El juez mantiene imputado al ex presidente de Murcia usando un artículo previsto para bandas armadas

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Lorca ha recurrido a un artículo del Código Penal previsto para organizaciones criminales y bandas armadas, con el fin de mantener imputado al ex presidente de la Región de Murcia Pedro Antonio Sánchez en el llamado caso Pasarelas y evitar que prescriba la causa.

En este procedimiento, el juez acusa al político popular de los delitos de prevaricación y falsedad documental, por adjudicar al arquitecto Martín Lejárraga varios contratos que suman algo menos de 60.000 euros, para la redacción de un proyecto y la dirección de la obra de rehabilitación de un puente sobre la rambla de Nogalte.

La Fiscalía sostiene que el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, del que entonces era alcalde Pedro Antonio Sánchez, fraccionó estos contratos para adjudicarlos a dedo, burlando el procedimiento administrativo previsto por la Ley.

La defensa del ex presidente de Murcia ha dirigido al juez un recurso en el que  solicita que archive la causa y niega por completo la existencia de cualquier delito, ya que todos los contratos fueron supervisados y avalados por el secretario, el interventor y los servicios técnicos municipales.

Los hechos habrían prescrito

Puesto que el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras carecía de un arquitecto municipal en plantilla –en contra de lo que sostiene el juez en su auto–, los trabajos se encargaron a un técnico externo, con sucesivos contratos a medida que avanzaba el proyecto.

Además, la instrucción de la causa ha acreditado que Pedro Antonio Sánchez no tiene ninguna relación personal ni familiar con el arquitecto Martín Lejárraga –que también se encuentra imputado–, lo que descartaría la existencia de un trato de favor.

La representación legal del ex presidente de Murcia señala en su recurso que los supuestos delitos que le atribuye la Fiscalía, en cualquier caso, habrían prescrito: los contratos se adjudicaron entre el mes de julio de 2006 y el 15 de febrero de 2007. No fue hasta el pasado 21 de diciembre –es decir, cuando ya había expirado el plazo de 10 años en el que prescriben este tipo de delitos– cuando el juez dictó el auto por el que imputa a Pedro Antonio Sánchez.

Para sortear este obstáculo, el juez ha apelado al artículo 132.3 del Código Penal, previsto para grupos criminales y bandas armadas (como el terrorismo o el tráfico de drogas). El magistrado sostiene que, de acuerdo con este artículo, basta la mera apertura de la causa, sin que se haya producido ninguna imputación, para paralizar el plazo de prescripción.

Un fiscal próximo al PSOE

Algo que implicaría considerar al Ayuntamiento de Puerto Lumbreras como un «grupo criminal», a pesar de que la causa no excede de los 60.000 euros y por el momento no hay más imputados que el ex alcalde y el arquitecto externo contratado.

Por su parte, los abogados de Pedro Antonio Sánchez alegan un tercer motivo para solicitar el archivo de la causa, que quedó sobreseida provisionalmente el pasado 23 de enero, una vez transcurridos los seis meses de instrucción que prevé la Ley. Cuando ya había vencido este plazo, la Fiscalía solicitó la declaración de causa compleja para seguir adelante con la instrucción, algo que vulnera la Ley de Enjuiciamiento Criminal, según sostienen los abogados del político del PP.

En el procedimiento está personado Podemos como acusación popular.  Debido a la presión de Ciudadanos (C’s), Pedro Antonio Sánchez presentó la dimisión como presidente de la Región de Murcia el pasado mes de septiembre, tras ser imputado en otras dos causas judiciales: el caso Auditorio y el caso Púnica.

Casi todos los procedimientos instados contra Pedro Antonio Sánchez fueron iniciados por el entonces fiscal jefe de Murcia Manuel López Bernal, cuya mujer, Amparo Hornillos, ha sido la abogada del PSOE en la región.