Nacho Cano interpone una querella contra la juez que le investigó por ‘Malinche’

El productor musical Nacho Cano ha decidido pasar al ataque. Después de que la Audiencia Provincial de Madrid archivara provisionalmente el caso que se seguía contra él por presuntas irregularidades en su espectáculo ‘Malinche’, el exintegrante de Mecano ha presentado una querella por un presunto delito de prevaricación contra la juez Inmaculada Iglesias que dirigió la investigación.

Si la querella prospera, la juez se enfrentaría a una pena de multa de entre doce y veinticuatro meses, además de la inhabilitación especial para empleo o cargo público durante un período de diez a veinte años.

La estrategia legal de Cano es clara: demostrar que todo el procedimiento estuvo viciado desde el primer momento. Según el escrito la defensa del productor sostiene que el atestado policial que originó la causa se basó en «premisas erróneas», concretamente en «la indebida aplicación de la legislación vigente y la consideración de los estudiantes como trabajadores ilegales».

Esta argumentación cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que la propia Audiencia Provincial acabó dando la razón a Cano al determinar que no existían indicios suficientes para dictaminar que hubiera intentado introducir de forma clandestina a los ciudadanos mexicanos que participaron en el musical.

Uno de los elementos más llamativos de la querella es que aporta como prueba documental la grabación de la declaración de la subinspectora de trabajo que elaboró el informe de la inspección del 27 de junio de 2024. Esta declaración fue, precisamente, una de las claves que llevaron al archivo del caso.

La defensa de Cano no escatima en críticas hacia la actuación de la magistrada. Según el escrito, el productor se encontró con «serias dificultades para ejercer el derecho de defensa», no solo por la «denegación constante» a acceder a las pruebas que consideraba necesarias, sino por «la parcialidad de la juez».

Además, los letrados de Cano detallan que existen nada menos que diecisiete denuncias relacionadas con el procedimiento por delitos de coacciones, amenazas y falsificación de documento público. Todas ellas vinculadas al atestado que, según la defensa, estaba «plagado de irregularidades».

Pese a la gravedad de estas acusaciones, la juez Iglesias rechazó las inhibiciones que formularon otros juzgados sobre los que recayeron estas denuncias, una decisión que ahora forma parte del núcleo de la querella por prevaricación.

El archivo provisional del caso supuso una victoria para Nacho Cano, pero llegó después de meses de investigación que, según su versión, fueron un calvario judicial. La Audiencia Provincial fue tajante al señalar que no existían indicios de delito contra los derechos de los trabajadores ni de los extranjeros, independientemente de que se cumplieran o no los requisitos administrativos.

La Sala llegó incluso a advertir que continuar con la investigación habría supuesto adentrarse en «una investigación prospectiva que no corresponde al Juzgado», una crítica velada a la forma en que se había dirigido la instrucción.