Los suicidios de policías han aumentado un 56% en 2 años con Marlaska: de 16 muertos en 2023 a 25 en 2025

Los suicidios entre agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil han repuntado un 56% en apenas dos años, pasando de 16 casos en 2023 —el mínimo histórico desde 2004— a 25 en 2025, según datos oficiales obtenidos por OKDIARIO. El deterioro se ha producido bajo la responsabilidad del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien pilota desde 2018 la cartera de seguridad del Estado sin que ninguna de las medidas adoptadas haya logrado consolidar la mejora que brevemente apuntaron los datos de 2023.

El año 2023 había despertado cierto optimismo en los servicios de salud mental de ambos cuerpos. Con 16 fallecimientos, fue el ejercicio con menos suicidios de los últimos veinte años, por debajo incluso de 2018, cuando se registraron 17. Ese breve alivio ha durado poco: 2024 cerró con 24 casos y 2025 ha sumado 25, el segundo peor dato desde 2021.

En total, desde que Grande-Marlaska asumió la cartera de Interior en junio de 2018, han muerto por suicidio 172 agentes de las fuerzas de seguridad del Estado: 17 en 2018, 19 en 2019, 19 en 2020, 30 en 2021, 22 en 2022, 16 en 2023, 24 en 2024 y 25 en 2025.

El peor año de todo el periodo —y de toda la serie histórica disponible desde 2004— fue precisamente 2021, también bajo su mandato, con 30 suicidios: 15 en la Guardia Civil y 15 en la Policía Nacional.

Suicidio policial por cuerpo

La Guardia Civil ha concentrado históricamente el mayor número de fallecimientos. Desde 2004, ha registrado 265 casos frente a los 207 de la Policía Nacional, sobre un total de 472. En 2025, el desglose es de 13 guardias civiles y 12 policías nacionales.

El perfil de los fallecidos es consistente a lo largo de toda la serie. Se trata mayoritariamente de hombres —446 de los 472 casos, frente a 26 mujeres— y la franja de edad más castigada es la comprendida entre los 35 y los 44 años, con 186 casos, lo que sitúa el drama en agentes en plena madurez profesional.

Todos se encontraban en «servicio activo» en el momento del fallecimiento, aunque los datos reconocen que se desconoce «si estaban de baja laboral en el momento del fallecimiento».

La distribución territorial presenta a Andalucía como la comunidad autónoma con más casos documentados, con 60, seguida de la Comunidad de Madrid con 56 y la Comunitat Valenciana con 30. No obstante, 187 de los 472 registros figuran «sin datos» de adscripción geográfica, lo que impide un análisis territorial exhaustivo. Tampoco se dispone de información sobre si los hechos ocurrieron en entornos urbanos o rurales.

Vacíos informativos

La respuesta a OKDIARIO evidencia además una llamativa escasez de información. No se dispone de datos sobre la antigüedad en el cuerpo ni sobre la categoría profesional de los fallecidos, dos variables que los especialistas en salud mental laboral consideran esenciales para identificar patrones de riesgo. Esta parquedad documental ha sido denunciada por asociaciones de agentes como uno de los principales obstáculos para diseñar intervenciones preventivas eficaces.

El suicidio en las fuerzas de seguridad arrastra en España décadas de invisibilidad institucional. Hasta bien entrados los años 2010, ninguno de los dos cuerpos contaba con protocolos específicos de prevención equiparables a los de otras policías europeas.

La cuestión comenzó a ganar presencia pública en los últimos años, cuando diversas asociaciones de agentes denunciaron la ausencia de recursos de salud mental adaptados a las especificidades del trabajo policial: exposición continuada a situaciones traumáticas, acceso permanente al arma reglamentaria, una cultura organizativa que históricamente ha penalizado la expresión de vulnerabilidad emocional y turnos irregulares que dificultan la conciliación familiar.

El Ministerio del Interior impulsó algunas iniciativas de apoyo psicológico durante la legislatura 2020-2023, insuficientes a juzgar por la evolución posterior de los datos. El mínimo histórico de 2023 podría haber representado un punto de inflexión; los números de 2024 y 2025 indican que no lo fue.

La serie completa desde 2004 suma 472 agentes muertos, una media que oscila con pertinaz regularidad en torno a los 22 suicidios anuales con independencia del color del gobierno de turno. Ningún presidente, ningún ministro y ningún plan ha logrado todavía quebrar esa cifra de manera sostenida.

Dieciséis muertos en 2023. Veinticinco en 2025. En el lenguaje aséptico de las estadísticas, la diferencia es de nueve casos. En el lenguaje de la realidad, son nueve agentes que portaban un arma reglamentaria, que estaban en «servicio activo» y de los que el Estado no sabe, o no quiere decirnos, cuántos años llevaban en el cuerpo ni qué graduación tenían.