El bloque socialista del Tribunal Constitucional, capitaneado por Cándido Conde-Pumpido, urde un complot para abortar el Pleno extraordinario que debe resolver el recurso del PP que intenta detener el asalto al Poder Judicial antes de que el PSOE y sus socios aprueben la reforma legal este jueves en el Congreso. El plan de Conde-Pumpido pasa por impedir que el Pleno del Constitucional alcance el quórum necesario para poder decidir sobre el recurso de amparo del PP.

Fuentes internas de la Corte de Garantías aseguran a OKDIARIO que los magistrados Cándido Conde-Pumpido, Ramón Sáez e Inmaculada Montalbán –afines al PSOE– no votarán en el Pleno extraordinario, si finalmente se celebra este jueves por la mañana, alegando que «no han tenido tiempo» para analizar el recurso presentado por el PP. Las mismas fuentes explican que Conde-Pumpido ha transmitido que «se encuentra enfermo» y que previsiblemente mañana ni siquiera pueda acudir.

La estrategia trazada por el bloque socialista del Constitucional consiste en ausentarse de la reunión para no llegar al quórum necesario –ocho miembros– e impedir su celebración. De esta manera, los urdidores de este plan intentan conseguir que no se aprueben las medidas cautelarísimas solicitadas por el PP para que este jueves por la tarde no se vote en el Congreso de los Diputados la modificación exprés del Gobierno sobre la ley orgánica del Consejo General del Poder Judicial y la relativa al propio Constitucional.

Por el momento las cuentas que manejan en el Constitucional son las siguientes: al Pleno se presentarán todos los conservadores. Estos son: el presidente, Pedro González-Trevijano, y los magistrados Santiago Martínez-Vares, Antonio Narváez, Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo y Concha Espejel. Estos suman seis y necesitan necesariamente a dos miembros más para poder celebrar el Pleno.

El vicepresidente, Juan Antonio Xiol, propuesto por los socialistas, le ha comunicado al presidente que acudirá porque tiene una «responsabilidad institucional». Por su parte, María Luisa Balaguer, del sector izquierdista, también está dispuesta a asistir porque tiene un interés propio: ganar la batalla de la presidencia a Conde-Pumpido. Si Sánchez asalta el Constitucional consumará su plan de convertir al que fuera fiscal general del Estado con José Luis Rodríguez Zapatero en sucesor de González-Trevijano.

Ahora, el Constitucional cuenta con el número mínimo para poder celebrar el Pleno. Pero las mismas fuentes temen que el vicepresidente Xiol o Balaguer reciban «un toque de atención» desde La Moncloa para que no acudan o, en su caso, no voten. Si uno de estos dos cede a los chantajes de Sánchez, el Pleno no podrá celebrarse mañana y el presidente del Gobierno y sus socios sacarán adelante una reforma exprés que permitirá el asalto al Poder Judicial.

Recurso del PP

El recurso de los populares se dirige contra el acuerdo de la Mesa de la Comisión de Justicia, del pasado lunes 12 de diciembre, por el que se admiten, entre otras, las enmiendas planteadas por el PSOE y Unidas Podemos en el marco de la proposición de ley por la que se deroga el delito de sedición.

En dichas enmiendas, el PSOE y Unidas Podemos proponen pasar de una mayoría de tres quintos, que ahora requiere al menos 11 votos, a una simple para que el Consejo General del Poder Judicial designe a sus dos candidatos al Constitucional y que, en caso de que el órgano de gobierno de los jueces siga incumpliendo su obligación de enviar dos aspirantes al Tribunal de Garantías, se puedan exigir a sus vocales responsabilidades penales.

Además, dicha enmienda contempla que, en lugar de que cada uno de los 18 vocales proponga y vote a dos candidatos sea sólo a uno, lo que, según explican las fuentes del CGPJ, garantizará que los dos más votados sean los aspirantes elegidos por cada bloque del Consejo (el conservador y el de izquierdas). Esto es, en el caso del sector de izquierdas, el magistrado José Manuel Bandrés que apoya a Cándido Conde-Pumpido y le votará para presidir el Constitucional.

La secretaria general del PP y portavoz en la Cámara Baja, Cuca Gamarra, explicó que el recurso incluye una medida cautelarísima destinada a que se suspenda la ejecución de los acuerdos que afectan a las dos enmiendas. Gamarra recalcó que el recurso se presenta, sobre todo, «por la rapidez con la que el Gobierno ha actuado, impidiendo el debate necesario y los informes preceptivos» de una reforma que afecta a asuntos tan sensibles como el Código Penal, y por haber incluido una modificación que afecta a la ley que regula el poder de los jueces en esa misma reforma. «Ante semejante ataque del orden constitucional y semejante ataque al Estado de derecho es por lo que hemos acudido al TC», zanjó la número dos de Alberto Núñez Feijóo.