Sánchez desoye la petición de Murcia para asumir competencias y actuar de urgencia en el Mar Menor
López Miras pide a Sánchez que el Mar Menor sea declarado zona de emergencia tras la muerte de miles de peces
García Egea acusa al Gobierno de «mirar para otro lado» con el desastre ecológico del Mar Menor
El PP propone declarar el Mar Menor zona afectada por una emergencia e impedir los vertidos
El Gobierno de Murcia ha planteado al Ejecutivo de Pedro Sánchez que le permita asumir ciertas competencias para aplicar un plan de acción inmediato sobre el mar Menor, aquejado estas semanas de una grave crisis ecológica. Murcia incluso ha propuesto al Gobierno central asumir la construcción -con fondos propios- de un colector que permita evitar el vertido de agua contaminada con nitratos al Mar Menor, pese a que eso debería ser una intervención estatal. Tras días con la propuesta sobre la mesa aún no ha recibido respuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Murcia ha identificado dos líneas de acción clave para frenar la grave crisis ecológica que registra estos días el Mar Menor. La primera sería la construcción del llamado ‘colector norte’ de la Rambla del Albujol, que evitaría el vertido diario de los 30 millones de litros de agua con fertilizantes que afecta a la fauna marina. Una obra que corresponde su realización al Gobierno central, pero que la Región de Murcia se ha ofrecido para cubrir su coste -unos 70 millones de euros-.
La segunda de las actuaciones sería el dragado de la gola de Marchamalo, una franja de tierra que separa el agua del Mar Menor de la del mar Mediterráneo. Este último, señalan fuentes autonómicas, podría ser clave para dar un respiro inminente a la crisis actual. Supondría abrir una parte del Mar Menor para permitir la entrada de agua del Mediterráneo. Eso podría tener un efecto inmediato, ya que permitiría la entrada al Mar Menor de agua con carga de oxígeno y evitar así la muerte de más peces.
La falta de oxígeno es precisamente el efecto que produce en el agua el vertido de 5.000 toneladas diarias de nitratos. Por ello, el Gobierno de Murcia le ha ofrecido al Ministerio de Teresa Ribera acometer esas obras de forma inmediata. Se trata de una competencia estatal que requiere el permiso del Gobierno. Sin embargo, según confirma a OKDIARIO el consejero de Presidencia de la Región de Murcia, Marcos Ortuño, el ministerio sigue dando la callada por respuesta. «Si fuéramos Cataluña, esto ya estaría resuelto hace tiempo», advierte.
«Sabemos lo que hay que hacer y estamos dispuestos a hacerlo, ahora sólo hace falta que nos dejen», aseguró el presidente regional, Fernando López Miras, una vez presentada su propuesta al Ministerio de Teresa Ribera.
Cortar regadíos ilegales
Por otra parte, señalan fuentes autonómicas, sobre el Gobierno de Pedro Sánchez recaen las competencias sobre los regadíos ilegales. Es la Confederación Hidrográfica del Segura la que tiene la capacidad de cerrar el suministro de agua a quienes utilizan de forma irregular el regadío, pero a pesar de ser detectados y denunciados pueden continuar con estas prácticas. Nadie les corta el agua, dejando todo a expensas de un proceso burocrático de expedientes que debe cubrir la Región de Murcia. Desde el pasado viernes, explican, los plazos de esos expedientes se han recortado tras modificar el decreto para agilizar los trámites.
Los ofrecimientos por parte del Gobierno regional al central para hacerse cargo del problema e intervenir de inmediato contrastan con el silencio que han recibido de momento por respuesta. Pero fuentes autonómicas admiten que todo el asunto tiene una lectura política: «El PSOE ha dado por amortizada a Murcia», explican. Dados los malos resultados electorales en la región -donde ni siquiera tienen un senador-, el Gobierno de Sánchez «deja correr el tiempo para ver si puede sacar rédito político» de la situación.
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