Sánchez se negó a reformar el Reglamento del Congreso para exigir «fichar» a los diputados
En febrero de 2014 el PSOE rechazó por "ridícula" una propuesta de UPyD para obligar a los diputados de fichar en el Congreso. Pedro Sánchez era por entonces parlamentario en la bancada socialista.
En 2014, el PSOE rechazó una propuesta de UPyD para reformar el Reglamento del Congreso, y que exigía a los diputados del Congreso que fichasen antes y después de entrar a la Cámara Baja para saber si cumplían con su horario laboral. Pedro Sánchez era entonces diputado en la bancada socialista. Su formación se opuso tajantemente a esta medida al considerarla «ridícula». Se trata de una normativa polémica que el Gobierno de Sánchez impone desde este lunes a las empresas, tras aprobarla con un Real Decreto-Ley.
UPyD presentó en febrero de 2014 una serie de 32 propuestas en la Comisión de Reglamento del Congreso. Entre ellas figuraba que los diputados tuvieran la obligación de cumplir un horario fijo y fichar para que hubiera «un mayor control de asistencia». La formación liderada por Rosa Díez planteaba también la posibilidad de sancionar mediante la retención de dietas o de parte del salario las ausencias reiteradas de los parlamentarios sin justificar.
La propuesta de la formación magenta fue trasladada al resto de partidos políticos, y encontró el rechazo de plano del PP y PSOE. Los socialistas llegaron a tachar esta medida de «ridícula» a través de su portavoz en esta Comisión Parlamentaria, Pablo Martín Peré. Martín señaló que debían ser los reglamentos internos de cada partido los encargados de controlar los horarios de sus diputados.
Imposición a empresas
Precisamente, la obligación de los trabajadores de ‘fichar’ en sus empresas es la última medida en materia laboral del Gobierno de Sánchez. El objetivo de esta propuesta es, según el Ejecutivo socialista, «posibilitar el control por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social». Esta normativa entró en vigor el pasado domingo a través del Real Decreto-ley 8/2019 aprobado en el Consejo de Ministros de Sánchez el pasado 8 de marzo y publicado en el BOE el 12 de marzo.
La nueva normativa obliga a las empresas a «establecer el registro de la jornada de trabajo, a los efectos de garantizar el cumplimiento de los límites en materia de jornada, de crear un marco de seguridad jurídica tanto para las personas trabajadoras como para las empresas y de posibilitar el control por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social».
Estos registros deberán conservarse durante 4 años. La normativa recoge además una serie de sanciones en caso de que las empresas no cumplan con la medida, según afirmó este lunes la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio. «Nadie se ha tomado en serio el registro de jornada», afirmó, durante un desayuno informativo organizado por Europa Press.
La ministra ha destacado que «ha habido dos meses para cumplirlo y, desde luego, la Inspección de Trabajo va a actuar, pero si llega a una empresa y dice que está en fase de negociación, se dará margen de maniobra dentro del respeto a la ley para que puedan poner en marcha este registro horario».
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