Puigdemont confirma que boicoteará la conferencia de presidentes autonómicos convocada por Rajoy

Desafiar en lo que sea, incluso si con ello no sólo desairas a la mitad de tus conciudadanos, sino que desamparas a todos ellos. Eso es lo que parece que tiene decidido hacer Carles Puigdemont siempre que se le presente la ocasión. Así, el presidente de la Generalitat de Cataluña ha confirmado este martes que boicoteará la sexta Conferencia de Presidentes autonómicos que tiene previsto convocar en las próximas semanas el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy.

Esta será la segunda que organice el líder del PP y la primera con la ausencia ya anunciada de una comunidad autónoma, Cataluña. Sus antecesores en el cargo, como el resto de presidentes de todas las autonomías –incluido el País Vasco–, han participado en las cinco conferencias organizadas desde que el presidente José Luis Rodríguez Zapatero creó en 2004 este foro.

Lo hizo en 2004 y 2005 el socialista Pasqual Maragall, cogió el testigo en 2007 y 2009 su compañero del PSC José Montilla y en 2012, también participó el convergente Artur Mas. La convocatoria de otra Conferencia de Presidentes fue uno de los anuncios de Rajoy en su discurso de investidura en el Congreso la semana pasada: aseguró que ordenará de forma inmediata su organización en el Senado y que quiere «hacer un diagnóstico compartido» con los presidentes autonómicos sobre la reforma del sistema de financiación.

Según precisó, se trata de «poner al día» los principios de solidaridad y cooperación entre territorios y de crear una fórmula de reparto de fondos «estable y suficiente», que no se vea afectada por los vaivenes de los ciclos electorales, las crisis o las bonanzas económicas.

Pero desde la Generalitat se ha asegurado que Puigdemont no acudirá al encuentro precisamente porque ese nuevo sistema de financiación tenía que estar en vigor desde enero de 2014 y que Rajoy no puede ofrecer como un pacto «lo que es una obligación desde hace casi tres años»: «Roza el cinismo», añaden las mismas fuentes.

Una vez al año

Zapatero puso en marcha la Conferencia de Presidentes en 2004, aunque no ha estado reconocida en una ley hasta el año pasado, cuando su existencia se incluyó en Ley de Régimen Jurídico del Sector Público como uno de los órganos de cooperación multilateral.

Su funcionamiento se rige por un reglamento interno de 2009, publicado por el Ministerio de Política Territorial (hoy Administraciones públicas) que dirigía Manuel Chaves.

En él se señala que la Conferencia se reunirá una vez al año, con sede en el Senado, y que su objetivo es debatir «las grandes directrices de las políticas públicas, sectoriales y territoriales de ámbito estatal», las actuaciones «de carácter estratégico» y los asuntos relevantes para el Estado de las Autonomías.

La Conferencia se convocó en 2004 por primera vez y de nuevo en 2005, en ambos casos con la financiación de la Sanidad como asunto central. En 2007, los debates se dedicaron a la financiación de la I+D+i y al reparto del agua, que generaba en ese momento una gran polémica entre comunidades.

Dos años después, se aprobó un acuerdo de lucha contra la violencia de género y se discutió sobre empleo, agricultura, ganadería y pesca y de nuevo sobre la política hidráulica.

Y en 2012, última Conferencia celebrada, se redactó un documento general de compromiso con la consolidación fiscal y el cumplimiento de la senda de estabilidad fijada por Bruselas.

Otro sistema de financiación

El sistema de financiación autonómica tenía que haberse reformado y estar en vigor desde el uno de enero de 2014, cuando expiraba la vigencia de la fórmula pactada en 2009. Se ha actualizado automáticamente pero no se ha abordado una modificación por la crisis económica de los últimos años, según ha argumentado el Ministerio de Hacienda.

El departamento de Cristóbal Montoro creó el año pasado, dentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera, un grupo de trabajo para analizar cómo ha funcionado el sistema, pero el Gobierno ha seguido en funciones más de lo previsto y no se han dado otros pasos. El nuevo ministro, que se conocerá este jueves, tendrá que buscar un acuerdo con las 15 comunidades del régimen común acogidas al sistema.

Todas las autonomías quieren una reforma, pero la queja procede especialmente de dos lados; uno, los gobiernos más perjudicadas por recibir menos fondos en relación a su población, como la Comunidad Valenciana, que calcula que este año por ejemplo le faltan 1.300 millones de euros. De otro, las regiones más ricas y que aportan al sistema, pero quedan después en peor situación de financiación que las que reciben fondos por ser más pobres.

Entre ellas se encuentra Cataluña, con la que el debate sin embargo tiene otro trasfondo porque la Generalitat reclama un sistema fiscal propio como el vasco o el navarro.

También se encuentra en este grupo la Comunidad de Madrid, cuya presidenta, Cristina Cifuentes, llevará a esa Conferencia de Presidentes sus cuentas hechas: el Gobierno regional calcula que deja de recibir mil millones anuales que cree que le corresponden.