El Tribunal Supremo admite a trámite el incidente de nulidad presentado por la defensa del ex presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, contra la sentencia que ratificó su condena de seis años y dos días de cárcel por prevaricación y malversación por el caso de los ERE fraudulentos y las ayudas arbitrarias a empresas.

Un recurso que, al ser admitido, no suspende ni paraliza la entrada inminente en prisión del ex líder del PSOE Andaluz. Esta situación ya la avisaba el tribunal el pasado 15 de noviembre.

El siguiente paso es que los magistrados del Supremo van a estudiar este incidente tras concluir en su sentencia que el dirigente socialista tenía «conocimiento de la ilegalidad» del sistema implantado, señalando su «pasividad» ante el «despilfarro y la arbitrariedad» con la que se concedieron las ayudas.

Todo esto después de que La Fiscalía Anticorrupción pidiera el ingreso inmediato en prisión de Griñán y el resto de ex altos cargos socialistas con condenas de cárcel por el caso de corrupción de los ERE.

Los jueces decidieron preguntar a las partes antes de decidir si se ejecutaba la sentencia con respecto al delito de malversación atendiendo al artículo 4 del Código Penal que dice: «Si mediara petición de indulto, y el juez o tribunal hubiere apreciado en resolución fundada que por el cumplimiento de la pena puede resultar vulnerado el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, suspenderá la ejecución de la misma en tanto no se resuelva sobre la petición formulada».

La semana pasada, Griñán solicitó a la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ampliar en «tres meses» el plazo de 10 días fijado para su ingreso voluntario en prisión. Según alegó su defensa, es necesario «evitar un cumplimiento (de la pena de cárcel) que pudiera ser fallido, indebido innecesario o improcedente».

Indulto

Y es que el Gobierno de Sánchez aprovechó los medios de comunicación para enviar un mensaje poco dudoso al tribunal sentenciador sobre la posible concesión del indulto a Griñán. Los magistrados, tras valorar las probabilidades de que el condenado pueda beneficiarse de esta medida de gracia, decidieron paralizar temporalmente la ejecución de la sentencia a la espera de que se pronuncie el resto de las partes. Así, explicaron fuentes judiciales a OKDIARIO, Griñán cuenta con un beneficio «con el que no contaría ningún ciudadano de a pie si fuese condenado». Y añaden: «Y es que el Ejecutivo no se pronuncia públicamente sobre la posible concesión a cualquier español de esta medida de gracia antes de que el tribunal sentenciador ordene la ejecución de la pena».

El Ministerio Fiscal respondió con contundencia a la pregunta de la Audiencia Provincial. En un documento, Anticorrupción se opone a la suspensión de ejecución de las penas, es decir, a aplazar el ingreso en prisión de los condenados hasta que se resuelvan los recursos y el Gobierno de Pedro Sánchez decida sobre las peticiones de indultos presentadas por las familias de Griñán y el resto de condenados con penas de cárcel.