Las reclamaciones contra el Gobierno por opacidad se han duplicado desde que gobierna Sánchez
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Las reclamaciones al Consejo de Transparencia no paran de subir desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno. Los datos del Consejo de la Transparencia revelan un aumento de las quejas presentadas ante este organismo oficial por la opacidad que reina en las respuestas del Ejecutivo ante peticiones de acceso a información pública por parte de la ciudadanía en base a la Ley de Transparencia.
Así lo revela el informe estadístico a cierre del ejercicio 2021 de esta entidad que vela por el cumplimiento de la Ley 19/2013. El total de reclamaciones totales presentadas contra resoluciones de la Administración General del Estado en 2021 fue de 1.086 entre enero y diciembre. Con Mariano Rajoy en el Gobierno se registraban del orden de 550 reclamaciones al año. Pero ya en 2018 se tramitaron 755; en 2019, 927; y en 2020, 949. Por tanto, el récord se ha registrado en el ejercicio que acaba de terminar. Entre 2017 y 2021 se multiplicado por dos los expedientes contra el Ejecutivo central.
De acuerdo a los datos ofrecidos por el Consejo, en 2021 se estimaron 442 reclamaciones. Es decir en todos esos casos se dio la razón al reclamante, esto es, el ciudadano que pedía información al Gobierno. Es decir, 442 varapalos al Ejecutivo de Pedro Sánchez por esconder información y documentos que debían ser públicos.
A pesar de las resoluciones, en muchas ocasiones el Gobierno hace oídos sordos y aun así no entrega los datos pedidos. Otras veces el Gobierno lleva las resoluciones ante la Justicia. Por ejemplo, en 2021 se han contabilizado al menos 20 recursos contencioso-administrativos para intentar blindar la opacidad de documentos que los expertos independientes consideran que deben ver la luz.
Desde la llegada de Sánchez al Palacio de La Moncloa viene destacando en sus informes que «las cifras reflejan que hay un aumento considerable de los casos que llegan al Consejo al entender los ciudadanos que los organismos públicos no han respetado su derecho de acceso a la información».
Falcon y vacaciones
Entre las reclamaciones más habituales y llamativas están, por ejemplo, las relativas a los viajes en medios de transporte oficiales -el avión Falcon y el helicóptero Super Puma- y de las residencias de Patrimonio Nacional por parte del presidente. En ocasiones el Ejecutivo recurre a la ley de secretos oficiales procedente del franquismo y en otras a la seguridad nacional. A pesar de que el Consejo estima muchas de estas reclamaciones desde que es presidente, Sánchez no cede un ápice y guarda la información bajo llave. Costes totales y desglosados, número de viajes, medios personales empleados, contaminación emitida, listado de invitados… ningún aspecto sobre sus viajes es objeto de transparencia desde 2018. Los traslados a mítines del PSOE, a la boda de su cuñado en La Rioja o al festival de música FIB fueron los casos más llamativos de los que han trascendido.
El Gobierno se escuda, una y otra vez, en que se trata de materia clasificada por asegurar la integridad física de los altos cargos. En todo caso, el Consejo de la Transparencia concluyó que la información «no puede implicar ningún perjuicio a la seguridad del Estado o a la integridad de la autoridad que se desplaza- teniendo en cuenta que se trata de hechos ya acaecidos».
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