La ponencia política del PSOE quiere recuperar aspectos del Estatut «dañados» por el Constitucional

El PSOE es partidario de restaurar con reformas legislativas y otras medidas que no contradigan la doctrina constitucional aquellos elementos de autogobierno que resultaron «dañados» tras la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatut, a fin de frenar el reto secesionista en Cataluña.

Ése es uno de los planteamientos que defienden los socialistas en el documento político, coordinado por el diputado Eduardo Madina, que se incluirá en la ponencia marco del congreso federal de junio previo debate el próximo sábado en un foro en Madrid.

Un documento que plantea además abrir un espacio de estudio y de diálogo sobre las posibilidades de una reforma constitucional consensuada por todos, empezando con la creación de una subcomisión en el Congreso.

También apuestan los socialistas por frenar la «dinámica conflictiva» en las relaciones entre el Gobierno y la Generalitat catalana, por negociar los «conflictos territoriales» pendientes y por cambiar la política lingüística y colaborar en la aprobación por consenso de una ley de lenguas.

Al mismo tiempo, abogan por abordar el diálogo sobre los 45 puntos planteados por la Generalitat en su día, excluyendo el referéndum sobre la secesión, convencidos de que «en una democracia pluralista avanzada» como la española «la dinámica para encauzar los conflictos y articular la convivencia ha de ser de reconstrucción, de redefinición solidaria de las condiciones de vida en común».

«Esto no podría lograrse mediante un referéndum en el que sólo la ciudadanía de Cataluña (o de cualquier otro territorio) se pronunciara directamente sobre la independencia con un sí o con un no», señala el PSOE en su ponencia política, un resumen de la cual ha sido difundido esta tarde.

Por el contrario, consideran que la reforma constitucional sería «mucho más útil y constructiva» que el referéndum, aún sabiendo que «no hay soluciones mágicas» y que primero será necesario «propiciar un cambio de actitud que conduzca al diálogo y lo sostenga».

En la actualidad, según el PSOE, hay «atisbos de rectificar y querer emprender ese camino desde sectores del PP y del Gobierno» e incluso ha habido «gestos» desde algunos ámbitos independentistas, favorables a explorar esa posibilidad.

Al margen del debate catalán, el documento hace un repaso a asuntos como la UE, los refugiados y otros aspectos de la reforma de la Constitución que permitan proteger y garantizar suficientemente el Estado del bienestar.

Como ya planteó en su día el PSOE de Alfredo Pérez Rubalcaba insisten en ampliar el artículo 135 de la Constitución, relativo a la estabilidad presupuestaria, para incorporar un principio de «estabilidad social» complementario que asegure, incluso en situaciones de crisis, un «suelo» de inversión social garantizado.

Fortalecer y ampliar los derechos fundamentales conforme a la evolución de la sociedad, por ejemplo la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos, es otra de sus propuestas, lo mismo que la eliminación de la preferencia del varón sobre la mujer en el orden sucesorio a la Corona.

Ven preciso, asimismo, actualizar el principio de «neutralidad religiosa», mejorar la regulación del derecho a la protección de datos personales, incluyendo el «derecho al olvido», reconocer el derecho ciudadano al acceso a la información pública y contemplar expresamente el derecho al matrimonio de las personas del mismo sexo.

Limitar los aforamientos, desbloquear las listas electorales, establecer medidas de transparencia para impedir casos de corrupción, reconocerse el derecho de la ciudadanía a participar en deliberaciones con sus representantes y regular el procedimiento de investidura del presidente del Gobierno son otras de las propuestas políticas del PSOE.

En el caso de la organización territorial, defienden los socialistas «el reconocimiento pleno de las singularidades de las distintas nacionalidades y regiones y sus consecuencias», como son lengua propia, cultura, foralidad, derechos históricos, insularidad, ultraperifericidad o peculiaridades históricas de derecho civil.

Se trata de un documento político que se unirá a la parte económica, aprobada hace algunas semanas, para configurar la ponencia marco del 39 congreso federal del PSOE, previsto para junio, después de las primarias en las que se elegirá nuevo secretario general.