Sánchez asfixia a la Casa Real: la falta de Presupuestos obliga por primera vez a Felipe VI a tirar de ahorros para pagar nóminas
La prórroga de los Presupuestos desde 2023 exige gastar reservas propias por primera vez para nóminas
La Casa de Su Majestad el Rey ha cerrado el ejercicio 2025 con un resultado económico patrimonial negativo de 719.334 euros, una cifra que se acerca al millón de euros si se suma el ejercicio anterior con casi 100.000 euros en números rojos.
El informe de auditoría del Tribunal de Cuentas, fechado este 25 de junio de 2026 y consultado por OKDIARIO, atribuye buena parte de este desajuste a que la asignación procedente de los Presupuestos Generales del Estado lleva congelada desde 2023, al no haberse aprobado nuevas cuentas públicas durante el Gobierno de Pedro Sánchez.
El Rey Felipe VI ha aprobado estas cuentas el pasado 29 de junio en el Palacio de la Zarzuela, en virtud del Real Decreto de 1988 sobre la reestructuración de la Casa de S.M. el Rey.
La dotación estatal se ha mantenido en 8.431.150 euros, exactamente la misma cuantía que en 2023 y 2024, al haberse prorrogado los presupuestos aprobados mediante una ley firmada el 24 de diciembre de 2022. Mientras tanto, los gastos de la institución han seguido lógicamente creciendo.
Reservas para sobrevivir
La memoria de las cuentas reconoce sin rodeos que la tesorería disponible al cierre de 2025, de 4.132.954,20 euros, es inferior a la de 2024 «debido principalmente a que la asignación procedente de los Presupuestos Generales del Estado no ha sido suficiente para financiar el gasto presupuestario».
Ante esa insuficiencia, la Casa Real ha tenido que recurrir «de nuevo» al fondo de remanentes propios, una expresión que delata que no es la primera vez que ocurre.
La novedad de 2025 es que ese fondo se ha usado, «por primera vez», también para gastos de personal, y no sólo para inversiones como en años anteriores.
Este mecanismo se ha materializado a través de tres suplementos de crédito por un total de 983.403 euros, una cantidad que, según el propio documento, «no supone ingresos adicionales sino la utilización de recursos financieros propios de la Casa de Su Majestad el Rey».
El resultado es una sangría de caja: la tesorería ha caído 810.558,11 euros en 2025, después de haber caído ya en 2024. Son dos ejercicios consecutivos de consumo acelerado de reservas.
Un parche que llega tarde
El Consejo de Ministros aprobó el 23 de diciembre de 2025 una transferencia adicional de 250.000 euros destinada a financiar subidas retributivas en el sector público. Sin embargo, ese dinero no llegó a la cuenta de la Casa Real en el Banco de España hasta el 5 de enero de 2026, ya en el ejercicio siguiente.
Por el principio contable de devengo, esa cantidad figura como derecho pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2025, aunque presupuestariamente se imputará a 2026. Un desfase que ilustra el desacompasamiento entre las necesidades reales de la institución y los tiempos de respuesta del Ejecutivo de PSOE y Podemos.
Asignación congelada
La asignación a la Casa Real, fijada en la Constitución, según la cual «el Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma», lleva sin actualizarse desde la Ley de Presupuestos de 2023.
Su Majestad el Rey aprobó la distribución de esa partida para 2025 el 23 de diciembre de 2024, en ejercicio de la facultad que le otorga la Constitución «en tanto no se procediese a la aprobación de una Ley de Presupuestos Generales del Estado».
Esa congelación contrasta con la evolución del gasto. Los gastos de personal han ascendido a 4.924.631 euros en 2025, frente a 4.746.569 euros en 2024. Los gastos corrientes en bienes y servicios han alcanzado 3.085.034 euros.
Además, las inversiones reales han sumado 1.380.414 euros, destinadas principalmente al proyecto TDS de seguridad en las comunicaciones y al Plan estratégico 2025-2026 de sistemas de información.
Cuentas aprobadas sin reparos
A pesar de estos datos, el Tribunal de Cuentas no detecta irregularidades de fondo. En su dictamen, firmado por la presidenta Enriqueta Chicano, concluye que las cuentas «expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera» de la institución, y afirma que «no existen cuestiones clave o riesgos más significativos considerados en la auditoría que se deban comunicar».
El grado de ejecución del presupuesto de gastos ha alcanzado el 99,74%, según el estado de liquidación incluido en las cuentas, una cifra que demuestra que la institución ha agotado prácticamente hasta el último euro disponible para cuadrar su actividad anual.
La paradoja es evidente: mientras el Estado mantiene petrificada la asignación a la Corona desde hace tres ejercicios, la institución se ve obligada a hacer encaje de bolillos con su propio patrimonio para sostener nóminas, comunicaciones y la modernización tecnológica de Zarzuela. Si la tendencia de los dos últimos años se mantiene, las reservas que hoy sirven de colchón podrían convertirse, en pocos ejercicios, en papel mojado.
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