El PP tacha de «inaudito» el blindaje de Peramato a García Ortiz: «Ahonda en el desprestigio de la Fiscalía»

El Partido Popular califica de «inaudito» el blindaje de la nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato, a Álvaro García Ortiz, tras su condena por el Tribunal Supremo por revelación de secretos, no será apartado de la carrera fical: «Ahonda en el desprestigio de la Fiscalía», señalan los populares tras la exclusiva publicada por OKDIARIO. 

La nueva fiscal ha dictado un decreto para que su antecesor, «el delincuente condenado Álvaro García Ortiz», señalan, para que «no pueda ser sometido a un expediente disciplinario», una resolución que no ha gustado a los populares y por la que acusan a Peramato de «hacer méritos para ser la nueva fiscal general del Gobierno».

En Génova recuerdan que su deber «no es proteger a los delincuentes, sino perseguirlos» y se preguntan si «acaso la nueva fiscal general cree que las reglas no deben ser iguales para todos» o si la cima de la Fiscalía libera a sus miembros «de no cumplir con el régimen interno».

El PP tacha de «excusa» los motivos

Para los populares, los motivos que se esgrimen para no aplicar el régimen disciplinario de la Fiscalía «son una excusa». 

El decreto, fechado en febrero pero que trasciende ahora, pone fin a un expediente gubernativo que se incoó en la Inspección Fiscal cuando la Sala Segunda del Tribunal Supremo comunicó la firmeza de la sentencia.

El núcleo argumental del decreto descansa en una distinción jurídica que la Fiscalía General considera irrebatible. El cargo de fiscal general del Estado es un alto cargo cuyo nombramiento y cese están regulados de forma específica en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), y que puede recaer incluso sobre juristas sin vinculación previa con la carrera fiscal.

«La persona titular de la Fiscalía General no está sujeta al régimen disciplinario de los miembros de la carrera fiscal», señala el decreto, que añade que sólo le son aplicables, «por disposición expresa de la ley, las causas de incompatibilidad previstas para los y las fiscales de carrera».

La resolución condenaba a García Ortiz como autor de un delito de revelación de datos reservados tipificado en el artículo 417.1 del Código Penal, imponiéndole una multa de 12 meses a razón de 20 euros diarios, una inhabilitación especial para el cargo de fiscal general por dos años y una indemnización de 10.000 euros a González Amador.

Ahora, con el caso penal cerrado, la pregunta era qué consecuencias debía tener esa condena sobre el estatus de García Ortiz como fiscal de carrera. Para Peramato no debe existir reprimenda, al menos por la vía disciplinaria interna, teniedno en cuenta, además, que la Fiscalía planea recurrir al Tribunal Constitucional presidido por Conde-Pumpido.