Rita Maestre y el edil de Economía de Carmena se suman a la protesta contra un desahucio

La portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, se ha acercado en la mañana de este viernes a la concentración que trata de parar el desahucio de una familia de su vivienda situada en la calle Argumosa, 11, en el barrio de Lavapiés.

Otros miembros de Podemos como el delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda del Ayuntamiento, Jorge García Castaño, también se han acercado hasta el lugar para apoyar la concentración de decenas de personas que tratan de frenar por tercera vez el desalojo de esta vivienda.

Pepi Santiago, una mujer viuda de 65 años, y sus dos hijas de 27 y 28 años, que viven en el bloque desde hace más de 20 años, residen en el cuarto piso de este edificio. Durante este verano se han aplazado dos desahucios a la familia, después de acreditar, en un principio, que no tiene alternativa habitacional.

El bloque fue adquirido por la empresa Inversión en Proindivisos S.L., que según esta vecina, la única intención que tienen «especular y hacer pisos de alquiler vacacional».

Acampada nocturna

Decenas de personas están esperando a la comisión judicial entorno a las tiendas de campaña dónde han dormido esta noche. Asimismo están tocando música para animar el ambiente.

Según un portavoz de Bloques en Lucha, ha sido la Delegación del Gobierno en Madrid la que ha ordenado retirar el cordón policial, que contaba con varios efectivos del Cuerpo. Decenas de personas han acampado en la noche de este viernes en las puertas de la vivienda para tratar de para este desahucio.

Pepi se ha asomado en numerosas ocasiones por la ventana de su casa para observar la situación que hay en la calle, donde la Policía Nacional ha retirado el dispositivo de seguridad que había montado a las 6 horas.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas ha exigido la paralización del desahucio de esta vivienda previsto para este viernes a las 9:30 horas en la calle de manera «indefinida» y hasta que la Administración Pública «no garantice una alternativa habitacional».