El PP acepta la reforma de la Ley Electoral con doble vuelta o gobierno para la lista ganadora
Una de las exigencias de Albert Rivera al presidente en funciones y candidato designado por el Rey de España para la formación de un nuevo gobierno es la reforma de la Ley Electoral. Es una de las reclamaciones tradicionales de Ciudadanos y, como es lógico, nadie podría esperar que este pilar de su programa se olvidara en el momento de poner condiciones «sine qua non» para darle el ‘sí’ al Partido Popular.
La propuesta de Ciudadanos consiste en una modificación esencialmente del artículo 169 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. En ese apartado, en su punto dos, el texto describe sucinta pero claramente que «cada candidatura se presentará mediante listas de candidatos».
Es decir, que la candidatura no es unitaria por cada uno de los inscritos como elegibles, sino que la componen como un todo los candidatos incluidos en una relación única e indivisible.
La primera petición de Ciudadanos es que las listas estén desbloqueadas, y que cada elector pueda elegir el orden de los políticos de la lista a la que quiere votar. «Se trata de que los ciudadanos tengan más capacidad de elección», ha dicho Rivera. Y ésa es la idea, basada en los principios de regeneración que conforman el corpus ideológico de Ciudadanos. en su programa electoral, la formación de Albert Rivera ya reclamaba “una doble lista desbloqueada para la elección uninominal y proporciona de ámbito territorial y nacional”.
La segunda petición de reforma del partido naranja es que se establezca el principio de «una persona, un voto». Es decir, que haya mayor proporcionalidad en la representación de los españoles. El principio, explicado de este modo es irreprochable, pero esconde una idea clave: la enorme cantidad de votos perdidos que se le escapan a las formaciones medianas que se presentan en toda España, como es el caso de Ciudadanos.
La vigente Ley D’Hont de reparto de escaños también está fijada en la citada Ley Electoral General, en su artículo 163, donde describe el sistema de división de los totales de votos para la asignación de actas de diputado.
Ciudadanos quiere “que todos los votos valgan lo mismo” y asegurar un régimen electoral que responda al principio “una persona un voto”. Así, habría que reformar todo el sistema de circunscripciones y el reparto de la Ley D’Hont, una fórmula proporcional corregida que eligieron los legisladores en los albores de la Transición para luchar contra lo que se dio en llamar la «sopa de letras» en que se había convertido la llegada de la democracia.
El objetivo del partido de Rivera también es, según su programa electoral, «evitar la sobrerrepresentación de circunscripciones», algo que ahora no se ha mencionado, pero que está en el espíritu de su idea de España, en la que no cabe que a los partidos nacionalistas que sólo se presentan en unas pocas circunscripciones provinciales de su comunidad autónoma les salga más ‘barato’ el escaño que a las formaciones con un proyecto para toda España.
Además, Ciudadanos añade que se termine con el sistema del «voto rogado», previsto en el artículo 75 de la Ley para los españoles residentes en el extranjero que ha supuesto una participación mucho menor en las últimas dos convocatorias electorales de los desplazados.
La idea del PP
La respuesta del Partido Popular es muy cercana a la propuesta de Ciudadanos. Los populares aceptan como buena la opción de acercar la proporcionalidad al voto emitido por los ciudadanos. Si bien contemplan que la reforma ha de «medirse muy bien». Según fuentes cercanas a la dirección del PP, hay que huir de un sistema mayoritario que dejaría sin representación a muchas provincias, ya que la Constitución prevé que las circunscripciones son provinciales.
Por otro lado, en el Partido Popular la idea que lleva rondando mucho tiempo es la de buscar un sistema que solucione los bloqueos institucionales como el que llevamos viviendo más de ocho meses desde la disolución de las Cortes el pasado mes de noviembre. Así, desde el PP se plantea la posibilidad de establecer un sistema de doble vuelta o una nueva ley que establezca que gobierne directamente la candidatura más votada.
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