Navarra Suma obligará a la socialista Chivite a retratarse sobre el veto de sus socios a los Reyes

La Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra abordará este lunes una iniciativa de ‘Navarra Suma’ —la coalición integrada por UPN, PP y Ciudadanos— que insta al Gobierno foral de la socialista María Chivite a invitar a los Reyes a los actos protocolarios que organice y, en especial, a la entrega de los Premios Príncipe de Viana.

Chivite, presidenta de Navarra gracias al respaldo explícito e implícito de los nacionalistas de Geroa Bai, los batasunos de Bildu y la ultraizquierda de Podemos e Ezkerra, tendrá difícil levantar el veto que el Gobierno de la Comunidad Foral impuso al Rey y a la Familia Real en 2015 para evitar su presencia en actos oficiales.

El Gobierno que lideró Uxue Barkos, ahora líder de Geroa Bai, junto a Bildu la pasada legislatura decidió poner fin a la tradicional presencia de la Casa Real en la entrega de los premios Príncipe de Viana, los galardones más importantes que cada año otorga la Comunidad Foral a destacados navarros del ámbito social y cultural desde 1990, cuando un socialista presidía Navarra. El veto al Rey y su familia no estaba en el programa electoral de Geroa Bai, pero fue incluido tras el pacto de gobierno alcanzado con los proetarras.

El aviso de Barkos

Barkos recordó esta semana a su socia Chivite que «existe una mayoría republicana en el Parlamento» regional, después de que la presidenta Navarra, tras ser recibida en audiencia por Felipe VI el martes, anunciara que había invitado al monarca a presidir una reunión preparatoria del Xacobeo 2021, así como que su Gobierno estudiaría si recupera la presencia de la Casa Real en la entrega de los premios Princesa de Viana.

Así mismo, la Mesa y Junta de Portavoces de la Cámara autonómica también se analizarán una moción de Geroa Bai que insta al Gobierno de Navarra a recabar los datos del número de afectados por las hipotecas referenciadas al IRPH; y n informe de los servicios jurídicos respecto al escrito de petición de las asociaciones Amona, Pentsionistak Martxan y Sasoia que solicita una partida presupuestaria que garantice el derecho a una pensión mínima de 1.080 euros, informó Ep.