Ciudadanos lanza una ofensiva parlamentaria contra Montoro por el desvío de fondos públicos al 1-O

• Segundo Sanz @SegundoSanz
• Información política, PP, Congreso y Senado
• • 19/04/2018 02:27
  • Actualizado: 19/04/2018 10:31

Ciudadanos no piensa quedarse de brazos cruzados ante la insistencia del Gobierno en que no se utilizó ni un solo euro del erario público en la organización del 1-O en Cataluña. El partido de Albert Rivera ha maniobrado en el Congreso de los Diputados para acorralar al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, después de rehuir tres preguntas registradas por la formación naranja sobre su polémica intervención de las cuentas de la Generalitat. Este miércoles el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena pidió a Montoro que le remita la documentación en que se basa para sostener que no hubo malversación en la financiación de la consulta separatista.

En concreto, el Gobierno ha dejado en el cajón durante seis meses esas tres preguntas parlamentarias formuladas por Francisco de la Torre, portavoz de Hacienda de Cs en la Cámara baja. El diputado naranja, ante la opacidad del Ejecutivo del PP y tras pedir amparo a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha reconvertido esas interpelaciones escritas en futuras preguntas orales en la Comisión de Hacienda y Función Pública para poder burlar así el silencio del Gobierno y obligar a Montoro a dar detalladas explicaciones en sede parlamentaria.

Ciudadanos, socio de investidura del PP, ha tenido que tomar esta salida al no tener la más mínima certeza de que el Gobierno fuera a contestar estas delicadas preguntas, según informaron a OKDIARIO fuentes de la formación centrista. Ahora, una vez elevadas a la Comisión de Hacienda, Montoro no podrá zafarse de tales cuestiones cuando comparezca ante dicho órgano.

La primera pregunta fue presentada por De la Torre el 6 de septiembre de 2017 y el Ejecutivo debió contestarla como máximo el 11 de octubre. En ella, el parlamentario naranja pidió explicaciones al Gobierno sobre la financiación del primer anuncio oficial del referéndum del 1-O, ofrecido por la televisión pública catalana TV3 el lunes 4 de septiembre.

El anuncio, según apuntó De la Torre, mostró un cruce de vías con la pregunta: «Naciste con la capacidad de decidir, ¿renunciarás a ella?». Tras ello, la imagen se fue aun fundido a blanco con el logotipo de la Generalitat, lo que prueba que se trató de una campaña institucional, subrayó el diputado centrista. En ese momento, las cuentas de la Generalitat estaban ya bajo vigilancia del Gobierno central.

La segunda pregunta fue presentada el 7 de septiembre y se refiere a la «desviación de recursos por parte de la Generalitat» para la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre. De la Torre instó aquí al Ejecutivo a manifestarse sobre el grado de efectividad de las medidas de supervisión financiera adoptadas en la orden ministerial de Hacienda PRA/686/2017 de 21 de julio. «¿Sigue considerando el ministro Montoro que está garantizado que ni un solo euro de presupuestos público va a ir a financiar el ilegal referéndum separatista?», planteó De la Torre.

La carta al Fiscal General

Y la tercera pregunta la registró el 11 de octubre, teniendo el Gobierno para contestarla hasta el 17 de noviembre. Aquí el diputado naranja se centró en el papel jugado por Moncloa para neutralizar el Consejo de la Diplomacia Pública de la Generalitat, el llamado Diplocat. De fondo estaba el hecho de que Hacienda había denunciado a través de una carta al Fiscal General del Estado que este organismo, implicado en recabar apoyos internacionales al referéndum, no había facilitado ningún expediente de gasto correspondiente al ejercicio 2017. «Si el Ministerio de Hacienda no tenía ningún expediente de gasto de Diplocat, ¿cómo pudo comparecer el titular del Ministerio en el Congreso y afirmar que ni un solo euro se había desviado al referéndum?», formuló De la Torre.

Según el último informe de la Guardia Civil que obra en poder del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, la Generalitat malversó 1,9 millones de euros procedentes de fondos públicos en la organización y celebración del referéndum separatista. Montoro ha contestado que enviará al magistrado la documentación requerida.