Los que venían a acabar con los desahucios: la policía de Carmena ha participado en 12.000

Los desahucios, en palabras de Barbero, «no son un problema de seguridad sino social». «Apoyamos la ley antidesahucios de la PAH», ha contestado a la concejala del PP Inma Sanz, en la comisión del ramo. El edil de Carmena ha acusado al partido conservador de «mercantilizar el derecho al acceso a la vivienda hasta la obscenidad».

Sanz ha llevado a la comisión de Seguridad «una de las grandes mentiras del populismo», que la Policía Municipal no iba a acudir a los desahucios. «Déjense de estar en despachos encargando informes porque prometieron parar los desahucios y lo único que han hecho es poner en marcha una oficina que cerraron a los pocos meses y no han hecho nada en construcción de vivienda pública», ha espetado la concejala del PP.

Barbero le ha contestado que los policías municipales van a los desahucios por mandato judicial. «No intervienen de motu propio. Es tan sencillo como la separación de poderes, que parece que a ustedes se les olvida», ha replicado el delegado al PP.

«Violencia innecesaria»

«Los policías municipales van a 12.000 desahucios en el mandato de Manuela Carmena. ¿Creen que antes iban de motu propio? Lo que nos dijo fue una mentira», ha respondido Inma Sanz, que ha criticado las palabras de la delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras, cuando calificó de «violencia innecesaria» la presencia de la Policía Municipal en los desahucios. «No es tolerable que diga eso cuando están cumpliendo con su trabajo», ha añadido.

El edil de Carmena subraya que ya no van los policías antidisturbios a los desahucios y que los que van lo hacen «por mandato judicial»

Javier Barbero ha insistido en que los agentes municipales acuden a los desahucios «por mandato judicial» y que ahora, por una decisión tomada por él, las Unidades Centrales de Seguridad, conocidas como los antidisturbios de la Policía Municipal, ya no acuden.

Barbero ha acusado directamente al PP de ser responsables de muchos de esos 12.000 desahucios por la venta de vivienda pública a fondos buitre, que ha derivado en la condena lanzada desde el Tribunal de Cuentas para que la exalcaldesa Ana Botella y su Junta de Gobierne paguen 25 millones de euros por la venta de pisos públicos a dos sociedades del fondo buitre Blackstone a un precio por debajo del mercado en 2013.

«Es una cuestión de defender el derecho a la vivienda. Dejen de criminalizar a las víctimas y de matar al mensajero», en este caso a la Policía, ha añadido el delegado, que ha destacado algunas medidas del Gobierno municipal para tratar de paliar el déficit de vivienda pública construyendo vivienda en alquiler y tratando de regular los precios del mercado. «Hay que conseguir que el derecho a la vivienda no sea un derecho desahuciado», ha terminado.