El PNV dice que «ojalá» el PP «retire el recurso» contra la Ley de Abusos Policiales

El portavoz parlamentario del PNV, Joseba Egibar, ha afirmado que «ojalá» el Gobierno de Mariano Rajoy «pudiera retirar el recurso» contra la Ley vasca de Abusos Policiales y ésta «fuera de plena aplicación ya». Además, cree que, en la impugnación, ha «pesado» que haya una «ETA desarmada y no desaparecida», y considera que al Gobierno «le escuece», en estas circunstancias, hablar de «responsabilidades directas de abusos policiales».

En todo caso, el dirigente jeltzale califica de «avance» que el delegado del Gobierno en el País Vasco, Javier de Andréz, haya afirmado que «se está por la reparación de estas víctimas» y que lo que se cuestiona es el instrumento utilizado para ello.

El Ejecutivo del PP decidió recurrir ante el Tribunal Constitucional la Ley de «Reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de Derechos Humanos en el contexto de la violencia política en la Comunidad Autónoma Vasca entre 1978 y 1999», entre otras cuestiones, al considerar que la comisión de valoración que atribuye la condición de víctima de ese tipo de abusos, asume tareas que son competencia de los Tribunales.

En la tertulia de ‘El Parlamento en las ondas’, Egibar ha señalado que, si Javier de Andrés ha explicado que la cuestión de fondo «no es la reparación o no» de las víctimas, entonces esto estaría «resuelto» y el tema sería cómo «se repara».

«Estamos hablando ya del instrumento. Yo creo que el PP y el delegado del Gobierno, pero también los Ministerios correspondientes, han hecho una lectura errónea y equivocada de esta Ley y del alcance de la famosa comisión de valoración. Ahí se ha producido un error y se han ofuscado», ha señalado.

A su juicio, hay «una premisa que es más bien política» porque al PP, «a estas alturas, todavía en un contexto en el que ETA está desarmada, pero en fase de disolución, en todo este maremagnum de cosas», le «escuece políticamente pasar a reconocer expresamente que ha habido vulneraciones de derechos humanos practicadas por funcionarios públicos y que, después, ha habido bandas y grupos terroristas que han actuado con ese solape también con la Administración».

Reconocimiento

En este sentido, ha apuntado que, «con independencia de quiénes sean los responsables de esas vulneraciones, el Estado tiene que tener otra perspectiva, política e histórica de reconocimiento».

El portavoz parlamentario del PNV ha indicado que «no se está hablando» de que esa comisión de valoración «se constituya en un Tribunal de Justicia». «Hay que presentar una resolución judicial o administrativa y, en caso de ausencia de prueba, sí valdría, dice la Ley, que pueda haber alguna prueba extrajudicial. Ése es el contexto en el que nos movemos», ha añadido.

Joseba Egibar ha recordado que esto «está avalado también por quienes han analizado el texto desde una perspectiva de los derechos humanos, una visión más internacional». A su entender, «situar en ese comité de valoración el problema, es intentar despistar».

«Decían que, para que se pudiera reconocer a una víctima policial, tiene que haber una condena el victimario. Entonces, ¿dónde quedarían los más de doscientos casos no esclarecidos de la violencia practicada por ETA?. El decir como condición inexcusable que haya una sentencia judicial de lo que puede ser la actuación del victimario para que haya una reconocimiento de víctima, desde luego, es un exceso», ha apuntado.,

Para el dirigente jeltzale, «si proceden a leer, pausada y sosegadamente el texto, no cabe el recurso de inconstitucionalidad y ojalá pudieran retirar el recurso y fuera de plena aplicación la Ley desde ya».

Egibar ha insistido en que en este recurso «ha pesado mucho que se hable todavía de una ETA desarmada y no desaparecida, y la fuerza y el impacto que tiene todavía el mundo de las víctimas».

«Que empieces a hablar sobre responsabilidades directas de abusos policiales, le escuece al partido que está gobernando y, por eso, digo que hace falta una perspectiva de Estado y democrática de asunción de las responsabilidades de los funcionarios o de mercenarios que, en connivencia con los funcionarios públicos, actuaron y camparon por sus respetos en este país durante mucho tiempo, y dejaron muchas víctimas», ha indicado.

En todo caso, considera «un avance» que se afirme que se está «por la reparación» y ya se «pulirá el instrumento». «Esas víctimas existen y las autoridades públicas, con independencia del comité de valoración o quién vaya a determinarlas, les debe un acompañamiento y una protección social», ha concluido.