La nueva ley de Sánchez de integridad pública amenaza la eficacia de la UCO contra tramas corruptas

El Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, aprobado inicialmente el pasado 17 de febrero por el Consejo de Ministros, ha generado un rechazo prácticamente unánime entre juristas, notarios y catedráticos de Derecho Mercantil, que alertan de una paradoja mayúscula: la norma diseñada para combatir la corrupción podría desactivar el sistema antiblanqueo más avanzado con el que cuenta España, debilitar la seguridad jurídica en el tráfico mercantil y abrir la puerta a prácticas opacas que el texto dice querer erradicar.

La norma está impulsada por una alto cargo del Ministerio de Justicia dentro del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción anunciado por el presidente del Gobierno en las Cortes Generales el 9 de julio de 2025 como respuesta al escándalo de Santos Cerdán.

La autora del legislativo del, en palabras literales de expertos, «bodrio legislativo» es Ester Pérez Jerez. Es la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Nacida en Valladolid en 1964 y licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid, Pérez Jerez ingresó en la carrera fiscal en 1991 y ejerció como fiscal jefa en las provincias de Palencia y Valladolid antes de convertirse en inspectora de la Fiscalía General del Estado.

Su trayectoria, sin embargo, no está exenta de sombras en lo que a la lucha anticorrupción se refiere: fue la fiscal que llevó el denominado caso Perla Negra, considerado por el PSOE como «el mayor caso de corrupción de Castilla y León», una causa en la que los acusados se enfrentaban a peticiones de hasta 221 años de cárcel y que la Audiencia Provincial de Valladolid resolvió en enero de 2025 con condenas mínimas que apenas superaron los dos años y medio de prisión.

El resultado de ese caso generó malestar en sectores del propio cuerpo fiscal, que interpretaron el desenlace como un fracaso acusatorio en el caso más ambicioso de su carrera. Que sea ahora ella quien rediseña el sistema de control de las transmisiones societarias no ha pasado desapercibido entre los críticos del anteproyecto.

También la Comisión General de Codificación —el órgano independiente de asesoramiento jurídico adscrito al propio Ministerio de Justicia— aprobó por unanimidad en marzo un informe devastador contra el anteproyecto, advirtiendo de que sus «graves errores de concepciones básicas y de técnica legislativa» impedirían que las reformas pudieran ser incluidas en la ley proyectada. El organismo señaló además que la norma generará «un previsible, y siempre indeseable, aumento de la litigiosidad ante los Tribunales de Justicia».

Los datos del Órgano Centralizado de Prevención (OCP) revelan la magnitud de lo que está en juego. Solo en 2025, las autoridades solicitaron 6.036 copias de escrituras de transmisiones de participaciones: la Agencia Estatal de Administración Tributaria encabezó la lista con 5.313 solicitudes, seguida de la Guardia Civil con 192 y la Policía Nacional con 161. Ese mismo año, el OCP comunicó al Sepblac 776 reportes de operación sospechosa, incorporando 1.589 copias de escrituras. Todo ese flujo de información desaparecería el día siguiente a la entrada en vigor de la norma.

Cambios

La ley pretende sustituir la escritura pública notarial por un documento privado con firma electrónica para la transmisión de participaciones sociales en las sociedades de responsabilidad limitada (SRL).

Además, exige la inscripción constitutiva de dichas transmisiones directamente en el Registro Mercantil, de modo que quien no figure inscrito no tenga la condición de socio a ningún efecto jurídico. Expertos consultados por OKDIARIO coinciden en la «debilidad técnico-jurídica» del texto.

Sistema antiblanqueo debilitado

El núcleo del conflicto reside en el papel que juega actualmente el Notariado en la detección del blanqueo de capitales. Cada transmisión de participaciones otorgada ante notario genera información verificada que se incorpora al Índice Único Informatizado, una macrobase de datos –la segunda más grande de España después de Hacienda– que permite cruzar millones de registros y detectar patrones sospechosos.

Esa infraestructura alimenta el Órgano Centralizado de Prevención (OCP), creado en 2005 por una orden del Ministerio de Economía dirigido por Pedro Solbes, tras el estallido de la operación Ballena Blanca, una de las mayores tramas de blanqueo de capitales en la Costa del Sol.

Desde entonces, jueces, fiscales y unidades especializadas como la UDEF de la Policía Nacional, la UCO de la Guardia Civil y el Sepblac recurren a diario al OCP para reconstruir la «vida notarial» de personas físicas y jurídicas sospechosas.

Si la transmisión de participaciones deja de pasar por notaría, ese rastro documental desaparecería. «Con el nuevo sistema establecido en el anteproyecto de ley, se tiene que declarar quién es el titular real de una sociedad, pero ¿quién lo verifica? Nadie», advierten las mismas fuentes, que recuerdan el caso del registro mercantil británico (Companies House), que admitió el registro de nombres ficticios como «Darth Vader» o «Santa Claus» hasta verse obligado a reforzar sus controles.

El ‘caso Servinabar’, ejemplo clave

El caso de la empresa Servinabar 2000 S.L. ilustra con nitidez los riesgos que entraña prescindir del control notarial. El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y el empresario Antxon Alonso habrían suscrito un contrato privado por el que 1.350 participaciones de la compañía pasarían a manos del primero por 6.000 euros, lo que le otorgaría el 45% del capital. Ese documento no habría salido a la luz de no ser por el hallazgo durante el registro del domicilio de Alonso por parte de la UCO.

La reforma planteada habría dificultado enormemente esa detección: al no existir un fedatario público que constate el movimiento societario, la trazabilidad posterior –o la ausencia de la misma– resulta casi imposible.

Catedráticos lamentan la intención de sustituir un sistema de control directo por «uno de control en remoto». El nuevo modelo podría propiciar un «mercado B» de participaciones al margen del sistema oficial.

En la actual aritmética parlamentaria, el anteproyecto parece inviable pero todas las alarmas se han encendido. Pero que una ley concebida para combatir la corrupción pueda convertirse, según sus críticos, en su mejor aliada supuestamente involuntaria es, quizás, la más inquietante de sus contradicciones. «Si algo funciona es mejor no tocarlo», es la conclusión generalizada en el sector.