El presidente del CGPJ contra la amnistía por ser una «contrapartida» para «la investidura de Sánchez»

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, ha criticado la Ley de Amnistía que el Gobierno socialista ha pactado con sus socios independentistas diciendo que se trata de una «transacción política» y una «moneda de cambio de la consecución de una mayoría parlamentaria» para la «investidura de Pedro Sánchez con el voto a favor de todos los diputados de Junts».

El letrado de carrera ha expresado la amnistía «no puede ser moneda de cambio de la consecución de una mayoría parlamentaria para la investidura» porque implicaría «implica convertir la medida de gracia, por definición unilateral y gratuita, en algo bilateral y oneroso».

En todo caso, Guilarte evitó tomar parte en la votación que concluyó con el varapalo del CGPJ a la Ley de Amnistía. El presidente del órgano de Gobierno de los jueces decidió abstenerse porque consideraba que la votación comportaba un «evidente componente político» y que, en ese sentido, consideraba que era «prudente mantener cierta neutralidad».

Aun así, el Pleno del Consejo aprobó el jueves un informe que reprobaba la Ley de Amnistía. Aquel escrito cosechó los votos a favor de los vocales conservadores, mientras que se opusieron los de izquierda. Entre otras cosas, el informe definía la ley como «inconstitucional». Además, se subrayaba que suponía una quiebra de la separación de poderes.

Aunque el jueves ya se adelantaban algunas de las ideas generales del argumentario de Guilarte en su voto particular, no ha sido hasta este lunes cuando se ha publicado.

El que fuera abogado ha criticado que esta norma nazca de un «pacto político» previo alcanzado entre PSOE y Junts. «Si se analiza con una perspectiva civil, difícilmente superaría los criterios de validez y licitud exigidos por el artículo 1.276 del Código Civil», ha reflexionado el presidente del CGPJ. En ese punto, el Código Civil recoge que «la expresión de una causa falsa en los contratos dará lugar a la nulidad, si no se probase que estaban fundados en otra verdadera y lícita».

«Faraónica Exposición de Motivos»

Al respecto, Guilarte ha subrayado «el sorprendente silencio de la faraónica Exposición de Motivos sobre el precedente contractual que sin duda causaliza decisivamente» la Ley de Amnistía.

Para él, «el debate sobre la eventual constitucionalidad» de la norma queda «un tanto desvirtuado desde el momento en que se toma como pauta básica de su valoración la justificación que recoge la Exposición de Motivos: «el interés general» por medio de «la pacificación política y convivencial de Cataluña». Sin embargo, esta idea «nunca fue esbozada previamente en el programa electoral» de los socialistas, ha recordado Guilarte.

«A diferencia de cuantas leyes de amnistía hemos conocido, la que nos ocupa no es una mera medida de gracia otorgada unilateralmente por el Poder Legislativo sino que tiene contrapartidas políticas de gran relevancia a cargo de los amnistiables», ha puesto en valor el presidente del CGPJ.

«La amnistía no puede ser sinalagmática moneda de cambio de la consecución de una mayoría parlamentaria para la investidura pues implica convertir la medida de gracia, por definición unilateral y gratuita, en algo bilateral y oneroso», ha añadido el jurista.

«No existen precedentes, ni en España ni en el resto de naciones en las que se han acordado medidas de gracia similares, donde la amnistía se haya insertado en una transacción sinalagmática, con prestaciones mutuas», ha detallado Guilarte.

El presidente del CGPJ ha reprochado que si el informe del organismo «se hubiera limitado al análisis de su articulado, sin entrar en el debate sobre su constitucionalidad, se habría conseguido aprobar un único informe pues cuanto se trata a propósito de estas cuestiones obedece a una lógica jurídica en la que prácticamente todos habríamos estado de acuerdo».

El jurista ha puntualizado que la verdadera cuestión que debería analizarse es «si resulta posible utilizar el excepcional instrumento constituido por la amnistía cambio de obtener los votos necesarios para lograr la investidura del presidente del Gobierno».

«Ninguna duda existe en orden a considerar la aislada licitud del pacto 5 que propicia la investidura de Pedro Sánchez pero las dudas surgen a la hora de determinar la legalidad de la prestación asumida en correlación con ella por el PSOE. Es en este punto donde debiera a mi juicio centrarse el debate», ha remarcado.