Policías y guardias civiles amenazan con sentar al Gobierno «en el banquillo» por ceder las fronteras

• Diana Arias
• Portadista y redactora en OKDIARIO (diana.arias@okdiario.com)
• • 04/03/2025 17:29
  • Actualizado: 04/03/2025 17:29

La última cesión en materia de inmigración que el Gobierno de Pedro Sánchez ha acordado con Junts ha puesto en pie de guerra a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, que amenazan con sentar a los responsables políticos en el banquillo. El PSOE ha trasladado las competencias en inmigración a la Generalitat de Cataluña para que los Mossos también puedan expulsar a inmigrantes y controlar fronteras.

Los sindicatos de la Policía Nacional y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil han lanzado sendos comunicados nada más que se han dado a conocer los detalles del acuerdo para criticar con dureza el pacto e incluso  amenazan con querellas judiciales a los culpables de esta nueva cesión: «Si hay que sentar en el banquillo a estos líderes políticos para salvaguardar un derecho tan esencial como el de la seguridad pública, lo haremos».

La Policía Nacional y la Guardia Civil denuncian que se trata de una «cesión ilegal» de competencias, que pasan a ser compartidas con los Mossos mientras antes eran exclusivas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y señalan directamente a la gestión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Él guarda silencio, y ha suspendido temporalmente su agenda por un problema de salud que no reviste gravedad.

El SUP «plantará cara al Gobierno»

Por un lado, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha lanzado un comunicado a primera hora de este lunes lanzando un serio aviso a Pedro Sánchez: «Plantaremos cara al Gobierno para impedir que lleve a cabo la escandalosa e ilegal transferencia de competencias a favor de los Mossos d’Esquadra».

El SUP considera un «atropello» que se siga la hoja de ruta que marca el partido de Carles Puigdemont, ya que «vulnera todas las leyes en materia de seguridad»: «No se va a ceder ni un milímetro en la defensa de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, vivan donde vivan y voten a quien voten».

«Si hay que sentar en el banquillo a estos líderes políticos para salvaguardar un derecho tan esencial como el de la seguridad pública, lo haremos; estamos decididos a llevar este asunto hasta el final», enfatizan.

Por otro lado, en otro comunicado, el sindicato Justicia Policial (Jupol) ha denunciado la «cesión ilegal» de competencias y ha exigido la dimisión de Marlaska «si se atenta contra las competencias de la Policía Nacional». Jupol considera «inaceptable» que el Gobierno, «con la complicidad» del ministro, siga «regalando» competencias fundamentales del Estado «a cambio de favores políticos».

«Este Ejecutivo ha decidido traicionar a los servidores públicos y ceder ante los chantajes de los independentistas, poniendo en grave peligro la seguridad y la soberanía nacional», critica. Y añaden que se trata de una «maniobra para erradicar» a la Policía Nacional y a la Guardia Civil de Cataluña y cree que un traspaso supone un «ataque directo» a la labor y una «rendición vergonzosa ante el separatismo».

En este sentido, el sindicato policial avanza que sus servicios jurídicos van a estudiar todas las vías legales para «frenar esta cesión ilegal». Asimismo, solicitan explicaciones a Marlaska y su dimisión por su «absoluta incapacidad» para defender a los cuerpos de seguridad del Estado.

La Guardia Civil clama contra Sánchez

Desde la Guardia Civil, AUGC ha asegurado que «la seguridad no puede ser moneda de cambio en pactos políticos ni puede ponerse en riesgo la unidad de acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en un ámbito tan sensible como la inmigración».

«Recordamos que el control de las fronteras, la gestión de los flujos migratorios y la lucha contra la inmigración irregular son funciones esenciales del Estado que no pueden ser objeto de mercadeo político», añaden desde AUGC, que defiende que la competencia en materia de inmigración «está encomendada a la Policía Nacional y la Guardia Civil».

Jucil, por su parte, se ha remitido a la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para lamentar que el Gobierno permita una «estrategia planificada para desmantelar la presencia de la Guardia Civil en Cataluña».

«Suponen de facto el desmantelamiento progresivo de la Guardia Civil y de la Policía Nacional», han continuado, mostrando su recelo al acuerdo con Junts en el que habla de «delegación de competencias». Entiende que «las instituciones catalanas tendrán una posición determinante en el marco de la legislación internacional europea y del Estado español», alertan.

Esta asociación de guardias civiles recuerda que ya hay recursos judiciales contra otras decisiones acordadas en la Junta de Seguridad de Cataluña, como el traspaso de competencias en protección de la naturaleza, en detrimento del Seprona de la Guardia Civil.