El PSOE negocia la amnistía del 1-O pero se opuso a la fiscal de Montoro por blindar «a delincuentes»

El PSOE ya ha dado luz verde a la amnistía al independentismo para lograr los apoyos que le hacen falta a Pedro Sánchez para seguir siendo presidente del Gobierno. La exigencia de Junts y de su líder fugado, Carles Puigdemont, ya está sobre la mesa de negociaciones y el socio prioritario del PSOE, Sumar, le busca encaje legal en la Constitución. Una medida a la carta que, según entienden los juristas, supondría romper el principio de igualdad ante la ley y que el propio PSOE trabajó para tumbar cuando el PP la propuso en materia fiscal porque «garantiza la impunidad a delincuentes».

En junio de 2017, el Tribunal Constitucional se pronunciaba en contra de esa amnistía fiscal tras un recurso del PSOE a la iniciativa planteada por el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Unos días más tarde de conocerse aquel fallo, que declaraba nula la medida, el PSOE presentaba a la Mesa del Congreso una interpelación urgente al ministro, al que con duros términos instaba a dimitir de forma inmediata.

Según ese texto, firmado por el Grupo Parlamentario Socialista, esa amnistía otorgaba un tratamiento «mucho más favorable» para quien había sorteado la ley fiscal del momento, dejando al margen a los ciudadanos que habían cumplido con la ley. Y asumía el PSOE que la amnistía «garantizaba la impunidad a delincuentes».

Entendían entonces los socialistas en dicha moción que la medida planteada por el PP y tumbada por el Constitucional «también obstaculizaba la lucha contra la corrupción», la misma de la que Sánchez hizo bandera para llegar al poder mediante una moción de censura contra el PP. Posicionamientos que ahora, en plena negociación con Junts para alcanzar esa ansiada amnistía para el independentismo, se vuelven en contra del argumentario del PSOE para sostener la cesión.

Tras esa iniciativa, el PSOE llevó al Congreso una moción para instar a la dimisión a Cristóbal Montoro, como responsable político de la amnistía, asegurando que esta había «vulnerando principios constitucionales».

Dudas en la UE

Entre tanto, el Gobierno lleva semanas trabajando en esa propuesta de amnistía para satisfacer a los socios separatistas y lograr la investidura de Sánchez. El propio presidente en funciones ya adelantó esa medida durante una comparecencia en Moncloa, en la que justificó el perdón a los golpistas para «trabajar por la convivencia». «No me corresponde a mí decir si es constitucional o no, sino al Tribunal Constitucional», emplazó incluso Sánchez, insistiendo en que «el diálogo es el método y la Constitución, el marco», sin descartar en ningún momento esta medida, que no está recogida en la Carta Magna.

La amnistía borraría por completo todas las condenas y sanciones impuestas a cargos públicos y activistas inmersos en las distintas causas vinculadas al referéndum ilegal. Entre ellas, por ejemplo, las penas por malversación. La rebaja de este delito -otra de las cesiones de Sánchez a ERC- ya generó la preocupación de la Comisión Europea. En el reciente informe sobre el Estado de Derecho en España, Bruselas ya recogía que: «La reforma de los delitos relacionados con la corrupción introdujo el delito de enriquecimiento ilícito y la revisión del delito de malversación, incluyendo la rebaja de penas en algunos casos, lo que ha sido criticado por las partes afectadas».

El dinero malversado

El separatismo no se conformará con medias tintas. Junts y ERC aspiran a una amnistía total, no sólo penal sino también económica. Esta última se dirime en el Tribunal de Cuentas, que ha fijado para el próximo 14 de noviembre el juicio a los 34 imputados por haber malversado millones de euros públicos en la estrategia secesionista: 3,1 millones de euros según el último cálculo de la Fiscalía -que lo ha ido rebajando conforme ha ido avanzando este proceso-, cinco millones de euros según la acusación popular que ejerce en esta causa Sociedad Civil Catalana (SCC), representada por el bufete de abogados Chapapría-Navarro&Asociados.

Fuentes jurídicas consultadas por OKDIARIO coinciden en que la pretendida ley de amnistía, en caso de prosperar, no podría incluir las responsabilidades contables a las que se enfrentan esos 34 imputados, entre los que se incluyen los ex presidentes independentistas Artur Mas y Carles Puigdemont, y el ex vicepresidente y líder de ERC, Oriol Junqueras, además de varios ex consejeros de la Generalitat.