Policías y guardias civiles acusan a Sánchez de ponerles en riesgo dando datos a los proetarras de Bildu

Las asociaciones de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han mostrado su rechazo al Gobierno de Pedro Sánchez por haber entregado a Bildu los datos del número de agentes que han sido «denunciados, sancionados, imputados y condenados en los últimos diez años». A ojos de las entidades de policías y de guardias civiles, «esta cesión de información pone en riesgo la seguridad y privacidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».

JUPOL expresa su «más absoluto rechazo» por esta decisión. Además, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional considera que la entrega de estos datos «responde a un inaceptable interés político en lugar de a criterios de transparencia legítima».

La asociación también denuncia que se hace un «uso parcial e interesado» del régimen disciplinario dentro del cuerpo. «Se ha convertido en una herramienta política de represión contra aquellos agentes que no se pliegan a los dictados del poder», subrayan desde JUPOL. En ese sentido, recuerdan que el GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción) del Consejo de Europa, amonestó a España por la «falta de garantías en la independencia y objetividad de los procesos disciplinarios dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad».

«No permitiremos que el Gobierno siga instrumentalizando nuestras instituciones con fines partidistas ni que se ponga en riesgo la seguridad y la dignidad de nuestros agentes», manifiestan.

«Conducir a una politización»

Desde la asociación Independientes de la Guardia Civil (IGC) se muestran «sorprendidos» por que se realice «una pregunta parlamentaria para conocer el número de agentes sancionados».

La entidad, que agrupa agentes de la Benemérita, espera que la respuesta del Gobierno «no sea utilizada para intentar dañar la imagen o poner en tela de juicio el buen hacer y la gran profesionalidad» de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

«Compartir estos datos podría conducir a una politización de las fuerzas de seguridad, en lugar de promover su funcionalidad y profesionalidad», inciden desde IGC. Además, subrayan que «podría abrir la puerta a cuestionamientos y ataques injustificados hacia los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil».

Una exigencia de Bildu

Bildu, socio parlamentario necesario para Sánchez, exigió al Gobierno hace dos meses un listado con el «número de agentes» de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, además de policías locales y autonómicos, que hayan sido «denunciados, sancionados, imputados y condenados en los últimos 10 años». La formación encabezada por el etarra convicto Arnaldo Otegi instaba al Ejecutivo a «especificar el cuerpo policial y unidad, razón o delito, comunidad autónoma y provincia y año».

El Gobierno sanchista entregó esta semana a Bildu ese listado en el que se exponen las cifras concretas de agentes sancionados. Los números están desglosadas por cuerpo y por ejercicio. Es decir, por un lado, se da cuenta de los policías nacionales que fueron sancionados, año por año, entre 2015 y 2024, y, por otro lado, de los guardias civiles, tal y como habían solicitado los de Otegi.

En su respuesta, el Ministerio del Interior aclara que entrega los datos de los que tiene información. Sobre aquello que no tiene referencias, como los motivos de la sanción o los datos de los cuerpos locales y autonómicos, el Ejecutivo se excusa ante Bildu dando una explicación detallada por la que no los proporciona.

Y el Gobierno no apela a la protección de datos de los agentes para no entregar toda la información que pide el partido de la izquierda abertzale. La razón por la que no da más información a Bildu es porque no la tiene, no para proteger a los policías o guardias civiles, tal y como se desprende de la respuesta parlamentaria.