Puigdemont preparaba un decreto Ley de ‘integración’ para policías, fiscales y jueces españoles

El Govern independentista de Carles Puigdemont ultimaba un decreto ley de «integración» para policías, fiscales o jueces españoles tras la proclamación de la República de Cataluña en el plazo de 1 mes.

En un un informe policial del sumario sobre la organización del 1-O que instruye el Juzgado de Instrucción nº 13 de Barcelona, al que ha tenido acceso OKDIARIO, la Guardia Civil destaca la intervención de una funda transparente con una copia del «decreto-ley del régimen de integración del personal de las Administraciones del Estado español en las Administraciones de Catalunya e incorporación de nuevo personal». Dicha documentación fue intervenida al entonces secretario de Hacienda de la Generalitat de Cataluña de ERC, Lluís Salvadó.

Los investigadores subrayan de este documento fechado en el 22 de junio del año pasado su primer párrafo, que consideran revelador: “Sea notorio a todos los ciudadanos que el Govern ha aprobado y yo, como máximo representante del estado catalán, y de acuerdo con lo que establece el artículo 37.a) de la ley fundacional y de transitoriedad, promulgo el siguiente Decreto-Ley”.

En el folio 2 del citado decreto, se dice que «como objetivos primordiales se encuentra facilitar al personal del Estado español en Cataluña incorporarse a la administración catalana garantizando sus retribuciones y condiciones de ocupación». De esta forma, se definían dos vías de ingreso: la breve, en un plazo de un mes a través de una solicitud, y la automática, pudiendo renunciar en 6 meses a la integración.

En el articulado del documento, se regulan los procedimientos de integración de los funcionarios, del personal laboral, del personal docente no universitario, notarios, registradores y personal de las fuerzas de seguridad del Estado. Respecto a este último colectivo, se dice en el artículo 8, que se elaborará un plan de integración por el Departamento competente en materia de seguridad que tendrá que ser aprobado por el Govern.

Posteriormente, se desarrollan los procedimientos de integración de otros poderes y administraciones públicas: magistrados, jueces, fiscales, abogados fiscales, letrados de la administración de justicia, médicos, forenses, personal de gestión y tramitación procesal y administrativa, de auxilio judicial, personal de la administración local, personal docente universitario y personal al servicio de organismos adscritos o dependientes de otras instituciones del Estado en Cataluña (en este caso, también, será el Govern quien apruebe el acuerdo de integración con indicación del lugar de trabajo que se asigne).

Según este decreto ley que preparaba el Govern de Puigdemont, incluso el personal de la Administración del Estado que presta sus servicios fuera de Cataluña «podría integrarse en la Administración catalana si dispusiese de la nacionalidad catalana y acreditase determinados conocimientos de catalán según el cargo a desarrollar (artículo 14)».

«Llama poderosamente la atención», concluye la Guardia Civil en su informe, «que la entrada en vigor del decreto ley se estableciese para el día siguiente al de la entrada en vigor de la ley fundacional y de transitoriedad».

Las estructuras del Estado catalán

Tal y como señala el mismo informe policial, el Gobierno de Carles Puigdemont en Cataluña encomendó al actual vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés, el desarrollo de cuatro proyectos claves para la nueva República catalana: la sostenibilidad económica, el Banco Central, la autoridad catalana de Inversiones y Mercados y la autoridad catalana de la Competencia.

En el marco de estos encargos, el actual vicepresidente participó en viajes a Irlanda, Londres y Eslovenia “para explicar el contexto político de Cataluña, la hoja de ruta y los distintos escenarios económicos” que los separatistas contemplaban. Aragonés conocía además, según la policía judicial, el programa de visitantes internacionales que colaboraban con el Diplocat.

Respecto a las estructuras del Estado, según añade el informe, Salvadó disponía de documentación relacionada con los presupuestos de un hipotético Estado catalán, así como los planes de tesorería y los presupuestos de la Seguridad Social.