El PP presenta un «plan de choque» para acabar con los homenajes a etarras y los indultos a la carta

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.
• • 10/08/2022 13:52
  • Actualizado: 10/08/2022 14:39

El Partido Popular ha presentado este miércoles un «plan de choque» para proteger la independencia judicial y mejorar la Administración de Justicia. Se trata de una batería de medidas con las que se busca, por ejemplo, evitar la prescripción de los delitos de terrorismo y el fin de los homenajes a etarras o promover la modificación de la Ley del Indulto para que no se conceda contra el criterio del juez. Las medidas afectarán también a la ocupación ilegal de inmuebles, mediante una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. «Se trata de que la Justicia y el Estado de Derecho impere en nuestro país», ha destacado el portavoz de Justicia del PP en el Senado, Fernando de Rosa.

El partido de Alberto Núñez Feijóo pretende impulsar la consideración de los delitos de terrorismo como de lesa humanidad, lo que permitirá investigar los crímenes que aún siguen pendientes de resolver. Según las cifras del Defensor del Pueblo, 397 asesinatos de la banda siguen impunes en la actualidad. Además, en un 44% de los asesinatos de ETA no existe sentencia judicial para todos los autores físicos de los delitos.

En abril, el Parlamento Europeo reclamó a las «autoridades competentes» que agotasen «las posibilidades interpretativas del Derecho penal, incluido el posible reconocimiento de los crímenes terroristas de ETA como crímenes contra la humanidad, incluso antes de 2004», considerando así que «no están sujetos a prescripción ni amnistía». El PSOE maniobró en la Eurocámara para que los asesinatos de la banda que se hubieran cometido antes de 2004 no tuvieran esa consideración, algo que permitiría actuar contra decenas de casos aún sin resolver evitando el período de prescripción -20 años- de estos asesinatos.

El plan del PP incluye también una modificación legal para acabar con los homenajes a los presos de ETA así como un agravamiento de las penas.

Además, se pretende proteger a jueces y fiscales frente a los ataques que sufren en el ejercicio de su profesión, como ha ocurrido por ejemplo en Cataluña con el juez Llarena por parte del separatismo radical.

Indulto

La propuesta del PP incluye también la modificación de la Ley del Indulto, de forma que se tenga en cuenta el informe del órgano sentenciador a la hora de concederlo y garantizando que los motivos que alegue el Gobierno sean «razonados y razonables». «El indulto es discrecional pero debe estar basado en motivaciones jurídicas», ha señalado De Rosa.

El plan promueve asimismo la independencia de la Fiscalía General del Estado, desvinculándola del Gobierno; la creación de 350 órganos judiciales para «hacer frente a la grave crisis económica» y el refuerzo de los juzgados de violencia contra la mujer. En definitiva, se busca promover «la independencia y el respeto al Poder Judicial». «El PP va a estar siempre en la defensa del Estado de Derecho y va a garantizar que la Justicia actúe y que las leyes se cumplan», aseveran los populares.

De Rosa ha anunciado la solicitud de comparecencia de la ministra de Justicia, Pilar LLop, para que para que explique qué entiende por «desjudicialización», como se recoge en el acuerdo entre el Gobierno y la Generalitat, y si cree que es “no hacer cumplir la ley, que no se persigan los delitos o que no se cumplan la sentencias».

«Llop se está convirtiendo en una negacionista del principio de legalidad, es decir se niega a exigir el cumplimiento de la ley allí donde no se respeta», ha denunciado el portavoz de Justicia.

El PP exige además la comparecencia del fiscal general del Estado para que se pronuncie si está de acuerdo en la manifestación de la Comisión Europea de exigir su desvinculación del Ejecutivo que lo ha nombrado.

En este contexto, recuerdan que la UE ha advertido a España de que cualquier ataque a la división de poderes podría llevar sanciones que afectarían al reparto de fondos europeos en aplicación del mecanismo de restitución.