La otra causa abierta de Ignacio González: el pelotazo del dúplex

La Fiscalía Anticorrupción en Málaga solicitó la semana pasada a la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Estepona (Málaga) que prorrogue la declaración de complejidad de la causa en la que se investiga el dúplex que el ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y su mujer tenían arrendado en Estepona (Málaga) y que, posteriormente, pasó a ser suyo.

El ‘caso dúplex’ es la otra gran causa abierta que tiene pendiente González y que tras estas pesquisas se alargará 18 meses más para seguir la investigación. Tal y como lleva publicando OKDIARIO, en esta causa se investigan los presuntos delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y cohecho. Las pesquisas van dirigidas a determinar cómo, cuándo y por qué llegó el inmueble a González y su mujer, que primero, en 2008, lo alquilaron; y posteriormente, en diciembre de 2012, lo adquirieron por 770.000 euros.

La instructora acordó recientemente pedir un certificado de vida laboral del matrimonio desde 2008 y reiteró la petición de más información a entidades bancarias sobre determinadas cuentas corrientes que estarían vinculadas a los pagos de gastos relacionados con el ático, como por ejemplo las cuotas de la comunidad del mismo.

Asimismo, la jueza reiteró  al gabinete de peritación adscrito al juzgado la petición de una valoración del inmueble en 2008 y en 2012; es decir, cuando fue adquirido por la sociedad Coast Investors y cuando lo compró el matrimonio.

Las facturas expedidas por Coast Investors, según publicó Miguel Ángel Pérez, ascienden a 97.200 euros, mientras el pago efectuado por el matrimonio extraído de sus extractos bancarios apenas alcanza los citados 82.000 euros, tras su conversión de dólares a la moneda europea.

La Fiscalía argumenta que se encuentran aún pendientes de llevar a cabo pruebas periciales y la práctica de comisiones rogatorias, al Reino Unido y Estados Unidos, entre otras. A esto, la jueza instructora añade que estaban pendientes la tasación del inmueble, así como oficios remitidos a entidades bancarias.

El informe al que tuvo acceso este diario, asegura que no se aprecia que «la cadencia de pago» del arrendamiento «haya respondido a lo estipulado en la cláusula, no existiendo la correspondencia ‘uno a uno’ que debería haber entre factura y pago. «De hecho», añade el documento, «el ‘concepto por el que se supone se realiza la transferencia, en lugar de aclarar, lo que hace es abundar en la confusión».

A continuación, la UDEF cuestiona también que «todas las facturas hubieran sido abonadas». «Se aprecia una diferencia entre el importe efectivamente recibido en la cuenta de Coast Investors y el importe calculado, de entre 83,05 y 978,64 dólares, con una media de unos 261 dólares a favor siempre del importe calculado, que parecería elevada para tratarse de comisiones bancarias. Habría doce facturas expedidas y nueve pagadas, por tanto tres facturas se encontrarían impagadas», señalan.

Con estos datos, los agentes concluyen que Coast Investors no aportó toda la documentación que le fue requerida por la Agencia Tributaria y que la aportada no se encuentra suficientemente justificada». «La segunda posibilidad», aseguran, «sería que no existe realmente correspondencia entre las facturas y las transferencias, encontrándonos ante una simulación, en la que se efectuarían ciertos pagos al objeto de dar apariencia de verosimilitud».