El PP contra Dolores Delgado: «Su función es defender la legalidad, no retorcerla»

El senador del PP Fernando de Rosa ha reprochado este martes a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, sus «amistades peligrosas» con el ex juez Baltasar Garzón y con el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo, instándola a abandonarlas o a dimitir, en el marco de una comparecencia en la Comisión de Justicia que ha estado plagada de críticas de parcialidad hacia la jefa del Ministerio Público por su anterior vinculación al PSOE y al Gobierno.

«¿Le parece ético que Baltasar Garzón y usted mantengan una relación, y de antiguo, con el investigado comisario Villarejo y sus cómplices más directos, como el comisario García Castaño, y no se abstenga explícitamente en los casos en los que se investiga a los mismos?», ha preguntado el senador popular durante la comparecencia de Delgado ante la Comisión de Justicia del Senado para presentar las memorias de la Fiscalía General del Estado (FGE) correspondientes a los años 2018 y 2019.

De Rosa también ha afeado a Delgado el hecho de que «Garzón ejerce la defensa letrada de varios investigados muy relevantes en la causa» sobre los negocios de Villarejo, entre los que ha mencionado al ex responsable de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional.

«¿Usted considera que vulnera el principio de legalidad el intercambio de información por beneficios penitenciarios?», ha lanzado directamente, en alusión a las informaciones periodísticas que apuntan que Delgado habría ofrecido a Villarejo la libertad a cambio de atacar al PP y a la Corona cuando era ministra de Justicia.

«Falta de ética y estética»

De Rosa ha criticado igualmente a Delgado la gestión que ha hecho la FGE de las querellas presentadas contra el Ejecutivo por la pandemia de coronavirus o que haya recurrido el tercer grado de los condenados por el ‘procès’ después de las elecciones catalanas del 14 de febrero.

A su juicio, todo ello revela una «falta de ética y de estética en su actuación». «Desde que fue nombrada fiscal general del Estado se ha evidenciado que usted es la comisaria del Ejecutivo en el mundo de la justicia», ha afirmado, acusándola de «filtrar, maniobrar y hacer limpieza ideológica» en la FGE.

Así, ha querido recordar a Delgado que «su función como fiscal general del Estado es la defensa del principio de legalidad y no retorcer (…) y reinterpretar la ley a conveniencia del Gobierno».

«Transmita eso a su jefe, al que manda en la Fiscalía», ha espetado, en referencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para añadir: «Deje de lado sus amistades peligrosas y, si no es así, váyase y no avergüence más a la carrera fiscal».

Sin embargo, en el turno de réplica, Delgado no ha hecho mención alguna a estos asuntos ni ha respondido a los otros requerimientos que han hecho los demás senadores, que se han centrado en las críticas por la supuesta parcialidad de la FGE.

Ataque «machista»

La respuesta ha llegado más bien por boca del senador socialista José María Oleaga, que ha afeado a De Rosa y otros senadores que hayan dirigido un «ataque personal excesivo, en algún caso repugnante y machista», contra Delgado, al tiempo que ha resaltado la trayectoria profesional de esta última, especialmente como fiscal especializada en la lucha antiterrorista y contra el crimen organizado y por su colaboración con el Tribunal Penal Internacional (TPI).

Oleaga ha señalado específicamente a De Rosa por cuestionar los méritos y la capacidad de Delgado para ser fiscal general del Estado por haber sido diputada del PSOE y ministra de Justicia, recordándole que él dejó de ser juez para formar parte del Gobierno de Francisco Camps y después volver a la carrera judicial. «¿Qué pasa, no estaba preparado para ese cargo, no fue imparcial (..), estaba al servicio de un personaje nefasto como el señor Camps?», ha planteado.

No obstante, los demás grupos parlamentarios han vertido reproches similares. Miguel Sánchez López, de Ciudadanos, ha indicado a Delgado que «su nombramiento constituyó una anomalía desde el punto de vista de la pulcritud institucional y democrática» que «sienta un precedente indeseable», insistiendo en que sus antecedentes como diputada y ministra «ponen en tela de juicio su idoneidad como fiscal general del Estado». «¿De quién dependen la Fiscalía?», ha querido saber, aludiendo nuevamente al presidente del Gobierno.

Delitos de odio

Desde el grupo de Izquierda Confederal, Carles Mulet, que también ha aconsejado a Delgado tener «cuidado con las comidas que se hacen con personas peligrosas –llámense Villarejos o Florentinos–», ha mencionado otro de los temas que han acaparado la Comisión de Justicia: la reforma de los delitos de odio en el contexto de las protestas a favor del rapero encarcelado Pablo Hasél.

Mulet ha sostenido que se habría querido «ocultar» el trasfondo de lo que ha calificado de «brutalidad» policial contra «manifestantes pacíficos» al hacer hincapié en los disturbios desatados, si bien a renglón seguido ha aclarado que no pretende «criminalizar a la Policía ni avalar el vandalismo y los destrozos». «Queremos que se garanticen los derechos», ha declarado, echando en cara a la FGE y «los poderes» que «actúan contra tuiteros y gente que tiene mal gusto pero no contra la violencia de la extrema derecha».

El senador de Compromís ha animado a avanzar no solo hacia una reforma de los delitos de odio sino también para eliminar los «delitos de opinión» y el de injurias a la Corona y, en este sentido, se ha interesado por el estado de las diligencias de investigación en la Fiscalía sobre el Rey emérito Juan Carlos I y sobre si el Gobierno ha dado instrucción a Delgado de indagar en esos hechos. Además, ha aprovechado la percha del 23-F para exigir que se desclasifiquen los documentos relativos a este episodio.

Imanol Landa, que en su caso ha preguntado a Delgado si la Fiscalía va a investigar las últimas revelaciones sobre un audio en el que el ex coronel del CESID Luis Alberto Perote y el capitán de la Guardia Civil Pedro Gómez Nieto admitirían que Mikel Zabalza murió al ser torturado, ha reclamado a la fiscal general cifras sobre los delitos de odio en 2020, teniendo en cuenta que «2021 ha empezado con fuerza», al tiempo que ha criticado el «inadmisible discurso nazi» en Madrid, que ya investiga la Fiscalía Provincial.

Sentencia del 1-O

Por su parte, Josep María Cervera, de Junts, ha recriminado a Delgado la sentencia del procès, incidiendo en que «no fue un juicio justo» y que, en lo que al independentismo catalán se refiere, la postura de la FGE «siempre es la misma»: «Prevalece el derecho a la sacrosanta unidad de España en relación con los derechos fundamentales». En este aspecto, ha considerado que «la sospecha de parcialidad y de politización» de la FGE es la misma cuando comenzó con Felipe V que con Felipe VI.

En la misma línea, la senadora de ERC Laura Castel ha advertido de que «hay mucho del giro de España hacia la autocracia» y, a modo de argumentos, ha comentado el recurso contra el tercer grado para los condenados por el ‘procès’ o la inhabilitación de Quim Torra.

Castel ha subrayado a Delgado que tiene «mucho trabajo» por hacer, enunciando el chat de militares o las concentraciones de ultraderecha, para denunciar que los derechos a la libertad de expresión parecen corresponder solo a «una ideología determinada». «España tienen encarcelado a Hasèl y se permiten manifestaciones donde se defiende la apología del exterminio», ha concluido.