de comunidades autónomas y a los miembros del Gobierno de España.

El ministro ejerció la presidencia del Gobierno de Canarias entre 2019 y 2023, periodo al que, según él mismo ha señalado, se refieren los hechos sobre los que habrá de testificar.

La citación llegó a Torres a través de correo electrónico remitido por la Policía Judicial a su email institucional. El mismo día de su recepción, a las 18:48 horas, el ministro acusó recibo e hizo llegar a la Unidad de Policía Judicial su solicitud firmada de declaración escrita.

En su escrito dirigido a la Sala de lo Penal, Torres ha expuesto que ostenta «en la actualidad el cargo de ministro de Política Territorial y Memoria Democrática del Gobierno de España, responsabilidad que desempeño desde el mes de noviembre de 2023», y que con anterioridad ejerció «el cargo de presidente del Gobierno de Canarias durante el periodo 2019-2023». Con ese doble argumento —ex jefe autonómico y actual miembro del Consejo de Ministros— ha reclamado el procedimiento escrito.

El artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal incluye entre quienes están exentos de la obligación de declarar de forma presencial a los presidentes de las comunidades autónomas. A ello se suma el apartado primero del mismo precepto, que otorga idéntica exención a los miembros del Gobierno de la nación.

Torres ha subrayado que «los hechos que se juzgan y las cuestiones sobre las que se requerirá mi testimonio versan sobre el período en el que ostento la Presidencia» del Ejecutivo canario, y ha pedido en consecuencia que el Supremo le remita «el oportuno pliego de preguntas, que será contestado por escrito y remitido a esa Excma. Sala en la forma legalmente prevista».

La solicitud ha sido trasladada a los procuradores de las partes personadas en la causa a través del sistema LexNet, junto con el resto de escritos e incidencias acumuladas en los días previos.

La petición de Torres se produce en un momento especialmente sensible del procedimiento. El juicio oral, cuyas sesiones se extenderán hasta finales de abril de 2026, tiene como principales acusados a Víctor de Aldama, a Koldo García y al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos. Las acusaciones les atribuyen un papel en la presunta adjudicación irregular y mordidas en contratos para el suministro de mascarillas durante la pandemia de covid-19, en un entramado que habría involucrado a distintas administraciones y empresas, entre ellas Tragsatec e Ineco.

Torres no figura entre los acusados, sino como testigo, y su nombre ha emergido en la causa en relación con el período en que presidió el Gobierno de Canarias, comunidad autónoma que participó en las gestiones de compra de equipos de protección individual durante la pandemia. Su condición de ministro en activo desde noviembre de 2023 añade un cariz político innegable a su comparecencia, aunque la decisión sobre el formato de la declaración corresponde en exclusiva al tribunal.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo, que dirige la instrucción y el enjuiciamiento de la causa desde 2020, debe ahora resolver si admite la solicitud de Torres o le exige una comparecencia presencial. La respuesta del tribunal marcará también un precedente sobre cómo se articula, en la práctica, la declaración de ministros en ejercicio en procedimientos penales de esta envergadura. De hecho la decisión podría afectar a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, líder del PSOE balear, que también compró material a la trama desde el Ejecutivo insular.

Primero Aldama

Además, el Supremo ha resuelto este viernes varias incidencias clave. Ha fijado el orden de declaración de los acusados para el 28 de abril —primero Aldama, luego Koldo y por último Ábalos— y ha tomado nota de que el Ministerio de Transportes reconoce que no existen documentos oficiales sobre la previsión de mascarillas de marzo de 2020 aunque sí correos electrónicos.

Seis años después de que se abriera la investigación sobre los contratos de mascarillas —firmados en plena vorágine pandémica—, el caso Koldo llega a su recta final con un ministro que prefiere responder por escrito a lo que un día se negoció de palabra.