El PP ordena una ofensiva contra Marlaska por la concesión del tercer grado al asesino de Lardero

• Carlos Cuesta @carloscuestaem
• Director adjunto en OKDIARIO.
• • 06/11/2021 06:50
  • Actualizado: 07/11/2021 02:56

La izquierda ha puesto un muro de protección frente al ministro Fernando Grande-Marlaska. Pese a ello, el PP ha ordenado una ofensiva directa contra el responsable de Interior. Y es que Marlaska es el jefe directo del responsable de Prisiones, Ángel Luis Ortiz, en pleno escándalo por la puesta en la calle del asesino del niño de 9 años de Lardero y en medio de una oleada de denuncias de los funcionarios de prisiones por el abandono en el que se encuentran y las continuas agresiones, sexuales incluidas, que sufren en las cárceles españolas.

El PP ha ordenado ya una labor continua de exigencia de responsabilidades directamente a Grande-Marlaska, como lo demuestran las preguntas registradas en el Congreso esta semana donde se le pregunta al ministro, sin rodeos, por su “responsabilidad” en la “concesión del tercer grado al asesino de un menor en Lardero, en contra de la Junta de Tratamiento de la prisión”. Es que el asunto del asesino de Lardero, lejos de relajarse, genera cada día más polémica por la evidente intromisión política en la decisión técnica de la prisión.

De hecho, los precedentes judiciales no dejan lugar a dudas en este caso: el responsable penal de los actos de Francisco Javier Almeida, el acusado de acabar con la vida del pequeño Álex en Lardero, son del propio Almeida, pero existe otro responsable de las consecuencias de sus actos y es Fernando Grande-Marlaska, el ministro del Interior bajo cuyo mandato Almeida fue puesto en libertad antes de lo que debería. Al menos una sentencia de la Audiencia Nacional respalda la afirmación de que los errores cometidos en y por el departamento de Interior deberán ser respondidos en los tribunales por responsabilidad in vigilando de los actos de un preso que se encontraba bajo su supervisión.

Errores

Una serie de errores, algunos más groseros que otros, que acabaron con Almeida, un delincuente sexual reincidente, a escasos metros de un niño de 9 años disfrazado con motivo de la celebración de Halloween. El denominador común de todos esos errores es que son achacables y atribuibles a la misma institución: el Ministerio del Interior.
En primer lugar, Almeida tiene un número de preso, como todos los internos de España, que estrenó en 1991, hace 30 años. Ese NIS (Número de Identificación Sistemática) de 10 cifras esconde todos los detalles de la historia de un recluso que ha regresado por tercera vez a la institución penitenciaria, de dónde la vida de un niño de 9 años da fe que no debería haber salido nunca. Eso lo tuvieron muy claro en la cárcel cántabra de El Dueso, donde Almeida pidió el cambio de grado penitenciario para poder acceder a la libertad condicional. Los responsables de El Dueso se negaron a acceder a su petición pese al excelente comportamiento del interno al creer que tal vez no estaba preparado para una vida en libertad.

El mayor error de Interior fue desoír el criterio de quienes trataban cara a cara con Almeida. El segundo fue enmendarles la plana entregando desde Madrid ese tercer grado que le permitiría solicitar la libertad condicional que le puso cerca del pequeño Álex. Podría valorarse como un error en la valoración del pronóstico del recluso, pero es que hubo más errores, como el seguimiento de la libertad condicional obtenida por el preso en mayo de 2020, cuando todavía tenía tres años de condena por delante.

Pese a que algunos medios han asegurado que Almeida fue objeto de un seguimiento por parte de Instituciones Penitenciarias, seguimiento en el que el preso comunicó cambios de dirección o de número de teléfono, lo cierto es que, como en casi todos los casos, el seguimiento de Almeida fue meramente administrativo y no presencial.

Los servicios sociales de la cárcel de Logroño, centro adscrito a este preso por su domicilio actual, no entrevistaron en profundidad ni observaron el día a día de Almeida más allá del conocimiento de su nueva casa o que estaba inscrito en la oficina de empleo local. De hecho, de los exhaustivos controles divulgados por Interior, sorprende que, a uno de los depredadores sexuales más recordados de Logroño por el brutal «crimen de la Inmobiliaria», los trabajadores sociales de la cárcel de Logroño lo visitaran una sola vez. El resto, según Interior, incluso anotar el cambio de teléfono, fueron “actuaciones de seguimiento” un eufemismo para describir llamadas telefónicas.

Interior sabía a qué preso dejaba en libertad

Interior sabía a qué preso dejaba en libertad, pero se ve que sólo lo supo Interior, porque ni en la Policía Local de Lardero, ni en la Guardia Civil de esta misma localidad tenían constancia de la presencia en la localidad de un preso tan conocido como lo fue Almeida a finales de los 90 en La Rioja.
Este fallo podría haberse superado si se hubiera gestionado de otra manera las quejas y la denuncia, al menos una, de una mujer ante la Guardia Civil.

Varios niños alertaron de la presencia sospechosa de un hombre que los vigilaba frecuentemente. De hecho, una niña condujo a los agentes al portal de Almeida donde fue detenido junto al cuerpo del pequeño Álex. La Benemérita asegura que la denuncia no se dirigía concretamente hacia Almeida.

Explican a OKDIARIO que agentes de paisano vigilaron el colegio varios días y que no se detectó nada extraño. De hecho, comprobaron la presencia de otro hombre en Lardero que también había molestado a algunos niños. Daba igual lo que hicieran. No saber que Almeida estaba cerca hacía infructuosos cualquiera de sus esfuerzos.  Ni siquiera que unos niños fotografiaran a Almeida mientras observaba un parque infantil fue suficiente.
El último gran error en Lardero se centra en el Registro Central de Delincuentes Sexuales. Pero su uso va dirigido a obtener certificados que demuestren que quien quiera trabajar cerca de niños no está en ese registro.