Susana Díaz copia la ‘comisión de la verdad’ de Sánchez sobre la Guerra Civil y el franquismo

En la tierra de Antonio Machado («¿Tú verdad? no, la verdad; y ven conmigo a buscarla. La tuya guárdatela»), el PSOE andaluz que lidera Susana Díaz promete implantar ‘la Verdad’, con mayúsculas, sobre la Guerra Civil y el franquismo. Lo hará con el mismo instrumento que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aplicará en España: una ‘comisión de la verdad’.

La promesa está recogida en el punto 618 del programa electoral. Bajo el epígrafe «Comisión independiente para un relato de la verdad», el PSOE andaluz se compromete a «poner en marcha una comisión independiente compuesta por expertos en distintos ámbitos, en el marco del Consejo de la Memoria, que elabore un informe riguroso e integral que permita establecer un relato compartido en favor de la verdad, la reparación y la garantía de no repetición sobre la represión franquista en Andalucía».

La formación de Susana Díaz establece que su denominada «memoria histórica y democrática» es un derecho de los andaluces. Y la define textualmente así: «Una Memoria de todos y todas para todos, cada vez más representativa de una sociedad que tiene como objetivo primordial alcanzar la máxima capacidad reparadora, desde la recuperación de los restos de las víctimas, desde el recuerdo y el homenaje a través de los espacios de Memoria, y, por supuesto, desde el conocimiento de la Verdad y la difusión de la misma, como vehículo para una pedagogía de la paz y la reconciliación, de asimilación y la concienciación de la sociedad para alcanzar el ‘Nunca más’, esto es, la no-repetición de la barbarie».

El PSOE de Susana Díaz se compromete a aumentar el presupuesto para «la indagación e investigación histórica, localización, exhumación e identificación de víctimas de la Guerra Civil y la Posguerra, elaborando un nuevo Protocolo de Exhumaciones y creando el Banco de ADN», así como a «crear el Censo de Víctimas y establecer líneas específicas de colaboración con colectivos singularmente represaliados por su orientación sexual (LGTBI), masones,
trabajadores forzados, exiliados o niños y niñas sustraídos».

Especial atención se pondrá en «fomentar el estudio y divulgación de la represión específica de género sufrida por las mujeres durante la Guerra Civil y el franquismo».

Penas del cárcel

La proposición de ley para la reforma de la ley de Memoria Histórica que el PSOE ha presentado en el Congreso de los Diputados plantea duras sanciones para quienes la incumplan. Entre ellas, penas de hasta cuatro años de cárcel o quince de inhabilitación para el empleo o cargo público para autoridades y funcionarios, y de cuatro años para particulares o profesionales de comunicación.

“Aunque el espíritu de la ley de Memoria se basa en unos principios humanitarios, el tiempo ha demostrado la necesidad de introducir sanciones y plazos contra todos aquellos que, aún tras 40 años de democracia, no han asumido su deber de cumplimiento con las leyes y la Memoria Histórica”, explican los socialistas para proponer un nuevo catálogo punitivo.

Entre las sanciones más duras están las que afectan a la autoridad o cargo público cuando, “por sí mismo o como miembro de un organismo colegiado hubiese resuelto o votado en contra de medidas que supongan la aplicación y desarrollo de leyes o disposiciones normativas de carácter general relativas a la memoria democrática y a la reparación de víctimas de la Guerra Civil Española y del franquismo, resultando en el bloqueo e incumplimiento de las mismas”. En estos casos, podrán ser castigados con penas de prisión de hasta cuatro años e inhabilitación especial para el empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante hasta quince años.