Le okupan su casa que tenía alquilada al borde de la jubilación: «Me han dejado sin estabilidad económica»

• Ana Borges
• Periodista política cubriendo la información de la Comunidad de Madrid. Antes trabajé en esRadio cubriendo información política.
• • 03/03/2026 05:46
  • Actualizado: 03/03/2026 05:46

Antonia tiene 67 años, y desde hace dos años le es imposible recuperar su casa. Esta mujer, vecina de Caldes de Montbui (Barcelona), alquiló su vivienda hace cinco años para poder costear unas obras que se iban a acometer en su urbanización. Durante ese tiempo, los inquilinos (un matrimonio con su hijo pequeño, de nacionalidad española) pagaron el alquiler de manera constante, pero cuando Antonia quiso recuperarla en 2024, los inquilinos se negaron a irse de allí y dejaron de pagar, convirtiéndose en okupas.

Su hija, Macarena, ha denunciado esta situación ante el Ayuntamiento de Caldes, gobernado por Esquerra Republicana (ERC), pero no les dan ninguna solución. «Presumen de ser un Gobierno social que se preocupa por la gente, pero realmente lo que han hecho es ponerse del lado de los okupas. Son ellos quienes deben dar una casa a quienes no pueden pagar, no mi madre, que no tiene ninguna otra propiedad».

Antonia, viuda, ahora mismo vive en una casa que está a nombre de su hija, pero su único deseo es recuperar su vivienda. Ahora mismo paga por ella 400 euros al mes, además del IBI y distintos recibos como luz, agua o basura. Por eso tampoco se puede jubilar. «No tengo ningún tipo de estabilidad económica y tengo que seguir pagando gastos derivados de mi casa».

Su hija ha explicado en OKDIARIO que ha «hecho todo y más» por su madre. «He hablado con el alcalde Isidre Pineda (ERC), con servicios sociales, con vivienda, y sólo miran hacia otro lado.»

Este alcalde fue quien registró la primera denuncia ante el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática que lleva a cabo un ayuntamiento de España, acogiéndose a la Ley de Memoria Democrática y que exige la restitución de los bienes municipales que fueron incautados con la entrada de las tropas franquistas. La reclamación del alcalde, apadrinado y apoyado en su cruzada por el diputado de ERC, Francesc Marc Álvaro y por todo su Grupo en el Congreso, abre la puerta a reclamaciones futuras de todos aquellos municipios que se consideren «víctimas del expolio franquista».

Madre e hija están desesperadas porque, además, el Ayuntamiento de Caldes ha emitido un informe en favor de los okupas a quienes ha declarado «vulnerable» cuando aparentemente no es cierto. Según cuenta Macarena, el hombre trabaja en una empresa familiar de la que era propietario junto con su hermano, pero «ahora trabaja en B como empleado para aparentar que no tiene ingresos, pero le hemos visto muchas veces ir a trabajar».

«Antes de hacer informes de vulnerabilidad, se debe investigar bien y que no sólo sirva la declaración responsable. Algo que tiene unas consecuencias tan graves debe realizarse con rigurosidad», denuncia la hija de la afectada.

Además, cuando Macarena les animó a buscar otros pisos en Caldes para que su madre pudiera recuperar el suyo, la respuesta del okupa fue que «ellos no querían vivir en un piso, sino que querían una casa y que de esas no hay muchas».

Ahora mismo, las dos mujeres sólo esperan que alguien pueda darles una solución porque, legalmente, se les han acabado todos los recursos posibles.

Decreto ómnibus

Lo cierto es que la izquierda española siempre se ha posicionado a favor de los okupas. El Gobierno de Pedro Sánchez tenía prohibidos los desahucios de okupas e inquilinos morosos (inquiokupas) considerados «vulnerables».

Sin embargo, esa dudosa calificación de vulnerabilidad ha supuesto el secuestro de las casas de decenas de miles de propietarios en nuestro país, causándoles graves daños económicos y psicológicos.

Usando la misma treta que en 2025, Sánchez intentó el pasado mes de enero colar esta medida en un decreto ómnibus en el que volvía a mezclar asuntos que nada tienen que ver con los desahucios, como es la revalorización de las pensiones. Sin embargo, PP y Junts no cayeron en la trampa: votaron en contra del texto propiciando una nueva derrota parlamentaria de Sánchez.

El pasado 26 de febrero, fracasó el segundo intento de aprobar el «escudo social» y volvió a caer el decreto ómnibus. Sin embargo, el Ejecutivo ha adelantado que lo intentará por tercera vez, pero aún no sabe cómo.

Es la sexta prórroga de la prohibición de los desahucios a colectivos vulnerables sin alternativa habitacional. Junts insiste en que el PSOE ha de sacarla del decreto ley si quiere contar con sus siete votos en el futuro, pero el problema que se les plantea a los socialistas es que ello supondría enfadar a otras fuerzas políticas que Pedro Sánchez también necesita. Especialmente a Podemos. PP y Vox siempre han mostrado su rechazo a esta medida.