Iglesias tarda siete meses en atender el SOS de las residencias para afrontar el impacto del Covid
Pablo Iglesias se puso en marzo al frente de los servicios sociales durante la pandemia. El transcurso del tiempo ha evidenciado el fracaso en la gestión de la crisis del Covid para evitar su impacto sobre uno de los colectivos más vulnerables, el de los ancianos. La Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030, que dirige el líder de Podemos, aprobó hace unos días un protocolo para tratar de contener una infección que avanza sin tregua en estas instalaciones. Algunas de sus principales medidas ya se reclamaron meses atrás desde las propias residencias.
En mayo, la patronal de residencias CEAPS remitió a la Vicepresidencia de Iglesias el protocolo que habían elaborado para afrontar la desescalada. Aunque solicitaron una reunión personal con el vicepresidente, la petición fue desoída, según reveló OKDIARIO. En dicho protocolo, se recogían como prioritarias algunas reivindicaciones, que ahora se incluyen en el documento que firma la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, como la extensión de los test o la dotación adecuada de EPIs. Desde la patronal se insistía, además, en el terrible impacto del aislamiento entre los mayores, muchos aquejados de patologías psiquiátricas o demencias.
Se incidía, además, en que «las personas mayores que conviven en los centros llevan un confinamiento muy estricto» y «que se trata de un colectivo especialmente vulnerable que ha sufrido un doble aislamiento, el social y el de movimientos. Restricción de libertad al no poder tener contacto con el exterior y tener que pasar el confinamiento en su habitación».
«Todo ello ha conllevado un sufrimiento físico y psicológico con angustia, desorientación y miedo entre personas con unos altos niveles de dependencia», señalaban las residencias.
En este contexto, se pedía recuperar «los espacios comunes de convivencia, retornando a una normalidad en entornos seguros, donde las personas usuarias puedan salir al exterior». Esta medida también se incluye en el último protocolo del Ministerio de Iglesias.
El informe recoge que el aislamiento, la pérdida de rutinas y la actividad física deben mantenerse «sólo por el tiempo estrictamente necesario» y prestar especial atención a que las «visitas sean más seguras».
Además, se admite que hubo «escasez, cuando no ausencia, de equipos de protección individual adecuados entre marzo y mediados de abril».
Test de antígenos
El documento de la vicepresidencia de Pablo Iglesias admite la utilidad de los test de antígenos que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso lleva meses aplicando en la Comunidad de Madrid, pese al criterio en contra del Gobierno.
De hecho, el informe manifiesta abiertamente que «los test de antígenos pueden ser de muchísima utilidad en los centros residenciales por tener grandes ventajas operativas», como «la rapidez en la obtención de resultados (15-30 minutos), menor coste y posibilidad de toma de muestra y obtención de resultado in situ sin remitir pruebas a laboratorio».
El documento considera que este sistema es especialmente útil para cuando exista una situación de alta transmisión comunitaria, que haga preciso un diagnóstico rápido.
En este sentido, se propone «realizar barridos» -a personal y residentes- mediante estos test «con una periodicidad acorde con la incidencia de la Covid-19 en el entorno y en coordinación con las autoridades sanitarias».
Errores
El informe admite errores en la gestión del Covid, y pone cifras a los fallecidos: 20.000 mayores internos en residencias murieron a causa del coronavirus en la primera ola, según el Gobierno. Esto equivale al 6% de los residentes.
Es un porcentaje más alto que en otros países, como Escocia (5,5%), Reino Unido (5,2%), Bélgica (5%), EEUU (4,2%) o Francia (2,5%).
Otra de las conclusiones a las que llega el departamento de Pablo Iglesias es que el Covid entró en las residencias antes del mes de marzo, fundamentalmente a través de las visitas.
Así, se sostiene que «cuando se adoptaron oficialmente medidas de limitación de visitas, salidas, etcétera en las residencias -entre el 12 y el 18 de marzo- el patógeno ya se había introducido en muchos centros». Cabe recordar que el Ejecutivo no adoptó medidas frente al virus hasta después del 8 de marzo, cuando se celebraron en todo el país las marchas ideológicas del 8-M alentadas desde el Gobierno.
El Ministerio afirma: «Ahora conocemos que el 14 de marzo ya existían en España al menos 46.645 casos positivos» que fueron confirmados posteriormente a la red de vigilancia epidemiológica, de los cuales más del 40% se encontraban en Madrid.
El informe se justifica también en la falta de conocimiento sobre el virus, y apunta a una treintena de factores que interactuaron en lo que califican de «tormenta perfecta».
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